(Primera Columna publicada el 12 de marzo de 2009)
Son ejemplos dignos de seguimiento la prontitud del Ejecutivo del Estado, por conducto de su Procuraduría, y el Congreso local en su investigación de las conocidas denuncias judiciales interpuestas con motivo de los negocios que ocasionaron la renuncia de Cecilia Flores Argáez, directora de comunicación social del Ayuntamiento de Mérida, gobernado por autoridades emanadas del Partido Acción Nacional.
Con el voto unánime de los diputados panistas y del PRI, la Legislatura aprobó el martes 3 de marzo que su Contaduría Mayor de Hacienda realice auditorías extraordinarias al Ayuntamiento, a fin de esclarecer si ha existido una inversión de fondos públicos en las actividades particulares de su funcionaria renunciante.
En reacción inmediata, al día siguiente, miércoles 4, la Contaduría duplicó a cuatro los auditores que —dos en forma permanente— examinaban las finanzas de la Comuna.
El lunes 9, la misma Contaduría del Congreso, con rapidez inusitada, ya había elevado a 20, por lo menos, el número de auditores que están revisando las cuentas municipales meridanas en busca de algún gasto ilícito relacionado con las actividades de la ex directora.
Hasta donde se sabe, el Ayuntamiento ha proporcionado toda clase de facilidades a los auditores enviados por la Legislatura.
Simultáneamente, la Procuraduría está efectuando una averiguación que ha alcanzado niveles de oportunidad nunca vistos en nuestro medio: agentes judiciales, equipados con pasamontañas y armas largas, convenientemente apostados en las cercanías, impidieron anteayer que de una casa de la colonia México Norte, donde estaban familiares de la ex directora, se sacaran muebles que podrían contener documentos relacionados con las denuncias.
Las pesquisas de la Procuraduría no se han limitado a los delitos que denuncian los querellantes: están dirigidas también a esclarecer si algún funcionario de la Comuna, mediante tráfico de influencias y abusos de poder, ha favorecido los negocios de la señorita Flores o si ésta o sus cómplices, si los tiene, son culpables de maquinaciones que configuren el delito de fraude o actividades como evasión fiscal y lavado de dinero que serían de jurisdicción federal.
Por tres razones que indicará enseguida, la Columna no recuerda que alguna otra vez se haya practicado en tan poco tiempo una investigación oficial de tal magnitud y semejante naturaleza:
1. La celeridad y comprobable esfuerzo con los que proceden las autoridades investigadoras.
2. La buena voluntad con la que, hasta donde se sabe, cooperan las autoridades investigadas.
3. A pesar de que se trata de adversarios, el expresado deseo de los dos partidos políticos involucrados y sus respectivos legisladores de que las averiguaciones fiscales y judiciales toquen a fondo la verdad.
Tres razones que tienden a poner de relieve un celo y una vigilancia dignos de estímulo en la defensa de la recta administración de los fondos públicos, sin desvíos que los aparten del destino legítimo. En la defensa también del uso correcto de las facultades de que están investidas las autoridades, sin excesos que vulneren las leyes que norman su ejercicio.
Si el propósito que la anima es la búsqueda del bien común, al margen de sectarismos que le desvíen a un lucro político inconfesable, la investigación del caso de Cecilia Flores marcará un precedente de civilidad modélica y entendimiento claro del oficio de gobernar.
Precedente que debe promover y guiar la atención imparcial de las autoridades de los tres poderes a cualquier asunto que ponga en tela de juicio la vigencia de los derechos del pueblo en los actos de sus gobernantes.
Atención que, en cada caso que la demande, debe orientar el voto de los ciudadanos en las próximas elecciones hacia los partidos y candidatos que de palabra y de hecho, con su trayectoria pasada y la actual, inspiren mayor confianza en su adhesión a las tres razones aplaudidas hoy por la columna.