Salario mínimo inhumano

Othón Baños Ramírez (*)

Casi 70 organizaciones civiles elevaron una queja a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CDHI) contra el bajo e inhumano salario imperante en el país, que es de 88.36 pesos, alrededor de 4.5 dólares, diarios (“El País”, 8 de febrero, 2018).

Por fin, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, entre otras, ha decidido iniciar una nueva lucha contra la pobreza en las instancias judiciales (Suprema Corte de Justicia de la Nación) y de derechos humanos (CNDH). No es la manera más conveniente, pero ayuda y ojalá las organizaciones laborales —sindicatos, uniones, cooperativas, etcétera— empiecen a hacer algo al respecto.

Y es que la desigualdad social en nuestro país es enorme: 1% de los mexicanos acapara más de la tercera parte de la riqueza nacional, sin exagerar pone en peligro la estabilidad nacional.

El rezago del salario mínimo viene de varias décadas atrás. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en las marchas obreras coreaban la consiga de “salario mínimo al presidente, para que vea lo que se siente”. El poderoso Fidel Velázquez Sánchez, al frente de la CTM, convenía con los empresarios y el gobierno raquíticos aumentos en las percepciones salariales.

Desaparecido el viejo líder, la Comisión de los Salarios Mínimos creada en 1962 tomó un lugar preponderante, pero sin ningún cambio en cuanto a su subordinación al poder del Estado. Señal de ello es que Basilio González Núñez es presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos desde 1991. Es decir, que ese señor lleva ahí 26 años con un salario similar al de los secretarios de Estado, mientras el salario mínimo se aleja cada vez más del mandato constitucional.

La brecha salarial de México se ve reflejada en dos ámbitos.

Hacia dentro del país, según el Inegi, por lo menos siete millones de trabajadores ganan el salario mínimo actual que es en números redondos de 90 pesos al día, equivalentes a 2,700 pesos al mes, mientras este año (“El Economista”, 19 de septiembre 2017), el Presidente de la República ganará 207 mil 591 pesos y los ministros de la Suprema Corte de Justicia 651 mil 741 pesos. Los secretarios de Estado, 199 mil 553 pesos mensuales, equivalente a 74 salarios mínimos.

Hacia afuera del país, en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), la diferencia salarial es gigantesca. Un análisis de María Rodríguez, elaborado en julio de 2017, dice que en Estados Unidos el gobierno federal fijó esa percepción, que no ha cambiado desde julio de 2009, en 7.25 dólares la hora, que es igual a 58 dólares por día y 1,740 dólares al mes, que en moneda mexicana actual equivalen a 34,800 pesos. Téngase en cuenta que la cantidad puede variar según se trate el estado de ese país. Otra fuente, la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha establecido desde hace mucho que los mexicanos tienen el peor salario de los países que integran a esa OCDE.

Es por ello que tanto el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como el primer ministro de Canadá, J. Trudeau, están exigiendo, entre otras cosas, que el gobierno haga algo para cambiar la injusta realidad de tener salarios de hambre, como anzuelo principal para atraer la inversión extranjera, en perjuicio de la mayoría de los mexicanos.

En el marco de las negociaciones para renovar el Tlcan, la clase empresarial ha advertido que sus beneficios pueden desaparecer y es por esa razón que se ha puesto a la cabeza en la demanda de que se dé un “sustancial” incremento salarial, postura que es tímidamente seguida por líderes obreros y funcionarios que han llegado a proponer que el salario mínimo sea mayor a los 100 pesos diarios. El Banco de México se opone rotundamente.

De todas maneras, tal aumento se quedaría cortísimo pues hay investigaciones universitarias que han llegado a la conclusión de que su monto no debe ser inferior a los 550 pesos por jornada de trabajo, si es que en verdad se desea atender los derechos humanos de todos los trabajadores contemplados en la Constitución.

Para darnos idea del tamaño de este rezago salarial, si se siguiera con una política de incrementar los salarios mínimos un poco más arriba de los índices inflacionarios, sería hasta el año 2043 cuando se lograría el máximo del poder adquisitivo que ha tenido el minisalario, que fue en 1972 y que a nivel de valor presente equivaldría a 253 pesos diarios.

La noticia referida al inicio pone de manifiesto una nueva estrategia de lucha de la sociedad civil, que desde luego es bienvenida pero fácilmente uno se da cuenta que no es la más adecuada. Seguramente la CIDH emitirá un dictamen favorable, pero los señores del dinero no le harán caso, y dirá que el tema laboral no le corresponde.

La demanda, más bien la lucha por mejores salarios es urgente, pero debe ser formulada por las organizaciones laborales, llámense sindicatos, cooperativas, uniones, etcétera.

La recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, de igual forma de los salarios profesionales, debe ser producto de una lucha obrera tal como ha sido la experiencia histórica en las naciones hoy desarrolladas. En ningún caso ha sido producto de un dictamen burocrático o una dádiva de la clase empresarial.

La suerte del salario mínimo en manos de las instancias de los derechos humanos ayuda, es un gran apoyo político y simbólico, que debe coadyuvar con la lucha laboral, nunca sustituirla.— Mérida, Yucatán.

othonbanos@hotmail.com

Doctor en Sociología, investigador de la Uady