El año comienza con una reforma que significará un golpe directo al bolsillo de millones de personas. Una modificación legal que impacta a quienes contratan un seguro de gastos médicos mayores, a quienes aseguran su automóvil o a quienes protegen su patrimonio con la esperanza de no perderlo todo ante un accidente o una tragedia.
Con la nueva Ley de Ingresos, el Estado decidió cambiar las reglas del juego para las aseguradoras: el Impuesto al Valor Agregado que pagan al cubrir siniestros en hospitales, talleres mecánicos u otros servicios especializados deja de ser acreditable. Lo que antes podía compensarse hoy se convierte en un costo definitivo.
Puede parecer un cambio menor, pero no lo es. Ese IVA que ya no podrán recuperar las compañías terminará reflejándose en el precio de las pólizas. Los seguros médicos, de automóviles, de vida y de daños materiales se encarecerán porque las aseguradoras ya no podrán absorber el impuesto que pagan para cumplir con su obligación esencial que es responder cuando ocurre una tragedia.
Particularmente preocupante resulta el impacto en los seguros de gastos médicos mayores. A pesar de su alto costo, muchos hacemos un esfuerzo para pagarlo año tras año. No son un lujo. Nunca lo han sido. Se pagan por miedo y precaución, pero también por amor. Por la tranquilidad de saber que, llegado el momento, quienes más queremos podrán recibir atención médica oportuna y digna.
Hace algunos años, en mi familia enfrentamos un caso de cáncer en un familiar directo. No fue una historia distante ni una estadística más. Fue un diagnóstico inesperado, sin señales previas, de esos que nadie quiere escuchar. Acudimos al sistema público de salud, donde en teoría está garantizado el derecho a la atención médica. La respuesta fue devastadora: la cita con el especialista, pese a la gravedad del caso, se programó para seis meses después. Seis meses para alguien con indicación de cirugía urgente. Seis meses que, en realidad, no existían.
Sin un seguro de gastos médicos mayores, hoy quizá estaría contando otra historia. Tal vez estaría hablando de una pérdida irreparable. Gracias a la cobertura privada, el tratamiento inició de inmediato: cirugía, hospitalización, quimioterapias, estudios, medicamentos y seguimiento. El costo total rondó los dos millones de pesos. Una cifra inalcanzable para la mayoría de las familias mexicanas. Una cantidad que habría implicado vender la casa, endeudarse de por vida o, simplemente, no poder pagar y dejar que el tiempo hiciera lo que el cáncer sabe hacer.
Esa experiencia reforzó una convicción que ya tenía clara. Aunque representa uno de los rubros más altos del presupuesto familiar, aunque cada año pesa más y cada renovación duele, seguimos pagándolo. Lo hacemos con disciplina y con sacrificios, porque sabemos que no queremos enfrentar el dilema brutal de elegir entre la ruina financiera y la vida. Con los años, he sido testigo de familias devastadas por una enfermedad, de ahorros construidos durante décadas que se esfuman en meses, de hogares que parecían sólidos y que se quiebran para siempre tras un diagnóstico inesperado.
Con esta reforma, el mensaje es claro y profundamente injusto. Al impedir que las aseguradoras acrediten el IVA, el encarecimiento de las pólizas es inevitable. No hay manera de que ese impacto no termine trasladándose al usuario final, a quien hace el esfuerzo de pagar porque decidió no depender por completo de un sistema público de salud insuficiente, saturado y, en muchos casos, inhumano.
Las consecuencias no recaerán sobre las aseguradoras. Las asumirán las personas. Las familias. Los adultos mayores. Los padres que protegen a sus hijos. Los trabajadores independientes sin seguridad social. Los emprendedores. Los profesionistas. La clase media que no recibe subsidios, pero sí paga impuestos.
Se nos trata como si estuviéramos consumiendo un lujo. Como si contratar un seguro médico fuera comparable a comprar un yate o un reloj de alta gama. Se ignora, con una ligereza alarmante, que para muchos esta es la única vía real para acceder a atención médica digna y a tiempo. Se castiga la previsión. Se penaliza la responsabilidad.
Resulta especialmente doloroso porque el deterioro de los servicios públicos de salud no se debe a la falta de compromiso de médicos y enfermeras, sino a la escasez de recursos, planeación y visión. Las salas de espera repletas, los meses de retraso, la falta de medicamentos y las cirugías pospuestas son realidades conocidas por todos.
En ese contexto, quienes recurrimos a la medicina privada estamos, en los hechos, reduciendo la presión sobre el sistema público. Estamos resolviendo por nuestra cuenta lo que el Estado no logra garantizar.
Y aun así, se nos señala como privilegiados. Como si mereciéramos pagar más por querer vivir, por atendernos a tiempo, por proteger a nuestra familia. Cuando lo único que buscamos es ejercer un derecho básico que el gobierno no puede asegurar.
Confieso que miro el futuro con miedo. Miedo de que, con el paso de los años, llegue un momento en el que ya no pueda costear esa protección. De que los incrementos, la edad y las decisiones tomadas lejos de la realidad cotidiana terminen expulsándonos del sistema. De que, tras décadas de esfuerzo, dependa de un servicio público colapsado justo cuando más lo necesite.
Eso es lo que duele. Duele sentir que se castiga la previsión. Que se desincentiva la responsabilidad. Que se legisla sin mirar a los ojos a quienes pagan. Duele pensar que quienes toman estas decisiones quizá nunca han esperado meses por una cita con un especialista. Quizá nunca han sentido el miedo de saber que una cirugía urgente no puede esperar a que el sistema tenga espacio.
Ojalá estas líneas pudieran llegar al Congreso para que quienes levantaron la mano para aprobar esta reforma comprendan que detrás de cada póliza que se deja de pagar hay una vida en riesgo, una familia al borde del colapso. Porque esta reforma no es neutra. Tiene rostro. Tiene nombre. Tiene consecuencias. Porque cuando el seguro se vuelve impagable, no desaparece el riesgo. Desaparece la protección. Y cuando eso ocurre, lo que queda no es justicia social. Es abandono. Es dolor. Es una sociedad más frágil, más desigual y más rota.— Mérida, Yucatán
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Profesora Universitaria y Consultora Financiera