En un régimen democrático que busca reducir las desigualdades en la población mediante el impulso al desarrollo sostenible, es fundamental que el gobierno fomente la productividad. Esta es esencial para lograr un crecimiento económico estable, aumentar los ingresos fiscales y financiar programas sociales de manera eficiente y responsable.
El gobierno debe garantizar que las leyes se apliquen con justicia, fomentar el diálogo político y la participación ciudadana en la toma de decisiones, respetar la división de poderes, desarrollar la infraestructura indispensable para el progreso y promover condiciones de transparencia y rendición de cuentas que combatan la corrupción y estimulen la inversión.
En contraparte, los regímenes populistas, que buscan manipular a importante segmento de la población marginada para mantener el control político, suelen desatender la inversión en infraestructura productiva, menospreciar la auditoría de la función pública y privilegiar el asistencialismo mediante apoyos sociales que, a largo plazo, resultan insostenibles.
Surgido de un proceso democrático, el populismo obradorista concentra esfuerzos desde 2018 en fortalecer el clientelismo, con una visión electorera de corto plazo. Reduce las inversiones productivas y ataca todo lo que se opone a los caprichos del Ejecutivo, en un retroceso autoritario que llega al extremo con la eliminación de siete organismos autónomos.
La inversión en programas asistencialistas, que generan beneficios de muy corto plazo si no se complementan con apoyos productivos a la actividad económica, alcanza en el presupuesto federal de 2025 la cifra récord de $2 billones. En contraste, los recursos asignados a infraestructura no superan los $200 mil millones, una caída del 12.7% respecto de 2024.
También se reducen los gastos en servicios básicos que procuran mayor progreso social, como salud, educación y seguridad pública. Se deja a muchas familias mexicanas una carga económica adicional que en un principio pasa inadvertida por el beneficio temporal que les genera el reparto de efectivo mediante los controladores programas del Bienestar.
Retroceso
En infraestructura, se insiste en invertir en proyectos improductivos como Dos Bocas y los trenes de pasajeros, que reciben $150,000 millones, pero se reduce el gasto destinado a crecer y dar mantenimiento a las carreteras del país, de las cuales casi el 80% se encuentra en malas o regulares condiciones, resultado del abandono durante el sexenio de AMLO.
Se asignan más de $800 mil millones al programa de los adultos mayores, importante instrumento de control político, pero se castiga el combate a la inseguridad, pese al notable incremento de delitos como la extorsión, que aumentan casi 100% durante el obradorato, con un efecto devastador en la economía. Solo en 2024, afectan a más de 60,000 empresas.
El fracaso en la lucha contra la corrupción ya impacta gravemente la economía. Ante el debilitamiento del Estado de Derecho, nuestros socios comerciales nos amenazan, e importantes empresas calificadoras, como Moody’s y HR Ratings, nos penalizan. En inaudita respuesta, el régimen morenista elimina los organismos autónomos que lo auditan.
Justifican su proceder con argumentos de ahorros y la eliminación de prácticas corruptas de los autónomos. Sin embargo, el verdadero objetivo es desmantelar contrapesos y consolidar el monopolio político del Ejecutivo. “El gobierno garantiza la transparencia”, afirman sus voceros. “Sabe muy bien lo que quiere el pueblo, que es el principal contrapeso”.
Con la eliminación de los órganos independientes de auditoría, se asesta nuevo golpe a la productividad económica necesaria. Se afecta una vez más la confianza de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros; se frenan importantes proyectos de inversión y, como consecuencia, se pone en riesgo la sostenibilidad de los programas sociales.
Inconsistencias
En Yucatán, que apenas comienza su experiencia populista bajo el mando morenista, el gobernador anuncia con bombo y platillo el arranque de su plan estatal de desarrollo. Propone como primera directriz un “gobierno honesto, que combata la corrupción”, pero mantiene en su administración la creciente influencia del corrupto “rey de los moches” y su corte.
Con más palabras que cifras, Huacho Díaz ofrece un gobierno humanista, cercano al pueblo, con bienestar social y salud para todos. Se compromete a fomentar una economía de prosperidad compartida, con infraestructura y desarrollo sostenibles, pero minimiza la denuncia que pone de manifiesto la opacidad que prevalecería en su gestión.
Reportajes de “Central 9”, unidad de investigación periodística de Grupo Megamedia, exponen esta semana nuevas evidencias sobre el desvío de $728 millones en programas sociales durante la gestión de Díaz Mena como súper delegado (https://bit.ly/3ZbpIFr), así como la falta de transparencia en obras de remodelación en Xmatkuil y en las de pavimentación en Mérida (https://bit.ly/4igjdd2). La autoridad guarda silencio.
¿Qué motiva a nuestros gobiernos? ¿Se avanzará realmente en la lucha contra la corrupción con la concentración del poder de auditoría en manos del morenismo, ahora juez y parte? ¿Se investigarán a profundidad, como ofrecen, las denuncias pendientes? Los hechos sugieren que el populismo autoritario se impone frente a la transparencia democrática.
El avance populista sobre la productividad, amenaza para un crecimiento sustentable, es una alerta para la sociedad y una oportunidad para que nuestros gobernantes demuestren sus verdaderas intenciones. Los reportajes de “Central 9” son un buen punto de partida para que Huacho Díaz y la alcaldesa Cecilia Patrón se pronuncien al respecto.- Mérida, Yucatán.
direcciongeneral@grupomegamedia.mx / Apartado especial en el sitio web del Diario: yucatan.com.mx (https://bit.ly/4diiiFP)
(*) Director general de Grupo Megamedia