Sobre la iniciativa ciudadana 3 de 3 presentada al Congreso, María Eugenia Núñez Zapata, fundadora de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán, afirmó que “las redes de poder andan por allá diciendo que es anticonstitucional, queriendo argumentar lo de la presunción de inocencia y lo del principio de debido proceso”.
“Pero realmente no es así porque lo que estamos pidiendo que se plasme en la Constitución no tiene que ver con eso. Son criterios de elegibilidad para privilegiar la idoneidad de los funcionarios”, recalcó.
La doctora Sandra Peniche Quintal señaló que la sociedad necesita evolucionar, pero que mientras haya funcionarias y funcionarios que están ejerciendo violencia a modo sobre las víctimas, no se podrá.
“Esta ley va dirigida a que los funcionarios que van por cargos no sean delincuentes. Es lo menos que podemos pedir”, indicó.
Las activistas reconocieron que aunque no pueden interferir en los tiempos del Congreso, la iniciativa primero se tiene que aprobar en comisiones y luego pasar al pleno; pero confiaron que el 8 de marzo se apruebe.
Con documento en mano en la rueda de prensa, las activistas subrayaron que solo en 2021 hubo 853 sentencias en materia de lo familiar con causal de pensión alimenticia y de guardia y custodia, con más de tres años de antigüedad e inclusive, hubo uno de 20 años.
“Están los expedientes de tres años en adelante, y si sumamos los años de retraso nos dan 247 años que el Estado le otorga el beneficio de la impunidad a los victimarios, a los violetos, y 247 años que revictimiza a las y los niños. Hay que decirlo con firmeza: esto se acabará con la iniciativa ciudadana”, indicaron.
“La iniciativa tal vez incomode a la gente del poder, pero el pueblo es quien manda”, dijo María Eugenia Núñez.— Iván Canul Ek