CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA (*)
La economía mexicana va en picada. El Inegi reporta una contracción de 0.2% en el tercer trimestre y el Banco de México lo confirma esta semana: redujo a 0.3% su previsión de crecimiento del PIB para 2025 y mantuvo en 1.1% la de 2026. La actividad industrial —en especial la construcción— cayó 1.5% y la inflación, ya descontrolada, alcanzó un preocupante 3.61% anual (bit.ly/4oARyFW).
Presionadas las finanzas públicas por los elevados subsidios heredados de gobiernos anteriores —en particular a Pemex, la CFE y el Tren Maya— y por el excesivo gasto corriente de los improductivos programas del asistencialismo clientelista, la deuda pública alcanza ya los 18 billones de pesos (bit.ly/3Xtqtt0). El propio presupuesto proyecta que, para finales de 2026, superará los 20 billones.
Profundiza esa debacle económica la creciente inseguridad y la violencia sin freno que agobian a buena parte del país. Lo confirman esta semana las masivas protestas de miles de transportistas que exigen al gobierno mayor seguridad en las carreteras ante la ola de asaltos y extorsiones que los asfixia (bit.ly/3M0QJsp). Se denuncian corrupción, impunidad y complicidades.
El régimen morenista celebra sus cifras de supuesta reducción de la pobreza en los últimos años, pero evita explicar las causas. En efecto, en la estadística disminuye el número de mexicanos pobres, pero no por crecimiento económico ni por mayor productividad, sino por simples transferencias monetarias. Es una reducción frágil, reversible y con claro enfoque electoral.
La estrategia asistencialista ha movido el indicador, pero en la realidad la estructura productiva no mejora, los servicios públicos se deterioran, las carencias se agravan y la informalidad sigue predominando. La disminución de la pobreza no se sostiene sin un gasto creciente en programas sociales, la mayoría con trasfondo político. Este modelo ya demostró que no es sostenible.
¿Y qué tiene de extraordinario? Las cifras no tendrían por qué sorprendernos. Aunque se presenta como democrático, el morenismo ha seguido desde 2018 una ruta claramente populista. Gran proveedor de beneficios directos, el gobierno federal se ha consolidado como fuente de dádivas y subsidios. Su prioridad es concentrar el poder, apuntalado por la propaganda.
Fuimos advertidos oportunamente. La historia lo confirma: en el populismo, el gasto corriente aumenta en detrimento del fomento al desarrollo; se politiza y deja de ser transparente. Se utiliza para construir lealtades, no para mejorar los servicios públicos, y mucho menos para incentivar la productividad. Se busca crear dependencia, no reducir la pobreza estructural.
Nos han vendido la idea de un gobierno “austero”. En realidad, se recortan ciertos gastos superficiales, pero se sigue derrochando en subsidios y programas clientelares para fortalecer el control. La consecuencia es lógica: ante el dispendio, los recursos se agotan y, cuando no alcanzan, se comprometen servicios esenciales o se incrementan la deuda y los impuestos.
EL DERROCHE
¿Por qué habría de sorprendernos entonces lo que sucede en Yucatán? Siguiendo la lógica populista establecida en el altiplano, el gobierno de Joaquín Díaz Mena ha derrochado, en apenas un año, millonarias sumas para apuntalar su estrategia de control político. Ocurre exactamente lo que se nos advirtió que pasaría. La visita presidencial de anteayer viernes lo confirma.
La propuesta de presupuesto para 2026 contempla nuevos y mayores impuestos —en particular el que grava la nómina de las empresas—, así como un incremento de 1,500 millones de pesos en la ya elevada deuda pública. El gobierno necesita recursos para sostener programas clientelares, como los distorsionadores apoyos a jóvenes que subsidian y desmotivan la fuerza laboral.
De un total de 66,370 millones de pesos, se destinan 6,210 millones al asistencialismo y apenas 3,167 millones a infraestructura, en su mayoría para reparaciones y mantenimiento. Se confirma así la tendencia federal: muchos más recursos para subsidiar que para impulsar el desarrollo productivo capaz de combatir realmente la pobreza estructural. Control político ante todo.
