Proponen unir la de los dos centros de convenciones
El presidente de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo (Aaproyuc), Armando Casares Espinosa, informó que ya planteó al gobierno del Estado que desincorpore el Centro de Convenciones Siglo XXI del Patronato Cultur y lo anexe al Centro Internacional de Congresos (CIC).
El objetivo, indicó, es que la promoción sea de ambos inmuebles y el gobierno realice una campaña para ofrecer a los congresistas toda la infraestructura que tiene Yucatán, como son los dos centros de convenciones, los salones de los hoteles, los teatros grandes como el Mérida y Peón Contreras, el Palacio de la Música y Gran Museo del Mundo Maya.
Esta compactación del segmento de congresos es para optimizar los recursos de promoción ahora que el gobierno federal desapareció el Consejo de Promoción Turística de México y tomará el dinero del impuesto del derecho de no migrante para construir el Tren Maya, dijo. Esto quiere decir que este año habrá menos recursos para promocionar los destinos turísticos del país.
“La administración del CIC debe absorber al Siglo XXI porque no vas a promover un edificio y abandonar al otro”, señaló. “Tenemos muchos espacios para el turismo de reuniones y la Sefotur debe salir a promocionarlos en forma exclusiva. Hay que ser más creativos y usar nuestros propios recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Nuestra seguridad pública y tranquilidad, la gastronomía, la cultura, los parques arqueológicos, lo colonial, los cenotes y naturaleza, el turismo médico, entre otros atractivos. Si el gobierno no puede dar dinero como incentivo para traer los congresos, pues que les dé espacios de música y cultural para que vengan”.
También sugirió que haya mejor coordinación entre la Secretaría de Cultura y las Artes (Sedeculta) y la Sefotur porque no es posible que la primera haga una cosa y la segunda haga otra cosa.
Es de la idea de que no tiene caso que el Centro de Convenciones Siglo XXI esté dentro de Cultur, cuya función es otra. Se tiene que desincorporar y pasarlo al CIC para que con una sola nómina se promueva a ambos recintos.
Cultur se debe dedicar exclusivamente a las zonas arqueológicas, donde hay graves problemas como el ambulantaje de Chichén Itzá que nadie soluciona, el problema de integrar un solo boleto de ingreso a las zonas arqueológicas y la falta de uso de tecnología. No puede ser que en pleno siglo XXI, dice, las personas no puedan hacer sus reservaciones o compras de boletos por computadora o mediante una aplicación para ingresar a las zonas arqueológicas. Sabe que en otras zonas arqueológicas usan promociones para forzar al turista de que se quede un día más en el destino y ha propuesto la creación del boleto “mayan pass” donde pagas el precio de tres boletos, pero recibes 4. Con esta promoción invitas gratis al turista para que se quede un día más y de esa forma podrían llegar al añorado sueño de 2 días de pernocta en hospedaje.
Respecto a las “agencias patito” o “pirata”, Casares Espinosa advierte que cada día crece más este negocio ilegal sin que las autoridades municipal, estatal y federal lo frenen o regulen. Día a día abren más agencias en casas habitación, panaderías, loncherías, restaurantes, en pequeños locales y en otros espacios donde ven oportunidad. Lo grave es que estos negocios ilegales no tienen registro ni permiso alguno, nadie las supervisa ni regula sus ventas, de modo que incurren en fraudes como se ha documentado y denunciado y no pagan impuestos ni tarifas eléctricas comerciales.
“Este problema involucra a todas las autoridades, la municipal por el uso del suelo; la estatal por el registro data tour y la información que deben reunir y reportar, y la federal porque tienen que tener un registro nacional de turismo”, indicó. “Nos estamos enterando que la agencia acusada de fraude por muchas personas que pagaron viajes, ya abrió de nuevo con otro nombre en otro lugar. Ahora se publicita como Ofertas Turísticas o algo así. No puede ser que con tanta facilidad abra y la gente siga cayendo en sus manos impunemente”.
Son más de 120 “agencias patito” en Yucatán y casi igualan a las profesionales y formales, que son poco más de 150, dijo.
“Se necesita trabajar mucho de la mano entre los tres niveles de gobierno para regularlas y controlarlas”, advirtió. “A veces empleados que salen de las empresas promotoras abren su agencia y se llevan el padrón de clientes y empiezan a enganchar a los viajeros, pero siempre terminan con problemas”.
Luego pidió a los tres órdenes de gobierno que regulen esta situación y los formalicen, no que los desaparezcan, sino que trabajen apegados a la normatividad y paguen sus impuestos, como ya lo hace la plataforma de hospedaje Airbnb, que paga el 3%, pero las casas que participan en este modelo de inversión también ya realizan funciones de agencias de viajes, lo que también debe regular y supervisar las autoridades.— Joaquín Chan Caamal