La policía detiene a un manifestante durante una protesta contra la reforma constitucional este jueves, en los alrededores de la Asamblea Nacional, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

PANAMA.- 52 personas detenidas por las autoridades la noche del miércoles en la capital de Panamá, en medio de protestas por el contenido de una propuesta que impulsa el gobierno para reformar la Constitución del país, informó la Policía panameña.

El subdirector de la Policía, subcomisionado Alexis Muñoz, precisó a los periodistas que de los detenidos 46 son adultos y seis son menores de edad, entregados a sus padres en horas de la madrugada.

A los adultos los pusieron a disposición de juzgados de paz de Calidonia, sector populoso de Ciudad de Panamá, en donde se hicieron cargos por la alteración de la convivencia pacífica.

Muñoz justificó las detenciones al señalar que las protestas se convirtieron en actos de vandalismo contra la sede del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), del presidente panameño Laurentino Cortizo, en donde rompieron vidrios y quemaron objetos, entre otros destrozos.

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Tras la aprobación el lunes pasado en la Asamblea Nacional de Diputados de una propuesta de reforma de la Carta Magna, el martes habían resurgido las protestas en las inmediaciones de la sede del órgano legislativo, encabezadas por grupos que se oponen al contenido del texto, el cual se espera sea sometido a un referendo.

Unidades antimotines impidieron el pasado martes el ingreso de manifestantes a la Asamblea, usando gas pimienta.

El ambiente se tensó cuando un grupo de los presentes derribó parte de una cerca que rodea esas instalaciones.

El mandatario entregó el pasado 17 de julio, en la Asamblea Nacional de Diputados, un proyecto de reforma constitucional que recoge propuestas del mecanismo de Concertación Nacional para el Desarrollo, que integran más de 20 sectores.

Las protestas surgieron en rechazo a cambios introducidos durante el debate en la Asamblea al paquete de reformas.

El diputado Leandro Avila, del PRD, explicó esta semana que se aprobó un documento preliminar, y que se seguirá consultando a nivel nacional durante seis meses, para discutirlo luego en el pleno en abril de 2020.

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