Inconformes con la propuesta, la falta de diálogo y molestos porque el gobierno incumplió lo que les habría ofrecido en pláticas previas, los principales generadores de empleo en Yucatán protestan y exigen a la autoridad que, ahora sí, mantenga la disciplina en el gasto corriente y genere “las condiciones que realmente fortalezcan la inversión, el empleo y la formalización” (bit.ly/44G9yHx).
En inusitada manifestación pública, cerca de 200 empresarios demandan una economía más dinámica y sostenible. Con cierta ingenuidad, piden al morenismo que refuerce la transparencia y la eficiencia en la aplicación de los recursos públicos. Exigen mayores apoyos a la competitividad y recuerdan que “la justicia social no se construye encareciendo el empleo formal” (bit.ly/4rtGpJw).
Los capitanes del sector privado advierten que el aumento de impuestos dañaría a 400,000 familias dependientes del empleo formal. Califican la medida de regresiva, sobre todo en estos momentos de “bajo crecimiento, menor inversión productiva —privada y pública— y mayor incertidumbre económica” (bit.ly/4px9cLw). Anticipan, además, el posible despido masivo de trabajadores.
EL LIBRETO
¿Pedirle peras al olmo? ¿Por qué se sorprende el empresariado yucateco? El gobierno estatal sigue al pie de la letra el libreto que le impone el Centro. Lo sabíamos, se nos advirtió. Para que una economía crezca de manera sostenible se requiere certidumbre, inversión productiva, instituciones fuertes y transparencia, precisamente lo que el obradorato ha erosionado.
En una democracia participativa, la función del gobierno es casi la opuesta a la del populismo: no es un proveedor de transferencias ni un administrador de beneficios clientelares, sino un árbitro que garantiza derechos, promueve la corresponsabilidad y facilita la acción ciudadana. Su papel no es controlar los instrumentos del Estado para conservar el poder.
Clave en el desarrollo económico democrático, la función del empresariado comprometido es crear valor, generar empleo, invertir productivamente y actuar con responsabilidad social y legal. En democracias maduras también juega un rol cívico esencial: exigir al gobierno, de manera permanente, las condiciones óptimas para producir. Produce, pero también equilibra.
Para el populismo, los empresarios cumplen el papel de “villanos útiles”, enemigos convenientes para justificar la concentración del poder. Pero también pueden convertirse en “patriotas” cuando respaldan al régimen y reciben contratos y beneficios. De ahí la insistencia en las imágenes frecuentes de Claudia Sheinbaum acompañada por los Carlos Slim y los Franciscos Cervantes.
¿Qué queremos para Yucatán? ¿Desarrollo sostenible o clientelismo? Lo vivido en el obradorato muestra una tendencia inequívoca. Enhorabuena por la inusitada protesta empresarial, pero no seamos ilusos: es difícil que, sólo por una foto, el gobierno modifique el rumbo. La vigilancia debe ser permanente. Alzar la voz es tarea de todos los días.— Mérida, Yucatán
direcciongeneral@grupomegamedia.mx / Apartado especial en el sitio web del Diario: yucatan.com.mx (https://bit.ly/4diiiFP)
(*) Director general de Grupo Megamedia
¿Cuál es el mensaje central del texto?
El mensaje central del escrito es una advertencia crítica sobre los riesgos del populismo para la economía y el desarrollo sostenible, tanto en México como en Yucatán. El texto sostiene que:
- 1) El populismo prioriza el control político sobre el desarrollo productivo: Se concentra en transferencias, subsidios y programas clientelares, en lugar de fomentar inversión, empleo formal e infraestructura. Esto genera dependencia, informalidad y un aumento de la deuda pública.
- 2) Los empresarios y la sociedad civil son clave para equilibrar el poder: El empresariado debe exigir condiciones claras, transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos; sin vigilancia constante, el gobierno puede ignorar demandas legítimas aunque se muestren protestas o gestos simbólicos.
- 3) La vigilancia y la participación ciudadana son esenciales: El texto subraya que el desarrollo sostenible requiere instituciones fuertes, certidumbre, inversión productiva y corresponsabilidad, y que la acción ciudadana y empresarial debe ser permanente para evitar que los intereses políticos cortoplacistas dominen las decisiones económicas.
En síntesis, el escrito alerta sobre los costos del populismo y enfatiza que el cambio real solo se logra mediante vigilancia, acción ciudadana y políticas que realmente fomenten el crecimiento productivo.