“Vamos a controlar el país hasta que podamos realizar una transición segura, adecuada y sensata”, dijo Donald Trump al anunciar la captura de Nicolás Maduro. Y añadió algo aún más revelador: “Vamos a extraer una enorme cantidad de riqueza del subsuelo, y esa riqueza irá al pueblo de Venezuela, a quienes tuvieron que irse del país, y también a los Estados Unidos de América como reembolso por los daños que ese país nos causó”. Escuchar esas palabras no debería despertar alivio, sino una reflexión profunda. No por simpatía hacia un régimen que fracasó estrepitosamente, sino porque revelan una concepción del poder en la que la crisis de una nación se transforma en autorización moral para gobernarla, administrarla y disponer de su riqueza, como si la soberanía y la dignidad de un pueblo fueran condiciones secundarias, sujetas a la conveniencia del más fuerte.
Venezuela es un país que lleva muchos años sumido en una crisis profunda. Vio cómo su moneda se desintegraba bajo una hiperinflación que en 2018 superó el 130,000 % anual, una cifra que no solo distorsionó precios, sino que arrasó con el poder adquisitivo, arruinó el ahorro, pulverizó el salario real y anuló para millones de personas cualquier posibilidad de una vida digna. La escasez, el colapso de los servicios públicos, la inseguridad y la erosión de las instituciones transformaron la vida cotidiana en una lucha permanente por lo básico.
Que un país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo haya sido incapaz de sostener una moneda estable y una economía productiva es la evidencia de un colapso profundo de política pública, instituciones y confianza social. Pero reconocer esa realidad no autoriza ni ética ni moralmente que otra nación tome el control de su destino. La crisis, por más devastadora que sea, no debería anular la soberanía de un país, ni convertirla en un bien administrable por terceros.
No hay que confundir la obligación de ayudar con el derecho a dominar. El colapso económico no debería ser una licencia para la ocupación, ni la incapacidad de un Estado para gobernarse bien autoriza a otro a gobernarlo por la fuerza. Si aceptáramos ese principio, estaríamos afirmando que la dignidad de los pueblos depende de su desempeño económico y que la debilidad es motivo suficiente para la dominación.
Desde una mirada financiera, el discurso de Trump es familiar. Cuando una empresa entra en crisis, aparecen los fondos buitre, las compras hostiles, las intervenciones que prometen rescate, pero buscan control. Se habla de eficiencia, de orden, de reestructura. Se asume que quien llega con capital tiene no solo capacidad, sino legitimidad. Pero no podemos trasladar esa lógica a un país, porque es un acto de violencia moral. Un Estado no es una empresa, y una nación no quiebra en términos éticos. Puede colapsar su economía, puede fallar su gobierno, pero su gente no pierde la titularidad sobre su destino.
La idea de que Estados Unidos pueda tomar control de Venezuela parte de una premisa peligrosa: que la soberanía es condicional. Que existe mientras funcione, mientras produzca, y no incomode al orden internacional. Bajo esa lógica, la soberanía se vuelve un lujo y no un derecho. Y si es un lujo, entonces solo la podrían conservar los países exitosos, estables y convenientes. El resto quedaría abierto a la administración externa. Si hacemos memoria, esa no es una idea nueva; es la base histórica del colonialismo, solo que ahora se disfraza de preocupación humanitaria y racionalidad económica.
Quienes defienden esta postura suelen hacerlo desde un supuesto deber moral. Intervenir para salvar. Pero la ética exige algo más que buenas intenciones declaradas. Exige coherencia entre medios y fines. No se puede defender la libertad anulando la autodeterminación. No es posible hablar de dignidad humana mientras se decide sobre millones de personas sin su consentimiento.
Porque ayudar no es gobernar. Proteger no es sustituir. Cuando una potencia toma control, deja de ser aliada y se convierte en tutor forzado. Y ningún adulto libre acepta un tutor que no eligió.
Si hoy Estados Unidos puede tomar control de Venezuela porque su situación es crítica, mañana significará que cualquier país poderoso podrá hacer lo mismo con quien juzgue incapaz. No hay forma de defender esta regla sin aceptar un mundo gobernado por la fuerza y no por el derecho. Y un mundo así no es más seguro ni más justo; es simplemente más cínico.
Además, hay otra circunstancia imposible de ignorar. Estados Unidos no propone tomar control de todos los países con crisis humanitarias. Lo hace selectivamente. Donde hay recursos estratégicos, donde hay una posición geopolítica importante, donde hay interés. Esto pone en duda la falsedad del argumento moral. Si la ética fuera el motor, la acción sería consistente. Como no lo es, queda claro que la moral es solo el discurso que acompaña al poder.
Y otro punto aún más incómodo: los venezolanos no eligieron a Trump. No votaron por él, no le delegaron poder, no firmaron ningún contrato social con Estados Unidos. Gobernar sin representación no es una anomalía menor; es la definición misma de ilegitimidad. No importa cuán corrupto o autoritario sea el régimen actual, sustituirlo por una autoridad extranjera no corrige el problema de origen, solo lo cambia de manos.
Desde una ética mínima, hay una línea que no debería cruzarse: decidir por otro sin su consentimiento. En el caso de un país existen alternativas menos violentas, como la presión diplomática, sanciones bien diseñadas, ayuda humanitaria real, mecanismos multilaterales, acompañamiento internacional y fortalecimiento de procesos internos. Ninguna de estas opciones es perfecta, pero todas respetan algo esencial: que el futuro de Venezuela pertenece a los venezolanos y no a otro país.
Aceptar la toma de control de Venezuela como algo “necesario” o “inevitable” es rendirse moralmente. Es admitir que el mundo ya no se rige por principios, sino por conveniencia. Es aceptar que la fuerza ha ganado la discusión ética. Y cuando eso ocurre, todos perdemos, incluso quienes hoy se sienten vencedores. Si el siglo XXI quiere ser algo distinto a una repetición de los abusos del pasado, debe empezar por rechazar con claridad esta idea peligrosa: que el colapso de un país, autoriza su sometimiento por otro. Porque el día que esa idea se normalice, ningún país estará a salvo. Y ese día, la economía podrá seguir funcionando, pero la moral habrá quebrado definitivamente.— Mérida, Yucatán
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Profesora Universitaria y Consultora Financiera