Los créditos
Los enfrentamientos que estamos viviendo entre el Congreso del Estado y el titular del Poder Ejecutivo llaman mucho la atención, principalmente por la repercusión a la economía local de la pandemia del COVID-19.
En una entrevista en este medio de comunicación, el coordinador de la fracción legislativa mayoritaria, explicaba que su voto en contra del plan para reactivar la economía local del gobernador del estado, estaba fundamentado principalmente en que los recursos solicitados para ese rubro no eran necesarios para apoyar a las empresas, que la reactivación en los términos planteados llevaría varios meses y que la generación de empleos no ascendería a la cifra que estimaba el gobierno del estado.
Son muy interesantes las declaraciones del diputado Felipe Cervera Hernández, porque precisamente son sus propias palabras las que revelan la verdadera intención de su actuar y la de algunos diputados. En síntesis, se puede concluir que él y los diputados que lo secundaron, no aprobaron la deuda porque no era necesaria, no generaría empleos y elevaría el nivel de endeudamiento al grado de afectar la totalidad de la administración de Mauricio Vila Dosal. Por otro lado, dice el diputado Cervera Hernández ser responsable por el hecho que tenía la opción de aprobar la deuda y tener elementos más adelante para recriminarle al gobierno que los empleos no se crearon de forma inmediata como lo demanda la población y que no lo hizo (aprobar el crédito) por responsabilidad.
Creemos entonces que la aprobación de los recursos solicitados para la seguridad en el estado y la reorientación del presupuesto estatal fue en realidad una estrategia para recriminarle a la presente administración estatal que ellos, los diputados, lo apoyaron muchas veces y que como ya lo habían hecho, no lo volverían hacer.
Vamos a observar si los elementos que el presidente de la junta de gobierno y coordinación política sostiene como acto de responsabilidad en el caso del gobierno del estado, soporta la congruencia en el análisis y la discusión de los diferentes créditos que han solicitados los municipios del estado, entre ellos el de Mérida, quien tiene un nivel sobresaliente en el manejo de la deuda pública y ha tenido pocas solicitudes de endeudamiento.
A criterio de algunos expertos, no existe una sola justificación legal para no otorgar los financiamientos a los ayuntamientos que lo solicitaron, ya que se encuentra debidamente acreditado el destino de los recursos para inversión pública productiva, la capacidad de pago, entre otros elementos que se establecen en la Ley de Deuda Publica del Estado de Yucatán y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Si el objetivo de la fracción mayoritaria en el Congreso del Estado es no aprobar el financiamiento de los ayuntamientos, entonces es claro que nos encontramos frente a una estrategia perversa de un grupo de políticos que han preferido castigar a los ciudadanos antes que reconocer la gravedad de la situación económica que vivimos empresarios de todos los sectores productivos.— Mérida. Yucatán
Empresario