Cuando se habla de una reforma al Poder Judicial, uno desearía que la impartición de justicia fuera pronta y expedita. Eso es lo que más nos interesa.
Cuando un supuesto culpable pasa años en prisión sin poder probar su inocencia, por la situación que sea, y es privado de su libertad, de su desarrollo personal, de sus relaciones familiares y tantas cosas que se pierden por el encierro es algo que no se puede compensar. Hay miles de personas en esta situación y uno esperaría que los procedimientos fueran más ágiles y menos onerosos.
Después de 15 años en la cárcel, una mujer recién recobró su libertad al recibir un indulto del Congreso de San Luis Potosí. En 15 años no podían probar su culpabilidad ni ella su inocencia. Es injusto que quienes deben impartir justicia provoquen injusticia.
Sin embargo, la tan mencionada reforma se centra en la necedad de que sea “el pueblo” el que escoja a sus juzgadores. En un principio la candidata electa a la presidencia reconoció que una gran mayoría desconoce las funciones del Poder Judicial. ¿Con base en qué podrían elegir a un juez o magistrado? Así también, desde Palacio Nacional se dijo que al votar por Morena se votaba por las propuestas del partido y eso contemplaba la reforma al Poder Judicial. Gran parte de los votos a Morena se suscitaron por los programas sociales y no por la aceptación tácita del desmantelamiento del INE y de la Suprema Corte. No hay de que se le está cumpliendo al “pueblo” porque así se le prometió. Dice AMLO: ¿Claudia lo dijo, o no lo dijo? Aseverando que claro que lo dijo, que ahí estaba la advertencia, y por tanto, la aprobación basada por esa mayoría de votos que obtuvieron. Hubo una tal encuesta que se realizó a un mínimo de personas que no fue representativa y tampoco transparente. Fue un acto simulado para proseguir con su afán de controlar todo el poder y eliminar a quien estorbe fingiendo que es el “pueblo” quien lo decide.
Se requiere una justicia imparcial. Los jueces no deben ser políticos ni populares. Si el gobierno pone a los jueces a modo ¿Cómo podemos defendernos de los abusos que éste comete? Podrían quitarte el negocio, el trabajo, tus propiedades… y ¿a dónde podríamos recurrir? Quedaríamos expuestos a favoritismos y arbitrariedades.
Los jueces y magistrados deben ser elegidos con base en sus conocimientos, experiencia, especialización, carrera judicial, valoración de sus méritos académicos, exámenes de oposición, y algo muy importante es la honorabilidad, tener valores éticos y un comportamiento moral. No es congruente que un juez o magistrado se comporte inmoralmente y que cometa actos fuera de la ley. Alguien que ejerce violencia familiar en su hogar, que es deshonesto, que se deja sobornar, no debe ejercer un puesto de procuración de justicia. Estas consideraciones dan certeza de idoneidad y no un voto popular. Hay que basarse en la meritocracia.
La independencia, libertad y profesionalismo para impartir justicia deben prevalecer y no estar ligados a partidos políticos ni ideologías, como el caso de Lenia Batres en la SCJN, cuyo papel ha sido pobre en forma notoria por su desconocimiento en la función del Poder Judicial.
Por otro lado, vale la pena tomar en consideración la opinión de la DEA que alerta sobre el riesgo de recurrir al voto popular y dejar que se infiltren jueces y magistrados afines a líderes de los cárteles, o a grupos del crimen organizado, que es a lo que también nos expone esta reforma a capricho.— León, Guanajuato.
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Activista y escritora