Los terrenos de Xmatkuil en litigio entre Dzununcán y el gobierno del Estado ya se pagaron dos veces con un total de nueve millones de pesos, pero hasta hoy los ejidatarios no reciben un solo peso, afirmó David Rolando López Ambrosio, abogado defensor del ejido.
Según refirió, primero el Ejecutivo estatal pagó tres millones de pesos para indemnizar a los ejidatarios. Después el particular Miguel Oy López entregó otros seis millones.
“Los dos cheques con los que se pagaron se entregaron a los comisarios de ese entonces, pero todo fue ilegal, no se depositaron al Fifonafe (Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal) como marca la ley; la asamblea no autorizó su venta, ni enterada estaba”, agregó.
Entrevistado frente a las oficinas del Tribunal Agrario en Mérida, donde ayer a las 10 horas se convocó a una audiencia para atender este conflicto de tierras.
Al final no se realizó porque, según informaron al abogado, no llegó Luis Alberto Coria Soto, subdirector legal A de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, quien traía la representación del gobierno federal en este caso.
El pasado martes el Diario publicó declaraciones de Wilberth Cocom Celis, comisario ejidal de Dzununcán, sobre que las 82 hectáreas del recinto ferial de Xmatkuil que reclaman los ejidatarios al gobierno del Estado son apenas una parte de alrededor de 338 hectáreas que fueron vendidas o “asignadas” ilegalmente por ex comisarios ejidales.
Como parte de este litigio se había previsto una audiencia ayer aunque, a decir de López Ambrosio, “ni siquiera se abrió”.
No se realizó porque, mediante un mensaje electrónico, se informó al Tribunal que no llegaba el representante del Ejecutivo federal: su vuelo 1100 procedente de Ciudad de México se retrasó y llegaría a las 10:44, cuando la reunión estaba prevista a las 10, por lo cual se pospuso para el próximo viernes 12 de junio a las 11 horas.
El abogado añadió que aprovecharon para ampliar, hacer precisiones y presentar más pruebas a su demanda en el Tribunal respecto a la parcela de 82 hectáreas que reclaman.
Según dicen, esa parcela fue expropiada por “la simulación de actos jurídicos”, luego que siempre no y por eso las asignaron y vendieron, sin que nada de esto se enterara la asamblea, órgano máximo del ejido y, por tanto, el único que puede autorizar su venta y nunca lo hizo.
Audiencia fallida
Ante el comisario Cocom Celis y otros ejidatarios que acudieron a la audiencia fallida, el abogado explicó que por documentos presentados en este proceso resulta que en 2005 el gobierno del Estado pagó tres millones de pesos para indemnizar a los ejidatarios.
También señaló que incluso la autoridad presenta documentos —que exhibió en la entrevista—, en los que hacen constar que el 20 de septiembre de 2005 lo inscribieron en el Registro Público de la Propiedad, según el folio electrónico del predio 637037, al ser expropiado al ejido de Dzununcán.
López Ambrosio añadió que, como se expone en el expediente, por esta expropiación para entregar las tierras a la feria de Xmatkuil, y para indemnizar a los ejidatarios, el gobierno estatal entregó un cheque por tres millones de pesos a Esteban Abán, quien era el comisario en 2005.
“Pero todo fue ilegal. Primero, nunca lo autorizó la asamblea ni se le informó; segundo, el cheque se entregó al comisario de ese entonces, no a la asamblea y en forma ilegal”, precisó.
“El procedimiento para estos casos establece que si de verdad se expropió, se debió entregar el cheque al Fifonafe, para que esta institución lo distribuya a los ejidatarios, y eso nunca pasó”.
En cuanto a qué pasó con esos tres millones, el abogado manifestó que nadie sabe, y ni cómo preguntar al entonces comisario porque ya murió.
Sin embargo, reveló que, tan no se cumplió la expropiación, que años después el RAM reconoció que es del ejido, al grado que en 2015 Eleazar Bacab Fuentes, como comisario ejidal en ese entonces, “asigna esa superficie de 82 hectáreas a su hermanito José Benito, a quien el RAM le entregó su certificado protocolario por esa parcela”.
Con este certificado que entrega el RAM, continuó el abogado, José Benito vendió esa parcela a Miguel Oy López en 2017, según dicen que por seis millones de pesos, pero de nuevo esta venta no fue aprobada por la asamblea, fue más un trato entre particulares que tampoco se inscribió.
“Lo preocupante es que las autoridades se niegan a dar una solución a este conflicto, nos dieron cita para la audiencia prevista para hoy (por ayer miércoles); ahora que para dentro de dos meses, el 12 de junio a las 11 a.m., solo están pateando la lata a ver si se lo dejan a las próximas autoridades”.