En el arranque de la nueva administración estatal, el titular del Ejecutivo habrá de atender dos grandes acciones de la agenda estratégica, mismas que marcarán el inicio del sexenio y permitirán concretar el contenido y el rumbo que tendrá la gestión del flamante gobernador de la 4T.
Estas acciones estratégicas son la formulación del llamado Paquete Económico Estatal, el cual comprende la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2025, así como la elaboración, aprobación y publicación del Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030.
En esta colaboración nos referiremos al tema del presupuesto, que reviste singular importancia para la operación general del gobierno entrante.
Constitución
De conformidad con la fracción XIV del artículo 55 de la Constitución Política de Yucatán, el gobernador tiene la responsabilidad de presentar ante el Congreso del Estado las iniciativas correspondientes a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos para el siguiente año, lo cual deberá hacerse a más tardar el próximo 25 de noviembre.
Sin embargo, la propia Constitución establece en dicho artículo que cuando está iniciando una administración, el Ejecutivo estatal —por única ocasión— podrá presentar estas iniciativas hasta el 20 de diciembre próximo. Toda vez que el paquete fiscal 2025 sea aprobado por el Congreso del Estado, se deberá publicar a más tardar el 31 de diciembre del año en curso.
Recursos
Es relevante comentar que en el presupuesto de egresos se incluyen los recursos que habrán de ejercer los tres poderes del estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los que se canalizan a los organismos autónomos —incluida la Uady—, al igual que las considerables transferencias que por mandato de ley se realizan a los municipios del estado.
Hablando del Presupuesto de Egresos, es importante recordar que uno de los signos que han caracterizado al desarrollo de Yucatán es su gran dependencia con respecto a los recursos económicos que la Federación ha canalizado históricamente a nuestra entidad.
Estos apoyos han sido fundamentales tanto para apuntalar la operación misma de la administración estatal como para financiar acciones y servicios de señalada importancia para el desarrollo del estado, como son las obras de infraestructura en general, proyectos para el desarrollo agropecuario, industrial y comercial, servicios de salud, educación, cultura y seguridad, entre otros rubros.
Antecedentes
Para ilustrar lo arriba señalado, podemos referir a vuelo de pájaro que en la integración de los presupuestos estatales correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023, los recursos federales han representado el 84%, el 81.5% y el 86%, respectivamente.
Para 2024 el presupuesto asciende a 60, 815 millones de pesos, de los cuales 41,377 millones de pesos -nada menos que el 68 por ciento- provienen del financiamiento federal (Presupuesto Estatal de Egresos 2024. Decreto 709/2023; Diario Oficial del Estado de Yucatán del 28 de diciembre de 2023, p. 86).
En la distribución actual de este presupuesto, se aprecia que los rubros de educación, salud, seguridad pública, fomento económico y transferencias a los municipios absorben el 63 por ciento de los recursos, lo que muestra que existe muy escaso margen de maniobra para realizar reasignaciones o reorientaciones a los mismos.
Hablando en perspectiva, y de acuerdo con las tendencias de crecimiento en los últimos años, se puede estimar que el presupuesto estatal para 2025 puede rondar entre 66 y 68 mil millones de pesos, ya que no es previsible que el gobierno de la 4T determine contratar más deuda ni mucho menos imponer aumentos a los impuestos, tarifas o aprovechamientos de carácter estatal, que serían las medidas leoninas para aumentar considerablemente los ingresos y, consecuentemente, el monto del presupuesto estatal.
Rediseño
En esta tesitura de análisis, el Ejecutivo seguramente se está enfocando ahora en el rediseño de un presupuesto 2025 que le permita liberar y reorientar importantes recursos a fin de poder cumplir con los compromisos sociales realizados durante la campaña electoral.
Este rediseño presupuestal implica necesariamente dos medidas, que serían una suerte de golpe de timón en esta crucial materia:
a) Realizar una reestructuración de fondo a la administración estatal, lo que significaría la desaparición, fusión o redimensionamiento de diversas secretarías y organismos estatales, con el fin de eliminar duplicidad de funciones y suprimir dependencias que no se justifican socialmente (algunas fueron creadas para satisfacer los intereses de grupo del ex gobernador Mauricio Vila, hoy insanamente protegido por el fuero senatorial). Esta medida permitirá optimizar el uso de los recursos y reorientar su aplicación conforme a las prioridades sociales y económicas del gobierno de la 4T.
b) Implementar la llamada austeridad republicana, que ha sido una bandera emblemática de la 4T, a fin de reducir sueldos de la burocracia dorada, mejorar las percepciones de los trabajadores más desfavorecidos y eliminar gastos dispendiosos, sin que esta medida raye en una absurda “austeridad franciscana” que ponga en riesgo la debida operación administrativa y programática de la estructura institucional.
En las siguientes colaboraciones abordaré el tema del Plan Estatal de Desarrollo y algunos aspectos implicados en la inminente reestructuración que aquí hemos comentado.—Mérida, Yucatán
Correo: canek_1999@yahoo.com.mx
*Doctor en Educación. Ex director de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán