Tuvo que venir un representante de la ONU para subrayar algo que he venido alertando desde hace más de 10 años en los artículos que amablemente el Diario de Yucatán ha publicado sobre la contaminación del acuífero peninsular que agrupa los tres estados: Yucatán, Campeche y Quintana Roo. El Relator de la ONU subrayó a fines de marzo 2026 que es momento de hacer una declaratoria de emergencia sanitaria y ambiental para toda la Península de Yucatán lo que permitiría movilizar recursos y articular una política pública integral orientada a la reparación del daño. Asimismo es impostergable y necesario comenzar ya el monitoreo integral de las aguas del acuífero para verificar el grado de contaminación y con esa información tomar medidas para aplicar la tecnología que permita frenar la contaminación y posteriormente revertirla. Se dijo también que la Península de Yucatán se ha convertido en un foco crítico de degradación ambiental, que afecta la salud pública y que solo se sostiene bajo una narrativa de desarrollo de sus políticos, que ha ignorado costos sociales, ambientales y humanos.
En marzo de 2025 publiqué un artículo denominado S.O.S por el contaminado acuífero, el cual se reforzó con otro publicado en julio del mismo año denominado Catástrofe Acuífera; en ambos se pidió que no se tomara como un artículo más respecto al tema, sino que se constituyera una alianza por el futuro del agua. El llamado incluía a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a sus organismos operadores y de gestión; a las industrias cuya materia prima es el agua del acuífero subterráneo y desde luego a desarrolladores de vivienda, cámaras empresariales y la ciudadanía en general. Se da ahora un paso más ya que la declaratoria de emergencia va para los tres estados peninsulares.
Se subraya que en el Estado de Yucatán los principales actores políticos son: el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y desde luego todos los Ayuntamientos Municipales. Veamos ahora cómo están preparados los estados peninsulares para afrontar la emergencia:
Estado de Quintana Roo. Cuenta con Ley de Agua Potable y Alcantarillado Estatal desde 1981. Esta ley constituye el marco jurídico principal para la gestión del recurso hídrico, estableciendo las bases para la prestación y administración de los servicios públicos de agua y drenaje. La misma Ley, incluyó la creación de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado la cual equivale a una Comisión Estatal de Aguas; siendo el organismo rector del agua en todo el estado.
En Cobertura de Tratamiento de Aguas Residuales; de acuerdo con el Inegi, se estima que casi el 70% de la población estatal cuenta con servicio de recolección y tratamiento de aguas residuales. Esta cifra es significativamente superior al promedio nacional en México (que ronda el 45-50%).
En Cobertura de Drenaje Sanitario en zonas urbanas, la infraestructura de alcantarillado alcanza cerca del 81%, y existe una brecha importante en las zonas rurales y asentamientos de reciente creación que no cuentan con el servicio.
Estado de Yucatán. No cuenta con Ley Estatal de Aguas ni Comisión Estatal de Aguas que sea el organismo rector de los destinos del agua en el estado. De acuerdo con datos del Inegi, la situación de Yucatán presenta un contraste marcado entre el acceso a servicios sanitarios básicos y la infraestructura de red pública.
En drenaje sanitario y tratamiento de aguas residuales, Yucatán tiene una de las coberturas más bajas del país, tan solo del 6 al 8%, concentrado en la ciudad de Mérida cuentan con el servicio; el 94% de la población utiliza sistemas de eliminación in situ, mediante fosas sépticas (obsoletas o mal construidas sin tratamiento real) y/o biodigestores.
El municipio de Mérida y zona conurbada concentra aproximadamente el 50% de la población estatal, siendo la mayor población urbana del estado y de toda la península y dada su baja cobertura en drenaje y saneamiento la convierte en el principal factor contaminante de toda la región. Asimismo y tomando en cuenta que las aguas del acuífero subterráneo viajan generalmente de sur a norte, la degradación hídrica se observa ya en pozos analizados a menos de 15 km de la costa y si a eso se le agrega la contaminación que genera el gran desarrollo habitacional de la costa norte que en su mayoría carece de sistemas seguros de tratamiento y disposición de aguas residuales, pues se ha hecho un caldo de cultivo que ya afecta la ciénega, los manglares y al mar.
Estado de Campeche. Sí cuenta con un marco legal y una institución centralizada para la gestión del recurso hídrico. La Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche existe desde diciembre de 1992 y al promulgarse dio origen a la creación de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, siendo el equivalente a una Comisión Estatal de Aguas. Pese a contar con lo anterior no han podido despegar y marcar diferencia a nivel peninsular en cuanto a drenaje y saneamiento se refiere, para disminuir los índices de contaminación del acuífero.
Según el Inegi, casi el 17% de las viviendas están conectadas a una red de alcantarillado formal en tanto que el 83% restante está conectado a fosas sépticas, biodigestores o descargas directas sin tratamiento a ríos y al mar.
En resumen, se observa que el Estado de Quintana Roo es el mejor preparado al tener índices por arriba del promedio nacional en drenaje y saneamiento, en tanto que los Estados de Campeche y Yucatán van muy rezagados.
No existe en caso alguno, una red centralizada e integral que ejecute el monitoreo del acuífero peninsular para detectar la presencia de contaminantes como nitratos, fosfatos, bacterias y coliformes entre los más comunes, y éstos viajan con rapidez dada la naturaleza kárstica del suelo que hace que el agua subterránea sea extremadamente vulnerable a la contaminación. Cabe recalcar que sí existen puntos de monitoreo de la Red Nacional de Medición de Calidad del Agua (Renameca) operada por Conagua, organizaciones de la sociedad civil; ONGs, universidades, dependencias federales y proyectos especiales; mismos que serán buena información de inicio.
El principio de todo debe comenzar con la zona de mayor contaminación a nivel peninsular la cual es el municipio de Mérida y para ello debe implementar una red de pozos de monitoreo usando los parques y jardines existentes.— Mérida, Yucatán
jorgelopezglez@hotmail.com
Consultor en Hidrología e Hidráulica. Universidad Marista de Mérida