San José, (EFE).- El Gobierno de Costa Rica reiteró hoy la ilegalidad del servicio de transporte Uber e instó a la empresa a cesar sus operaciones mientras las autoridades modernizan el marco legal existente en el país.
“Instar una vez más a la empresa Uber y a otras empresas que operan plataformas tecnológicas en la prestación de servicio de transporte público de personas, a abandonar su operación hasta tanto no se defina la revisión o modernización del marco legal existente del transporte remunerado de personas”, indica un acuerdo tomado hoy por el Consejo de Gobierno.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, dijo en un comunicado que “los servicios de transporte en todas sus modalidades son una fuente de empleo y significan una solución socioeconómica para miles de familias”.
“Conscientes de esto y de que las nuevas tecnologías plantean retos a los Gobiernos, es que buscamos una solución integral que permita resolver la situación de los taxistas de forma innovadora en beneficio de los usuarios”, declaró Méndez.
El gremio de los taxistas pidió hace algunos días al gobierno “cancelar o bloquear” la operación de Uber en el país, pues la consideran competencia desleal por sus tarifas más bajas y porque no cumplen con regulaciones que el Estado aplica a los taxis.
Uber opera en Costa Rica desde hace tres años y según la empresa 22.000 conductores están afiliados a la plataforma y cuentan con cerca de 700.000 clientes.
Tanto el Gobierno anterior como el actual del presidente Carlos Alvarado han afirmado que no es posible bloquear la aplicación de Uber, pero han insistido en que el servicio de transporte de personas es ilegal, por lo que los policías de tránsito están habilitados para hacer multas y hasta decomisar vehículos.
En el Congreso de Costa Rica hay en estudio un proyecto de ley que regula los servicios brindados a través de plataformas tecnológicas como Uber.