Hay decisiones que se anuncian como avances históricos porque suenan humanas e incluyentes. Decisiones que apelan a nuestra mejor intención. Que nadie se quede atrás, que nadie fracase, que nadie sea excluido.
La eliminación del Exani-I como requisito para ingresar al bachillerato, y la política de no permitir la reprobación en los primeros grados escolares, forman parte de esa lógica. Se presentan como actos de equidad, como correcciones históricas a un sistema injusto, como un triunfo del derecho a la educación.
Detrás de estas decisiones hay una idea que parece noble, pero que es profundamente equivocada: que para lograr igualdad hay que bajar el nivel. Que para que nadie fracase hay que dejar de exigir. Que para que todos avancen basta con empujarlos hacia adelante, aunque no estén preparados para caminar.
La educación no funciona así. Nunca ha funcionado así. Y la vida adulta, mucho menos.
Pensemos en un joven cualquiera. No en una estadística, no en un discurso, sino en una persona concreta. Un adolescente que ha pasado por primaria y secundaria arrastrando deficiencias en lectura, escritura, razonamiento matemático. No porque sea flojo, ni porque sea incapaz, sino porque el sistema no tuvo la capacidad o la voluntad de detenerse, corregir, reforzar, exigir. Ese joven avanza de grado porque reprobar está mal visto, porque genera conflictos, porque incomoda. Avanza porque nadie quiere ser el responsable de decirle que todavía no está listo.
El mensaje que recibe es devastador, aunque parezca amable: “No importa si no aprendiste, sigue adelante”. Y ese mensaje se repite año tras año, hasta que se normaliza. Hasta que el joven cree que aprender es opcional, que el esfuerzo es negociable, que el resultado no importa tanto mientras el trámite se cumpla.
Cuando llega el bachillerato ya no hay examen de ingreso. Ya no hay diagnóstico serio. No hay un alto en el camino para saber desde dónde parte. Entra, sí. Pero entra desarmado. Entra sin las herramientas básicas para sostener lo que viene después. Y el sistema, otra vez, celebra el acceso como si fuera el final del problema, cuando en realidad apenas es el inicio.
Como docente universitaria, es profundamente lamentable constatar cómo el nivel académico ha venido bajando generación tras generación. No en talento, no en inteligencia, sino en formación. Y eso tiene consecuencias. Obliga a bajar el ritmo, a dedicar tiempo de clases a corregir carencias que debieron resolverse mucho antes. Obliga a elegir entre avanzar en contenidos profesionales o regresar a lo básico. Y en ese dilema, todos pierden.
Pero el mayor costo no lo paga la universidad ni el profesor. Lo paga el estudiante. Porque si logra avanzar, incluso si llega a la universidad y consigue un título, el daño ya está hecho.
El mercado laboral no tiene políticas de no reprobación. No tiene exámenes “incluyentes”, ni contemplaciones pedagógicas. Exige resultados. Y cuando no los hay, excluye sin pedir disculpas. El joven que fue protegido de la exigencia académica se enfrenta de pronto a un entorno despiadado, competitivo, desigual, para el que nunca fue preparado.
Esto también daña de fondo el desarrollo económico del país. Una fuerza laboral con bajas capacidades, mal formada, con dificultades para adaptarse y sin pensamiento crítico, termina asfixiando el crecimiento. Empresas que no encuentran talento real, empleos de bajo valor agregado, salarios deprimidos y hogares atrapados en el endeudamiento crónico no son hechos aislados. Son las consecuencias previsibles de haber confundido educación con simulación. Todo está conectado.
Bajar el nivel de exigencia académica no es inclusión: es abandono diferido. De nada sirve que todos tengan un título universitario si ese título no representa conocimiento real, habilidades sólidas, criterio propio. De nada sirve inflar las estadísticas de cobertura educativa si lo que estamos produciendo son credenciales vacías. Una economía no se fortalece con diplomas, se fortalece con personas capaces.
Educar no es solo transmitir información; es formar carácter. Es enseñar a enfrentar la frustración, a aceptar límites, a entender que el error no es un enemigo, sino una señal. Cuando eliminamos la posibilidad de reprobar, no estamos siendo compasivos: estamos negando una experiencia fundamental del aprendizaje humano.
Algunos argumentarán que los exámenes estandarizados son injustos, que reproducen desigualdades, que castigan a quienes vienen de contextos desfavorables. Hay verdad en eso. Pero la respuesta a una evaluación imperfecta no puede ser la ausencia total de evaluación.
La eliminación del Exani-I, sin un sistema robusto de diagnóstico y nivelación, no es una política progresista. Es una política cómoda. Reduce tensiones, evita conflictos, produce aplausos inmediatos. Pero no construye capacidades. En el fondo se transmite el mensaje de que no confiamos en que los jóvenes puedan más. No creemos que puedan alcanzar un estándar alto. Preferimos mover el estándar antes que invertir en apoyarlos para llegar. Eso sí es profundamente injusto.
La verdadera inclusión no consiste en decirles a todos que pasen. Consiste en dar a todos las herramientas para llegar lejos. Eso implica recursos, tiempo, inversión, formación docente, acompañamiento personalizado y, sí, exigencia. Mucha exigencia. Porque exigir es tomar en serio el futuro del otro.
El daño de estas políticas no se verá en las estadísticas del próximo año. Se manifestará más adelante, cuando esos jóvenes intenten construir su patrimonio, cuando descubran que el título no es suficiente para acceder a un buen empleo, y cuando se pregunten por qué, si hicieron todo “bien”, no logran alcanzar la estabilidad financiera.
Ahí entenderán, demasiado tarde, que alguien les robó la oportunidad de aprender de verdad.
Y eso, por más que se vista de inclusión, es una de las formas más crueles de desigualdad.— Mérida, Yucatán
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Profesora Universitaria y Consultora Financiera