Hace un par de décadas el geógrafo marxista David Harvey (2004) reveló al mundo un
término que denominó acumulación por desposesión, el cual consiste en la generación y
concentración de la riqueza ya no por medio de la producción, el empleo o la innovación
tecnológica, sino por la apropiación coercitiva de los activos de otro territorio o nación
(recursos financieros, tecnológicos, ecológicos, bienes muebles e inmuebles, públicos o
privados).
Esto deja en claro que la producción y reproducción del capital en su evolución, va más
allá de las lógicas de su acumulación primitiva como el empleo, la circulación de dinero o
la regulación estatal de mercados, sino también hacia el despojo instrumental, legal y
sistemático de la riqueza de un grupo por otro que tiene mayor fuerza.
Tenemos varios casos de acumulación por desposesión en la región, desde los albores
del neoliberalismo: la privatización del agua en Cochabamba en Bolivia; la privatización
del sistema de pensiones chileno; en México la reforma al artículo 27 constitucional, lo
que abriera la mercantilización del ejido y la subordinación productiva de los pueblos
agrarios al mercado. Pero, no sólo las organizaciones privadas han impulsado lo anterior,
también hay casos donde el Estado fue detonador de situaciones de despojo como el
Right Buy y la financiarización de la vivienda en Reino Unido; la expropiación coercitiva de
la tierra ejecutada por el Estado en Zonas Económicas Especiales en Rajasthan, India; o
los agronegocios extractivistas que dejó la des-regulación de tierras el Estado brasileño,
misma que ha sido ligada a la frontera agro-extractiva y al acaparamiento de tierras.
En todos estos casos podemos encontrar algunos patrones: a) el Estado también participa
en procesos por desposesión y produce nuevos mercados extractivos; b) se crean
instrumentos legales y aparatos institucionales para impulsar estos procesos bajo la idea
del desarrollo; c) la gestión de la crisis no sólo se enfoca a la mitigación de riesgos, sino
también a generar oportunidades de control y redistribución de recursos y bienes; d) los
enmascaramientos de lo público desde la operación privada-militar/policial.
Con esta situación nos encontramos en un umbral de mayor espectro de profundidad para
observar al sistema capitalista mundial en su fase más imperial, es decir, ya no es
suficiente con llamarle neoliberal y atribuir los malestares del siglo al mercado o las
tecnocracias globalizadoras, sino también a los Estados y/o aparatos estatales que
administran los procesos de acumulación más allá del trabajo, el capital o la innovación,
por desposesión. Lo anterior, a partir de instrumentos financieros, jurídicos y burocráticos
complejos que encubren el rostro más oscuro de la modernidad: la colonialidad como le
llama el semiólogo Walter Mignolo. Actualmente, el colonialismo en todas sus formas, está
más que vigente, porque descubre en un solo continuum del poder, al Estado y al
mercado, nacional o internacional. Esto lo explica claramente el sociólogo puertorriqueño
Ramón Grosfoguel (2022), cuando atribuye al Estado, la administración de las
“situaciones coloniales”, estas manifestaciones que acumulan capital tanto por el trabajo y
la producción, como también por el despojo y el extractivismo a partir de varias capas de
dominación (género o la etnia).
Venezuela juega un papel significativo en este escenario geopolítico del colonialismo, por
un lado, su propio Estado, el régimen dictatorial de Maduro, por otro lado, el
intervencionismo a ultranza de los Estados Unidos por medio del grupo trumpista en el
poder.
La soberanía como activo imperial
Los títulos de posesión de tierras, ahorros, licencias o concesiones de bienes comunes,
han sido principalmente asignados a las economías energéticas, agrícolas y urbanas,
como objetos del despojo por medio de todo un aparato sistémico del último periodo
neoliberal. Ahora, la soberanía nacional, asume un patrón similar, pues se convierte en un
objeto-mercancía que puede ser desposeído en múltiples formas, la más sutil, paquetes
de reformas que privatizan bienes nacionales o modificaciones constitucionales que
buscan alinearse a intereses y actores globales o privados; Otra forma de desposesión
más directa o de facto, resulta ser la coerción -hoy en día de soberanías nacionales-, por
medio del uso de la fuerza e inteligencia militar o policial de una nación hegemónica para
detener y extraer una figura presidencial, decidir por encima de la voluntad popular y
además, poner en una mesa de póker a los mejores postores que buscan el control
energético del país y de la región como Exxonmobil, Chevron y ConocoPhilips.
La soberanía de Venezuela acaba de ser objeto de desposesión, una forma de activo del
imperialismo. Así como los títulos de propiedad, contratos, permisos o concesiones han
sido conferidos por el Estado para proceder con los esquemas extractivistas, las
soberanías -constitucionales latinoamericanas se pueden convertir en concesiones
globales impulsadas por un Estado hegemónico que represente a creces una nueva ola
imperial-colonialista.
