(Artículo publicado el 21 de enero de 2010)
No está a la altura de las circunstancias ni de las expectativas la información que el gobierno del estado está proporcionando sobre el ejercicio del préstamo de 1,870 millones de pesos que obtuvo en 2009 debido a uno de esos espectáculos de irresponsabilidad y sumisión que distinguen a los diputados del PRI al Congreso del estado. Un espectáculo que se debe tener bien a la vista en la campaña electoral.
Sin pedir las explicaciones del caso ni fijar las condiciones de estilo, la mayoría priista en la Legislatura le aprobó a un Ejecutivo sobrecargado de deudas un crédito de 20 años que es indispensable, según los optimistas, para tratar de salir de una bancarrota ocasionada por deudas sospechosas, compromisos económicos incumplidos y gastos fuera del presupuesto oficial, distraídos de su destino legítimo en el clima de indisciplina y despilfarro en que suelen caer las administraciones desordenadas que manejan los dineros del pueblo sin escrúpulos ni vigilancia.
Según los pesimistas, la falta de arrepentimiento y de propósito de enmienda de que los administradores hacen gala obliga a temer que los 1,870 millones de pesos le sirvan al gobierno de Ivonne Ortega Pacheco y su partido de una tregua para poner parches, cataplasmas y remedios transitorios que les faciliten reanudar a paso redoblado la ruta hacia una bancarrota tras otra. Ya está marcado el camino blanco y se puede pavimentar con una victoria en las elecciones.
Quienes prefieran a los optimistas esperan que la información sobre las aplicaciones del préstamo tengan la transparencia, la oportunidad, la exactitud y la suficiencia que desvanezcan la desconfianza en los administradores y garanticen con pruebas indudables el saneamiento de las finanzas públicas.
La información que hemos recibido hasta hoy no está a la altura de las circunstancias que alimentan las esperanzas de los optimistas porque:
1) El gobierno informó el 3 de diciembre que había suscrito con dos bancos sendos contratos para ejercer más de la mitad de los 1,870 millones.
2) No mencionó los nombres de los dos bancos.
3) No precisó las condiciones crediticias —plazos, intereses— en que se le otorgaron las cantidades recibidas.
4) No dijo en qué invertirá el dinero.
5) El 14 de enero el gobierno declaró que no había realizado ningún contrato ni movimiento con ningún banco, pero que las consultoras Fitch Rating y HRN han dado su aval de factibilidad como calificadores de la capacidad crediticia del gobierno.
6) Tampoco anticipó el destino de las inversiones del crédito, pero advirtió que no servirán para pagar las deudas más antiguas. Palo a los más majados.
7) Al día siguiente, 15 de enero, el Diario Oficial del Gobierno del Estado informó que al 31 de diciembre de 2009 el Ejecutivo había contratado con Banorte, Bancomer y Banco del Bajío sendos préstamos con un monto total de 1,845 millones 174,000 pesos, de los cuales 1,370 millones correspondían al crédito autorizado por el Congreso.
8) El 16 de enero “Diario de Yucatán” señaló que las cifras del Diario Oficial eran inexactas, porque la suma de los tres (454,174 en Banorte, 700,000 en Bancomer y 670,000 en Banco del Bajío) arrojaba sólo $1,824 millones 174 mil pesos. ¿Dónde fueron a parar los 21 millones restantes?
9) El 18 de enero, en una “fe de erratas”, el Diario Oficial se corrigió y dijo que los tres préstamos sumaban 1,824 millones no 1,845. ¿Un error en la suma? ¿Un ajuste a la baja en algunos de los tres préstamos para poder cuadrar las cifras? ¿Siguen 21 millones al aire?
10) En realidad todo está el aire porque no se informa aún para qué servirán, en estos tiempos electorales, esos millares de millones que ya danzan en las cajas del Ejecutivo.
Tal vez les quite a los optimistas algo del susto ciertas declaraciones atribuidas el 15 de enero por este periódico al secretario de Planeación y Presupuesto, Armando Baqueiro Cárdenas: “A final de mes se tendrá todo claro y se dará a conocer”.
También contribuirá a tranquilizar a los optimistas que las consultoras Fitch y HRN informen con la debida amplitud, puesto que se trata de fondos públicos, en qué se basan para avalar la factibilidad del crédito y la capacidad de pago de un gobierno que hasta ahora no la ha tenido y por eso está pidiendo prestado.
Los pesimistas se preguntarán qué es lo que don Armando entiende por claridad y cuánta influencia tiene para persuadir a Ivonne Ortega para que dé todo a conocer.
Todos juntos, pesimistas y optimistas, quedarán convencidos de las rectas intenciones del gobierno si, rectificando el curso errático y contradictorio que ha seguido hasta hoy, se comporta de ahora en adelante a la altura de las circunstancias y las expectativas, esto es: si rinde informes oportunos, claros, exactos y suficientes sobre cómo, para qué y cuándo invierte los 1,870 millones, con nombres, apellidos y monto de cada operación.
Los ciudadanos que vayan a votar en las elecciones de mayo harán bien en estar pendientes de este informe, para averiguar a tiempo en manos de qué administradores van a poner su dinero.— Mérida, Yucatán