Se dicen demócratas, pero rechazan el diálogo. El presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum se niegan a intercambiar opiniones con sus pares del Poder Judicial sobre la reforma que Morena y aliados buscan aprobar a rajatabla antes de octubre. “Para eso está Gobernación”, alegan. La sumisión es requisito para dialogar con el Ejecutivo.
Con manipulador discurso, que polariza, AMLO, “el poder detrás del trono”, según “The Wall Street Journal”, se burla de las instituciones, las demerita. “Un recién titulado tiene ideas frescas, no es necesaria la experiencia. ‘El pueblo’ sabrá elegir correctamente a sus jueces”, argumenta con desparpajo el primer mandatario.
Obsequiosa, la sucesora, discípula aventajada, llama a “guardar el legado” del jefe, asegura que “no pintará su raya” y se suma al ataque: “el Poder Judicial debe refrescarse, con gente nueva, más joven”. Deja pocas dudas sobre sus deseos respecto de las reformas que promueve el padrino.
La ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, responde: se pondría en riesgo la eficiencia del Poder Judicial, pues “no llegarían las personas más capacitadas, sino las más populares”, o las que atraigan más votos de un público que desconoce el tema, relevante para el necesario equilibrio de poderes que caracteriza a un régimen democrático.
Mentir, tergiversar y manipular son propios de liderazgos populistas. Casi todo se justifica “por el bien del pueblo”. En el caso de López Obrador, afirma María Amparo Casar, “la manipulación ideológica se traduce en una prédica eficaz para crecer en popularidad y ganar adeptos, pero muy ineficaz como guía de un gobierno democrático y capaz”.
Se llega al extremo de justificar una “encarnación del pueblo en el líder de Morena”, que acrecienta su poder gracias al apoyo electoral que logra a través de redes clientelares, coercitivas, basadas en programas sociales asistencialistas que se financian con impuestos que pagamos todos los mexicanos, y en algunos casos con otros ingresos, de origen oscuro.
EL ESTADO DE DERECHO ANTE EL CAMBIO DE GOBIERNO
Los regímenes populistas suelen acudir a la “voluntad popular” como fuente de legitimidad y justifican, “por indicaciones del pueblo”, violaciones a normas generales de convivencia en beneficio de propuestas impulsadas por el carisma del líder, lo que erosiona el estado de derecho, marco legal indispensable para el desarrollo social y económico, cuyo fortalecimiento impide al autoritarismo mantener el control e imponer sus intereses vía manipuladora agenda.
Con límites claros al poder político, el estado de derecho previene abusos, frena la corrupción, protege a los ciudadanos de la tiranía y la opresión, y permite a personas y empresas actuar y planear con seguridad, confiados en que las leyes se aplicarán de manera consistente.
En su visita del domingo pasado a Trieste, el papa Francisco advierte de “peligrosas enfermedades” que amenazan a la democracia, se centra en los peligros que implica la “fascinación por el populismo” y alerta sobre ciertas formas de asistencialismo que, como ejemplos de “hipocresía social”, no reconocen la dignidad de las personas.
Ante las complejidades del presente, alerta el Papa, “las democracias parecen ceder al encanto del populismo”. Por tanto, “la participación social, clave en la democracia, debe ser entrenada, con sentido crítico, frente a las tentaciones ideológicas y populistas, muy seductoras”. Si los problemas a los que nos enfrentamos son de todos y afectan a todos, indica Francisco, debemos discutirlos juntos y saber que sólo juntos encontraremos una solución. “La indiferencia y la pasividad no son opciones aceptables”.
En México, al cumplirse un mes de las elecciones del 2 de junio, los obispos católicos nos exhortan a que no prevalezca el sentimiento de vencedores o vencidos, sino el de “ciudadanos de esa misma patria que debemos construir juntos, con el talento de todos, sin exclusión”. Conocedores como pocos de la realidad nacional, hacen un llamado a las nuevas autoridades a que dirijan sus decisiones a la construcción de la unidad nacional, el fortalecimiento de los tres poderes y la vigencia plena del estado de derecho.
LUCES DE ALERTA
En Yucatán, el gobernador electo continúa esta semana sus recorridos de agradecimiento al “pueblo”, se reúne prioritariamente con triunfadores de su movimiento y enciende luces de alerta al iniciar el pago de adeudos políticos nombrando, como responsable de “proyectos estratégicos”, encargado de servicios esenciales como calles, alumbrado público y agua potable, a Dafne López Martínez, polémico “embajador plenipotenciario” del “clan de los moches”, ambiciosa cofradía promotora de obras públicas que aportó buena parte de los oscuros recursos que complementaron la estrategia asistencialista que facilitó a Huacho Díaz el camino a Palacio de Gobierno. La congruencia entre lo ofrecido en campaña y la realidad comienza a debilitarse.
¿Quién tomará a partir de octubre les decisiones más importantes en nuestro país? ¿Con qué criterios? ¿Triunfará al fin el verdadero espíritu democrático, como presume la 4T, o se sucumbirá de nuevo a la tentación del populismo autoritario, para seguir ganando adeptos y fortalecer el control, al margen de la eficiencia administrativa? ¿Prevalecerá el estado de derecho? ¿Qué debemos hacer al respecto?
En la semana que termina, vivimos de nuevo alertas que habría que tomar en cuenta. Preocupantes indicadores señalan que la balanza se estaría inclinando, en México y en Yucatán, por esa “fascinación populista” que tanto inquieta al Vaticano. Por el bien de todos, gobernantes y gobernados haríamos bien en leer y reflexionar profundamente los mensajes del Papa y los obispos mexicanos. Podrían aportar ideas para redefinir esa participación social con sentido crítico, ese análisis en comunidad, sin excluidos, que nos recomiendan.
Consideramos que seguir debilitando el estado de derecho, muy golpeado ya en el gobierno de López Obrador, acarrearía en el próximo sexenio mayores problemas, que pondrían en riesgo seriamente el desarrollo económico, incluida desde luego la generación de impuestos, principal sustento financiero de los planes con los cuales gobierno y defensores dicen buscar un mejor reparto de la riqueza en México. Por lo general, a menores condiciones que favorezcan el desarrollo, menores posibilidades de expandir y compartir los beneficios. No lo perdamos de vista.- Mérida, Yucatán.
*) CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA, director general de Diario de Yucatán y Grupo Megamedia