La ilegalidad del más fuerte
Esta situación desafía la lógica del derecho internacional no sólo para la resolución de
conflictos como lo establecido en los Tratados de Ginebra (protección y. garantías de
personas en sus territorios en lo que se resuelven los conflictos), sino también en las
regulaciones internacionales para intervenir directa o indirectamente en los extractivismos
soberanos de otras naciones, tanto en los campos legislativos como en la ejecución de
burocracias hegemónicas.
El combate contra el narco tráfico y los esfuerzos que hace el gobierno trumpista para
elevarlo como un estado terrorista y una amenaza a la seguridad estatal/nacional de EU,
responde a una apuesta doble. Por un lado, buscar el reconocimiento legal en las salas
congresistas para el uso militar, y por el otro, la puesta en marcha de un blindaje policial
operado desde la Casa Blanca y las organizaciones relacionadas al ejecutivo como la
DEA (Drug Enforcement Administration) o la CIA (Central Intelligence Agency), tal como lo
operó el grupo de Trump, bajo la consigna de “law enforcement” (defensa legítima) en la
actual detención/secuestro de Maduro.
Lo cierto es que, una intervención de un Estado a otro se define como un atentado a la
soberanía nacional, acto completamente ilegal ante los acuerdos internacionales y las
constituciones libres de las naciones que alcanzaron su independencia política de las
colonias imperiales.
Esta ilegalidad es producto, primero, de la desestabilización política que se vive en
Venezuela ante el cuestionamiento profundo al régimen de Maduro y el colonialismo
interno que empezó a impulsar desde el Estado. Segundo, que sin haber fuerza mayor
que repare la vida democrática de un país, un Estado extranjero lo haga por la fuerza
armada sin pronunciar mecanismos establecidos de la cooperación internacional y la
pacificación, es decir, en Cortes internacionales o el impulso de nuevos acuerdos
regionales en sectores claves. En Venezuela no se tiene precedentes de una situación
así, ¿cómo deben ser los procesos de ocupación o restitución del poder ante la
intervención armada de otra nación sin que preceda una declaración de guerra?
No se trata de un vacío legal o de poder, se trata de una nueva operacionalidad de
desposesión global que comienza a tejer sus entramados legales para su permanencia.
Mientras esto sucede, es decir, el esclarecimiento de la legalidad, podemos enunciar que
se ha tratado de un acto ilegal que funciona bajo la lógica del más fuerte, tal como lo hace
cualquier economía primitiva colonialista o los mismos cárteles criminales de alto impacto: desplazar líderes de plazas para su ocupación y aprovechamiento económico en el territorio.
Neocolonialismo multinivel, el Caribe como objeto geopolítico
Refiriendo nuevamente a Grosfoguel (2004), la administración colonial de los Estados no
se limita solamente a sus demarcaciones nacionales, sino también a la extrapolación
doméstica de sus intereses sobre otros Estados nacionales, a través de sofisticados
instrumentos financieros, burocráticos, armamentísticos y jurídicos que establecen un
proceso de desposesión por todas las grietas históricas posibles.
Se trata de dos colonialismos encontrados, uno interno y otro externo, siendo el más
fuerte el que controle la acumulación de capital bajo las narrativas que sean necesarias
para hacerlo. Como ocurrió en Venezuela, el uso de la “intervención policial” ante la
defensa de la seguridad nacional del narcotráfico, viene a poner en relieve un rostro
imperialista actualizado que es operado en burocracias expansionistas e insurgentes que
se impacientan a sus propias esperas legislativas.
Asimismo, impulsa un intervencionismo extremo que mira a las soberanías como activos
de valor que pueden ser domesticadas tanto desde la institucionalidad como por la fuerza.
Nos encontramos en el umbral de un grupo expansionista corporativista que está
fabricando condiciones de mercado por medio de la desposesión, ahora de soberanías
para el control de las cadenas de valor productivas en las regiones cercanas. Con ello,
buscan el reforzamiento de sus industrias domésticas y la recuperación de la hegemonía
global arrebatada por los dragones asiáticos y cuestionada ante los imperativos que
ocurren en Rusia y Medio Oriente.
Venezuela está en la mira geopolítica y merece la atención de todos porque representa un
hito de neocolonialismo multinivel que dejará huella en las póstumas décadas de la vida
política y económica de Latinoamérica/Abya Yala.
Referencias.
- Grosfoguel, R. (2022). De la sociología de la descolonización al nuevo antiimperialismo
decolonial. Akal.
- Harvey, D. (2004). El nuevo imperialismo. Akal.
* Eder Noda Ramírez es doctor en ciencias sociales por la Universidad Iberoamericana,
investigador visitante en el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi-Unidad Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I.