La empresa Enerall fundada por Alfonso Romo, rellenó con tierra y rocas un cenote en Yucatán de 5,500 metros cuadrados, el cual quedó destruido, sin que la Procuraduría Federal del Proteccióna al Ambiente (Profepa) pidiera la restauración del daño o remitiera el caso al Ministerio Público para configurar un posible delito ambiental, ya que solo se saldó con una multa.
Aunque el hecho ocurrió en 2018, se recuerda en pleno 2025 ante la aprobación apresaurada por Morena en el Congreso de la Unión, de la controversial Ley de Aguas, de la que diversas asociaciones civiles, agrícolas y activistas han señalado que no solo traiciona a la población indígena y comunidades, sino que no tocará a las grandes empresas.
Enerall, fundada en 2007 por Alfonso Romo Garza, quien fue jefe de la oficina de la Presidencia de México en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se asentó en Tizimín, Yucatán, sobre la reserva de agua dulce más importante del país, según el Atlas de Agua en México 2021 de Conagua.
Pero la ubicación de la empresa no es casual: pues estar ahí en Tizimín es como tener el báculo de Moisés capaz de hacer brotar agua de una piedra, en el sentido figurado, pues es una localidad con gran cantidad de cenotes en el país —con al menos 369— y cuyo suelo posee gran capacidad de recarga con las lluvias. Y fue allí donde Enerall fue acusada de dañar uno en el Rancho Asideros, cuyos detalles se dan más adelante.
Y es que el gran acuífero de la Península de Yucatán está en riesgo desde hace años, gracias a concesiones de agua como las 23 que había obtenido Enerall —del llamado “Cacique del Agua en el paraíso maya” en un reportaje elaborado por Conectas—, que le permitían consumir 16.81 millones de metros cúbicos cada año, con 168 millones más asegurados por una década, según cifras de 2020.
Pero Rodrigo Llanes Salazar, articulista de esta casa editorial, aporta un dato más reciente: “Actualmente, la concesión con la que cuenta Enerall es de 30 millones 812 mil 153 metros cúbicos al año”.
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Y ayuda a dimensionar a cuánto equivale esa cantidad, al señar que duplica el consumo anual de la capital de Yucatán, que provee del vital líquido a más de un millón 300 mil residentes:
“Para darnos una idea de la magnitud de este volumen, el Sistema Municipal de Agua y Alcantarillado de Mérida cuenta con una concesión de 14 millones, 186 mil, 719 metros cúbicos al año. Es decir, Enerall consume más del doble de agua que todo el sistema municipal de Mérida”.

Qué dice la nueva Ley de Aguas: ventaja para grandes empresas
El tema sale a colación porque las modificaciones a la Ley de Aguas causa incertidumbre entre la población agrícola, principalmente por estas dos razones:
- Elimina la transmisión de concesiones entre particulares y la reemplaza por reasignaciones vigiladas por Conagua.
- Que el Estado es ya el único regulador del uso del agua
Pues de acuerdo con los trabajadores del campo, la nueva Ley de Aguas les impide heredar o vender sus tierras, ya que sin el permiso para uso del agua no tienen valor. Dando ventaja a las grandes empresas que obtendrán sus tierras a precios irrisorios.
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Y aunque realizaron megabloqueos en carreteras de gran parte del territorio mexicano, sus protestas no fueron escuchadas por el gobierno federal.
Incluso este fin de semana, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, advirtió que la Ley General de Aguas representa “el inicio del fin a la propiedad privada en México”, al concentrar las decisiones en el gobierno Federal.
El día que empresa de Alfonso Romo rellenó un cenote en Yucatán
En este contexto, han señalado que la nueva ley que regulará el vital líquido en México no afectará a grandes industrias y empresas como la Alfonso Romo, exfuncionario de AMLO, a quien la ley no lo toca, a pesar de denuncias documentadas; y recuerdan el relleno de un cenote a cielo abierto en el terreno del Rancho Asideros, en el km 15 del tramo carretero Tizimín-Colonia Yucatán.
Los cenotes de Yucatán son cuerpos de agua sagrados para la civilización maya, además de su utilidad de proveer agua para consumo humano y actividades productivas. Por eso el daño a un cenote de 5,500 metros cuadrados que fue tapado con tierra y rocas no se podía pasar por alto.
El Diario documentó que la empresa biotecnológica de cultivo de maíz y soya transgénicos de Romo enfrentó dos procedimientos legales: uno ante la Profepa por rellenar un cenote, y otro por destruir vestigios arqueológicos mayas.
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Entonces, se reportó que la Profepa abrió el expediente administrativo PFPA/37.3/2C.27.5/00018-18 el 11 de abril de 20218, en cuya denuncia acusan a la empresa agroindustrial Enerall Terra 1 SAPI (Sociedad Anónima Promotora de Inversión), con oficinas en la calle 49 No. 326 entre 38 y 40 de Tizimín.
Tras el hecho, el 19 de abril de 2018, la Profepa informó en un comunicado que clausuraron de manera “total temporal” el Rancho Asideros. Acotaron que infringió la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y el artículo 420 Bis del Código Penal Federal.

En el documento señalaron que “mediante el uso de maquinaria pesada”, se le dispuso piedras, tierra y restos de vegetación con el fin de rellenarlo”. Los restos de vegetación resultaron de tala en el áreas que rodeaba el cenote, según se concluyó en la inspección de Profepa.
Cuando se dio la batalla legal con la Profepa por azolvar el cenote, en abril de 2018, Romo Garza lideraba el Grupo Plenus del cual Enerall es subsidiaria y, en esas mismas fechas, era coordinador de la campaña presidencial de AMLO.
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Empresa de Alfonso Romo dañó un segundo cenote en Tizimín, Yucatán
Posteriormente, Diario de Yucatán documentó que para el 30 de enero de 2019, cuando Alfonso Romo ya era Jefe de la Oficina de la Presidencia con AMLO, se abrió otro expediente: PFPA/37.7/2C.28.2/0023-19, donde se denunció que Enerall está realizando trabajos ilegales.
Esta vez, fue en el Rancho Santa Cruz, en el kilómetro 37.5 del tramo carretero Tizimín-Colonia Yucatán, donde se tapó una aguada grande o cenote que tenía bastante agua, muchos árboles y “era el lugar donde llegaban muchos jabalíes y venados de la zona que nos obligaron a matar porque por allá pasarían los pivotes de riego”, se señalaba en la denuncia obtenida vía Transparencia.
Ahora, con la Ley de Aguas que fue iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y que ya aprobó el Congreso de la Unión, este historial de una de las empresas de Alfonso Romo, funcionario de AMLO, que expolia el vítal líquito en la Península de Yucatán salió a relucir, pues los campesinos, organizaciones sociales y asociaciones civiles consideran que esta y otras industrias como la cervecera, refresquera y porcícola, continuarán intocables.
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