(Primera Columna publicada el 22 de julio de 2011)
Hay bases firmes para presumir que el Ejecutivo del estado ha caído en un delito que puede ameritar la destitución de Ivonne Ortega Pacheco como gobernadora.
El delito es una violación flagrante y repetida de la Constitución política de Yucatán y la Ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado.
Como está publicado, el ilícito consiste en la concesión de contratos de transporte de personas a “Urbanos de Mérida”, propiedad de un servidor público: Marco Antonio González Canto, subsecretario de gobierno.
72 millones de pesos importan esos contratos para el acarreo de gente a las actividades de la señora Ortega Pacheco, otros actos de su administración, excursiones y traslados a distintos puntos del país.
Según información oficial, de aquella cantidad se han pagado ya a “Urbanos de Mérida” 52 millones de pesos en negociaciones expresamente prohibidas por nuestra “Ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de Yucatán” en su título tercero, capítulo primero, cláusula XIII, que impone a los empleados del gobierno una obligación muy clara que a la letra dice:
“Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que puede resultar algún beneficio para el servidor, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros que tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios o para socios o sociedades de las que un servidor público o las personas antes mencionadas formen o hayan formado parte”.
Esta cláusula impide a Ivonne Ortega, en su calidad de servidora pública, entablar y concluir negociaciones que redunden en beneficio de una sociedad de la que forma parte un tercero que es también servidor público.
El delito está bien configurado e involucra tanto a la señora Ortega como al señor González Canto, pues ambos son, como se ha dicho, servidores públicos.
Las penas para quienes infrinjan las mencionadas disposiciones de la Ley de responsabilidades están visibles en el título noveno, “De las responsabilidades de los servidores públicos”, artículo 100, párrafo noveno, que a la letra establece:
“La Ley de responsabilidades determinará las obligaciones, procedimientos, autoridades competentes y las sanciones que se aplicarán a los servidores públicos, consistentes en suspensión, destitución o inhabilitación, que encierran en actos u omisiones contrarias a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben caracterizarse en el desempeño de sus funciones, cargos o comisiones”.
De acuerdo con ambas leyes desobedecidas, todo parece indicar que Ivonne Ortega y su empleado Marco Antonio González son reos de cualquiera de las tres siguientes penas: suspensión inmediata en sus funciones o destitución definitiva de sus respectivos cargos e inhabilitación para ocupar puestos públicos.
Dos regidores meridanos de la oposición han interpuesto ante la contraloría general del estado y el ministerio público sendas demandas relacionadas con el ilegal contrato de transporte, acusando, “a quienes resulten responsables”, de “peculado, desvío de recursos y probable enriquecimiento ilícito”.
La lógica y la costumbre, llamada también experiencia, nos llevan a suponer que la señora Ortega o un representante suyo recibieron una tajada importante de los 52 millones pagados ilegalmente a González Canto en un atentado contra la honradez que incluye faltas evidentes a la imparcialidad, la lealtad y la eficiencia.
Falta a la imparcialidad, porque se ha privado a otras empresas de transporte de competir por un contrato público para otorgárselo, además, a una persona incapacitada por la ley para recibirlo.
Falta a la lealtad, en perjuicio de los habitantes de Yucatán, en especial los contribuyentes, porque se está pagando con fondos públicos un servicio que, por la parcialidad aludida, puede ser menos eficiente y más costoso que si se hubiera contratado en la forma que prescriben la ley y la rectitud.
Se podría alegar que una dependencia tristemente célebre como la coordinación de comunicación social, que dirige Jesús Rivero Covarrubias, u otro nido de fraudes denunciados y no desmentidos son los protagonistas del chanchullo, pero es éste tan cuantioso que es punto menos que imposible que se registrara sin el conocimiento y consentimiento de Ivonne Ortega, a menos que esta funcionaria, por estar muy mal enterada de lo que sucede a su alrededor, ejerza la gubernatura con una irresponsabilidad que, como decimos al principio, amerita también su destitución.— Mérida, 22 de julio de 2011.