Cáncer generalizado
Othón Baños Ramírez (*)
Son múltiples las formas que hoy reviste el fenómeno de la corrupción de Estado en la República mexicana. Cuando digo de Estado, me refiero a la corrupción en todos los órdenes del gobierno, en los partidos políticos, en los aparatos de impartir justicia, en los aparatos policiacos, en las instituciones públicas.
La corrupción de Estado y la impunidad son hechos muy graves, desafortunadamente observables todos los días y en todos los órganos del poder público. Incluso la división en tres ramas del poder, concebida como mecanismo de mutuos controles de entidad pública, no funciona satisfactoriamente a causa de lo mismo.
Por tanto, los malos de la película no son sólo los gobernadores y sus cercanos colaboradores. Es un cáncer ramificado —desde luego hay excepciones— a lo ancho y alto de la clase política.
Por consecuencia, la sociedad mexicana está indefensa. El patrimonio público cada vez se hace más raquítico y no hay dinero para la educación, para la salud o para otros servicios públicos a causa del saqueo incesante que se hace del erario para beneficio personal de los altos funcionarios y/o de los partidos políticos en su afán de retener el poder gubernamental.
El gobierno federal, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, tiene todos los recursos del poder en sus manos para combatir la corrupción de Estado, pero cuando no hace lo contrario, más bien actúa de manera discrecional.
Los corruptos con facilidad burlan el control fiscal y administrativo, incluso frecuentemente los mismos encargados de la fiscalización se hacen de la vista gorda y hasta protegen a los infractores. Ahora sabemos que el dinero que usa el PRI para comprar votos y exceder los gastos de campaña, proviene del propio gobierno federal. A las trampas electorales ya conocidas se suman ahora las del desvío del dinero público para fines del partido político en el poder. Por todo ello, los ciudadanos y la sociedad civil organizada tienen la obligación de apoyar a quienes de manera puntual y concreta se enfrentan detractores del patrimonio público desde los aparatos del poder político de Estado.
La del gobernador Javier Corral es una lucha dentro del Estado contra el Estado que tiene sus pros y contras. Da la impresión de que es un pleito de elites gubernamentales, pero ¿quién más lo haría?, si son ellos los que cuentan con las evidencias documentales.
Más allá de los alcances jurídicos, el convenio firmado entre las autoridades es un logro de la lucha y tiene un gran significado político. Me atrevo a decir que histórico. El fiel de la balanza fue el gran apoyo que recibió el gobernador de los ciudadanos chihuahuenses y de otras partes del país. El poder ciudadano dejó de ser un poder retórico para convertirse en un ejemplo del poder real que puede, de manera efectiva, cambiar el rumbo del país.
Ante la corrupción de Estado, la sociedad mexicana está indefensa porque hay un poder que no ha sabido utilizar.
Estoy convencido de que no necesitamos más leyes o de que debamos esperar que apliquen correctamente las que ya existen. No tiene caso cifrar nuestra esperanza en las leyes que los mismos corruptos se encargan de hacer y deshacer todos los días.
Como ya se ha empezado a hacer, el combate a la corrupción de Estado sólo será posible con el perfeccionamiento e implementación del Sistema Anticorrupción, que la clase política no ve con buenos ojos.
Creo que la ciudadanía poco a poco está tomando conciencia del terrible daño que causa al país la corrupción de Estado y ha comenzado a castigar en las urnas a los agentes endémicos de la corrupción y la impunidad.
La corrupción y su hermana gemela, la impunidad, dañan profundamente la democracia y sangran el patrimonio público en favor de intereses privados. Es la hora de que el poder ciudadano funcione como verdadero contrapeso del poder del Estado.— Mérida, Yucatán.
othonbanos@hotmail.com
Doctor en Sociología, investigador de la Uady