El año 2026 comenzó con la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, la cual culminó con la captura de su presidente Nicolás Maduro. No como episodio aislado ni asunto bilateral. Es un hecho que pone en entredicho el orden jurídico internacional, revive viejos fantasmas en América Latina y obliga a la región a reflexionar sobre su vulnerabilidad frente al uso unilateral de la fuerza.
Esta acción es una violación clara y contundente al derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Ésta última, en su artículo 2 párrafo 4 prohíbe expresamente el uso o la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier país. Fuera de los casos de legítima defensa inmediata o de una autorización explícita del Consejo de Seguridad, ningún país tiene derecho a intervenir militarmente en otro. Saltarse estas normas debilita y quita legitimidad al sistema de Naciones Unidas establecido desde 1948 para asegurar la paz y la seguridad internacional. Erosiona la confianza en el sistema desde su base y normaliza la idea de que el poder militar puede imponerse encima del derecho.
El impacto de lo ocurrido en Venezuela no se limita a este país, toda América Latina entra en un estado de alerta. La intervención reactiva una sensación de vulnerabilidad histórica en un continente marcado por invasiones, golpes de Estado promovidos desde el exterior y tutelajes disfrazados de “ayuda”. Y esto no es una defensa al gobierno de Nicolás Maduro. La crítica a su gobierno y a sus autoritarias que han puesto en una grave crisis a Venezuela es legítima y necesaria. Pero una cosa es cuestionar a un régimen y otra es justificar una invasión extranjera. ”. El mensaje implícito de lo ocurrido el 3 de enero es peligroso: si una potencia decide que un gobierno es ilegítimo o incómodo puede actuar sin consecuencias reales.
La historia ofrece lecciones que no pueden ignorarse. Guatemala en 1954, una operación encubierta de la CIA derrocó al gobierno de Jacobo Árbenz, abriendo camino a décadas de guerra interna y a un genocidio indígena. En Chile (1973) el apoyo político, económico y de inteligencia estadounidense al golpe de Estado contra Salvador Allende derivó en una dictadura militar marcada por tortura, desapariciones y exilio forzado. En Panamá (1989) la intervención militar de la “Operación Causa Justa” depuso a Manuel Noriega dejando profundas heridas sociales en el país. Incluso fuera de la región, Irak (2003) ilustra como una invasión militar para cambiar un régimen puede destruir un país, generar inestabilidad crónica y profundizar el sufrimiento de la población. En todos los casos el patrón es consistente: cambiar gobiernos desde el exterior y mediante el uso de la fuerza no construye Democracia.
La solidaridad debe ser con el pueblo venezolano no con soluciones militares. Defender el derecho internacional no es un acto ideológico, sino una postura de mínima coherencia. América Latina no puede aceptar el regreso de la ley del más fuerte sin asumir que cualquiera puede ser el siguiente. Rechazar la intervención no es defender el autoritarismo, es defender la soberanía, la paz y el principio de que los pueblos tienen derecho a decidir su destino sin imposiciones externas.
Doctorante en Análisis Estratégico y Desarrollo Sostenible