Denise Dresser (*)
Marchar por las calles con las madres buscadoras es caminar dentro de una llaga abierta. No hay consigna que alcance, ni cifra que explique, ni política pública que consuele. Hay, en cambio, una cartografía del dolor que se despliega en cada paso: camisetas con rostros detenidos en el tiempo, pancartas que cuentan historias truncas, nombres que se repiten como dagas.
Ellas te hablan mientras caminan, te narran el itinerario de su desesperación: las ventanillas tocadas, las oficinas recorridas, las llamadas no devueltas, los expedientes empolvados. Te preguntan —con una mezcla de urgencia y esperanza— si conoces a alguien que pueda ayudarlas. Y en esa pregunta cabe todo: la ausencia del Estado, la orfandad institucional, el abandono.
Este no es un dolor nuevo. Es un dolor que se incubó y se expandió desde el sexenio de Felipe Calderón, cuando la estrategia de seguridad desató una ola de violencia que convirtió la desaparición en epidemia.
Desde entonces, el país ha aprendido a convivir con el horror, a normalizar la ausencia, a paliar el duelo. Tanto así que en la ONU, el tema de las desapariciones en México ha sido objeto de escrutinio constante, y existe presión para escalarlo a instancias más altas, como la Asamblea General.
Pero el gobierno resiste, envolviéndose en el discurso de la soberanía nacional para tapar el tema. Y por eso la desconfianza ante el anuncio reciente de Claudia Sheinbaum, porque no es una simple depuración del registro de personas desaparecidas. Se presenta como un esfuerzo más amplio: cruzar bases de datos, verificar identidades, distinguir entre personas localizadas y no localizadas, y reconstruir un sistema de información que durante años ha sido fragmentario, opaco y poco confiable.
En principio, es una tarea indispensable. Sin claridad en las cifras, no hay política pública posible. Sin un registro robusto, no hay búsqueda eficaz.
El problema es que en México la “técnica” suele ponerse al servicio de la narrativa, y no de la verdad. Así la frontera entre corregir registros y corregir la realidad empieza a desdibujarse peligrosamente.
Basta con recordar cómo AMLO prometió en campaña reunirse con las víctimas.
Luego, cuando la magnitud del horror se volvió inocultable, creó la Comisión Nacional de Búsqueda, pero también se alejó de las madres buscadoras. Nombró a Karla Quintana, una abogada sólida, comprometida, que profesionalizó la institución.
Años después, cuando los números crecieron y comenzaron a incomodar, López Obrador demandó que los redujera. Que ajustara la realidad a la narrativa. Quintana se negó y renunció. Pero antes de irse, envió el registro nacional de desaparecidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, temiendo lo que vendría. Ahora ese temor se confirma: de los 132,534 desaparecidos, el gobierno de Sheinbaum solo reconoce 43 mil como “verificados”.
Por eso, la nueva metodología de depuración y actualización llega contaminada. Las víctimas la ven con recelo. Los colectivos la cuestionan. No porque se opongan a la depuración per se, sino porque temen que se convierta en simulación. Que detrás del lenguaje técnico se esconda una rasurada política. Que la base de datos no se limpie, sino que se encoja. Que el problema no se enfrente, sino que se maquille.
Mientras tanto, lo urgente sigue ahí. Las fiscalías estatales siguen sin investigar. Las carpetas de investigación se acumulan sin avance. No hay coordinación efectiva entre niveles de gobierno. No hay presupuesto suficiente para búsquedas en campo. No hay protección adecuada para las buscadoras. Lo que sí hay son colectivos de mujeres que hacen el trabajo que le corresponde al Estado: excavar, documentar, registrar, exigir.
Lo que México necesita no es una goma de borrar. Necesita instituciones que funcionen, fiscalías que investiguen y registros que reflejen la verdad, no que la acomoden. Necesita un Estado que deje de simular y asuma la magnitud de la tragedia.
Porque las desapariciones no son un problema de imagen ni de narrativa: son una fractura ética, una deuda moral. Y sin embargo, todo indica que para el gobierno todavía resultan más incómodas las cifras que las ausencias. Por eso se corrigen números en lugar de corregir omisiones, se ajustan registros en lugar de investigar responsabilidades. Pero lo que no se nombra no desaparece. Y lo que se borra en el papel, sigue gritando bajo la tierra.
ATICO.- México necesita instituciones que funcionen, un Estado que asuma la magnitud de la tragedia. Las desapariciones son una deuda moral.— Ciudad de México
*Académica y politóloga