Resulta inadmisible que mientras las comunidades mayas se reúnen para exigir el cierre inmediato de las megafábricas de cerdos y el respeto a su derecho a la libre determinación y a vivir en un medio ambiente sano, los gobiernos federal y estatal en una muestra más de racismo realicen acuerdos y foros en los que las comunidades indígenas vuelven a estar invisibilizadas, dice el equipo Indignación en un boletín.
“Es preciso recordar que las comunidades mayas han exigido tanto al gobierno federal como al estatal el respeto a su derecho a la libre determinación frente al negocio porcícola”.
“Hace un mes, representantes de las comunidades afectadas sostuvieron en la comunidad de Homún una reunión con funcionarios de la Semarnat, donde les hicieron llegar información sobre las diversas violaciones que las megafábricas de cerdos causan en sus territorios”.
“En ese encuentro , además, se solicitó la presencia de la secretaria María Luisa Albores González para que de manera directa presenciara esos impactos. A la fecha, la funcionaria no ha dado respuesta a las comunidades, pero sí se ha reunido con el gobernador, uno de los principales impulsores de la industria porcícola”, señala el escrito.
“Mientras en Homún y Mérida se reunían pobladores y pobladoras mayas para exigir un alto al avance de la agresiva industria porcícola en sus territorios, el gobernador Mauricio Vila Dosal y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, sostenían, de manera cínica e hipócrita, un encuentro para intercambiar información sobre las megaranjas porcícolas impuestas en Yucatán”.
“Las comunidades mayas del estado han solicitado el diálogo con autoridades municipales, estatales y federales, han realizado autoconsultas en las cuales han dicho no a las megagranjas de cerdos, han realizado peticiones formales y juicios de amparo para ejercer su derecho a la libre determinación, han realizado manifestaciones pacíficas”.
“A pesar de todo ello, las autoridades de los tres niveles de gobierno siguen respaldando a las grandes empresas porcícolas omitiendo el derecho que los pueblos tienen a decidir sobre su territorio y el ejercicio de su soberanía como pueblos originarios”, se indicó.