El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones —Alan Watts
El 17 de diciembre asistí a la inauguración de la muestra “Asunto: Arte” en la Galería “Manuel Lizama” de la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán (Sedeculta), evento que, sin convocatoria alguna a los creadores locales, se organizó con “obras” de empleados y funcionarios públicos (entre ellos la titular de la dependencia, Patricia Martín Briceño).
Esto no solo evidencia una falta de ética por parte de los participantes, sino que además implica el uso de recursos públicos, lo cual podría configurar faltas graves a la ley. Es importante mencionar que en el texto de presentación realizado por Raúl Gasque no solo se compara —sin distancia ni respeto— el trabajo de grandes artistas internacionales con la dudosa labor de burócratas “institucionalizados” participantes, muchos de los cuales no son creadores visuales, sino que además se cita, de manera desvergonzada, lo siguiente: “En la presente gestión de Sedeculta somos muchos los que compaginamos nuestra labor y misión existencial como artistas y como gestores de la cultura y el arte”.
Considerando los escasos recursos destinados a los proyectos de creadores independientes, esta muestra se presenta como una ironía mordaz para la comunidad artística frente a los caprichos de los funcionarios del sector. Atendiendo a lo anterior y “suponiendo sin conceder” que se esté infringiendo la ley, es importante señalar que en México existe un marco legal muy amplio para evitar que los funcionarios (servidores públicos) utilicen recursos del Estado para fines personales o electorales.
Dentro de este marco se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 108 y 134), que es nuestra “Ley Suprema” y de la cual emanan todas las demás.
El artículo 134 establece que los recursos económicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y prohíbe explícitamente el uso de la comunicación social (propaganda gubernamental) para la promoción personalizada de funcionarios.
Asimismo, el artículo 108 define quiénes son servidores públicos y establece que son responsables por los actos u omisiones que afecten la legalidad y la honradez.
Por su parte, la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) define qué conductas son sancionadas internamente —por la Secretaría de la Función Pública o las contralorías—, considerando algunas de ellas como faltas administrativas graves, entre las que se encuentran el peculado (artículo 52), cuando un funcionario usa recursos —dinero, bienes o incluso personal a su cargo— para beneficio propio o de terceros, y el desvío de recursos (artículo 54), cuando se asignan fondos públicos a un fin distinto al que legalmente les correspondía.
En ese mismo sentido, si el uso de recursos cruza la línea hacia el delito se aplica el Código Penal Federal.
Por su parte, la Constitución Política del Estado de Yucatán, en sus artículos 97 al 101 Ter, establece que cualquier funcionario que maneje recursos económicos estatales es sujeto de responsabilidad y puede ser sancionado si desvía fondos o abusa de su cargo.
De acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, podrían sancionarse a funcionarios de Sedeculta por este tipo de eventos, ya que pueden configurarse delitos como peculado y desvío de recursos, pues se prohíbe usar dinero, bienes muebles (vehículos, equipo de cómputo, instrumentos) o inmuebles (teatros, centros culturales, galerías y foros bajo su resguardo) para fines distintos al servicio público, así como para publicidad o trabajos propios realizados por subordinados.
Todo ello sin considerar que, además, existe un conflicto de interés, así como lo establecido en el artículo 12, que prohíbe el uso de la imagen institucional o del escudo oficial para fines personales o políticos.
Asimismo, el Código de Ética del ICOM (Consejo Internacional de Museos), referente a la labor expositiva y museística, establece normas de conducta para los profesionales y funcionarios del ámbito cultural, en las que se señala que deben estar al corriente de las leyes nacionales y locales, así como de sus condiciones de aplicación, y evitar situaciones que puedan dar lugar a que sus actuaciones sean interpretadas como conductas reprochables.
Por otra parte, me permito aludir a un comentario realizado por una “burócrata cultural de la citada dependencia” en las “benditas redes”, en el que se pregunta: ¿Todo artista es un potencial burócrata? o ¿todo burócrata es un potencial artista? Ante ello, me pregunto si se trata de una alusión a sí misma. Se trata de ocupaciones que pueden coincidir en una persona, pero que generalmente no son concurrentes.
Asimismo, le hago saber que, en referencia a la afirmación de que “la Secretaría de la Cultura y las Artes se llenó de artistas como debe ser”, en administraciones anteriores trabajaron dentro del sector cultural del Estado diversos creadores yucatecos en distintas áreas. El comentario sugiere que “Asunto: Arte” es una labor manual de fácil desarrollo y aprendizaje, sin vocación, conocimiento, técnica ni talento creativo.
Me permito señalar también que no es necesario llenar una dependencia de artistas, sino de personas con conducta ética, comprometidas con su labor, con capacidades en el ámbito cultural y amplia experiencia en la administración.
Dicho comentario transmite una percepción, desde la burocracia, de carencia de comprensión y de una visión facilista de la actividad creativa de los artistas de la entidad, que además pareciera denigrarla, siendo esta una labor respetada y considerada como trabajo intelectual.
La exposición “Asunto: Arte”, a mi criterio, es una muestra mal armada, sin una curaduría sólida, sin narrativa y sin el más mínimo esfuerzo estético, en la cual la gran mayoría de las obras expuestas carece de calidad artística —particularmente en el caso de la fotografía— o no pueden considerarse “obras de arte”, sino ocurrencias o manualidades, y en el mejor de los casos, intentos o ensayos.
Paradójicamente, la obra de Patricia Martín Briceño es el único trabajo artístico destacado: una intervención fotográfica (arte objeto) extraordinariamente lograda que, en otra situación y contexto, podría ser el eje de una crítica artística muy favorable, pero que en esta ocasión se ve opacada o enlodada por las probables implicaciones ético-jurídicas derivadas de su propia participación, lo cual la coloca en un terreno muy delicado.
Es necesario mencionar que en tiempos pasados la dependencia contaba con un código ético que sus empleados firmaban al incorporarse, por lo que cabe preguntarse si dicho código continúa vigente.
Finalmente, sugeriría que se revisen las designaciones del personal de Sedeculta y que, más allá de asignaciones por “amiguismos” o “filiaciones partidistas”, se contraten funcionarios que posean conocimiento del sector cultural local, experiencia en la administración pública y dominio de la legislación correspondiente, así como que se abstengan de utilizar su cargo para obtener beneficios o ventajas personales, incluida la promoción de su propia imagen o carrera artística profesional mediante el uso de la plataforma institucional.
Además, es necesario que la comunidad cultural de Yucatán vigile que no se nos aplique la expresión coloquial de que “la ley es la ley”, ya que, en un Estado democrático, la ley debe aplicarse de manera absoluta y sin excepción.
Crítico y curador.