Tras la liberación del psiquiatra P.S.G.G., acusado del asesinato del doctor Felipe Triay Peniche, la familia Triay manifiesta su total desacuerdo y considera que de esa manera se comprueba que la justicia mexicana está en manos de ineptos o de corruptos.
Como publicamos, P.S.G.G. fue liberado luego de permanecer en el penal de Mérida cinco de los 35 años a que fue condenado por el homicidio de Triay Peniche, quien también era psiquiatra.
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La liberación fue gracias a un amparo que fue concedido por un juez de Cholula, Puebla.
Con la libertad de P.S.G.G. ya no queda nadie preso por el asesinato de Felipe Triay, ocurrido en 2014, pues a principios del año pasado el otro acusado, E.L.G., fue declarado inocente por otro juez federal.
Comunicado familiar
Ante los recientes hechos, la familia Triay emitió el siguiente boletín con el título: “Funcionarios ineptos o perversos”.
“Es importante que Yucatán se siga considerando un lugar seguro”, declaró ayer P.S.G.G. a las puertas del penal cuando obtuvo su libertad, tras cumplir cinco de los 35 años de cárcel que le fueron impuestos al comprobarse que asesinó, con premeditación, alevosía y saña, al doctor Felipe Triay Peniche.
Y la familia Triay por primera vez está de acuerdo con este homicida.
Consideramos de suma importancia que las autoridades locales y federales, que no coinciden entre sí con la aplicación de la Ley y tampoco con la justicia, se metan esas palabras tras las orejas y se den cuenta que si un asesino anda suelto no puede haber seguridad, y menos cuando ese asesino en un psiquiatra a quien el Estado le autorizó el cuidado, prevención y atención de la salud mental de los yucatecos.
Pablo García, condenado tras un centenar de pruebas físicas y científicas, obtuvo ayer tarde su libertad inmediata merced a un amparo que un juez de Cholula, Puebla, le concedió no sabemos por qué.
Lo que sí sabemos, y comprobamos una vez más, es la grave deficiencia en la justicia mexicana en manos de ineptos o de corruptos, que para este caso tiene un denominador común: la libertad de un homicida.
Esta liberación sólo se explica de la siguiente manera: que la Fiscalía del Estado, que es la representante social de todos los yucatecos, no haya cumplido con su trabajo por ineptitud, ignorancia o fines abyectos; que los jueces que llevaron el caso hayan actuado de manera similar, con cualesquiera de esas tres aberrantes suposiciones o, que tras un juicio legal y honesto haya una mano negra capaz de pisotear la justicia y con ella nuestros principales valores cívicos y morales.
Por cierto, sobre esta liberación, según medios locales, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado declaró que el caso de P.S.G.G. es cosa juzgada, en lo que de ninguna manera coincidimos porque no se conocen oficialmente los términos del amparo y no se conocerán antes de 10 ó 15 días.
Lo que se diga ahora no pasará de ser especulaciones.
Para que Yucatán se siga considerando un lugar seguro, como declaró el homicida del doctor Triay Peniche -y no sabemos si lo dijo por burla pero tiene el mismo valor- será necesario que se investigue a fondo dónde está el error, pues una autoridad dice una cosa y otra señala lo contrario, y por lógica una cosa no puede ser y no ser a la vez.
Y tras esa investigación, que deberá ser exhaustiva y profunda para llegar a las raíces del problema, deberá castigarse al culpable para evitar más asesinos en las calles de este Estado seguro y para evitar que más funcionarios ineptos lleguen a los puestos públicos o, no menos igual de grave, que una mano negra mande al sumidero de las miasmas todo un sistema de justicia, en un país regado con abundancia con sangre de gente inocente.