Un grupo de abogados laboristas denunció anomalías en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Yucatán (Cecoley), que afectan a los procesos de conciliación de los trabajadores.
Los abogados acusaron tráfico de influencias y violaciones a derechos fundamentales como el hecho de que un trabajador pueda hacer uso de un asesor jurídico para poder llegar a un arreglo.
“Esto viola garantías constitucionales de legalidad, de certeza jurídica y de audiencia”, señaló el abogado José Luis Mijangos Palomo.
Por su parte, el abogado Isidro Uicab Huchim contó que el 17 de febrero pasado acudió a una audiencia de conciliación con su cliente, la cual fue atendida por una conciliadora de nombre Patricia Margarita Narváez Zapata.
“Al iniciar dice que va a ser rápido que porque necesita irse a su casa. La trabajadora le dice que fue obligada a firmar una renuncia y la parte patronal dice que van a llegar a un arreglo, entonces la conciliadora la presiona para que ella acepte una cantidad de dinero, cantidad que la parte patronal tampoco estaba ofreciendo”, dice.
El abogado señaló que intervino como asesor jurídico y le hizo ver a la conciliadora que su función era, en este caso, emitir su constancia de no conciliación y turnar a los tribunales, pero la conciliadora lo sacó de la oficina, acusa, de una manera prepotente.
Multa y policía por recordar sus funciones
“Voy a hablar a mi jefa y vas a ver si no te vas a ir”, le habría dicho la conciliadora al abogado y procedió a llamar a la directora Grettel Giovanna Escalante Rendis, quien lejos de entender la situación, multó al abogado y le dijo a la trabajadora que él ya no iba a ser su abogado, a pesar de que no tiene esa atribución. Momentos después llamó a la policía para que se lleven al abogado, pero la policía, al no existir delito, no lo detuvo.
“El día 8 de marzo me llega una multa a mi domicilio y ellos ponen que la trabajadora (clienta) le puso la multa. Es incongruente que ella lo solicite, abusaron de su autoridad para ubicar mi domicilio particular“, señala el abogado.
Además, la conciliadora de nombre Patricia Margarita emitió constancia de no conciliación el día 17 de febrero por el mismo caso, pero en un documento puso fecha 17 de febrero y en la otra con fecha 24 de marzo.
Cuestionan si conciliadora sería beneficiaria de tráfico de influencias
El abogado consideró que la servidora pública no tiene los conocimientos para ocupar el puesto y a pesar de que se lo han hecho del conocimiento de la directora, no ha recibido ningún tipo de sanción.
El abogado consideró que la conciliadora ocupa un puesto por “tráfico de influencias” ya que uno de los requisitos para ocupar el puesto, de acuerdo con las bases publicadas se el Diario Oficial del Estado el 16 de agosto de 2022, es que la o el postulante cuente con al menos tres años de experiencia laboral, pero de acuerdo con el registro Público de Profesionistas Narváez Zapata cuenta con una cédula profesional desde el año 2022, es decir, el mismo año en que se publicaron las bases.
Sin embargo, se pudo constatar que esta persona trabaja desde 2021 y hasta septiembre de 2022 como escribiente en la oficina del director de la entonces Junta de Conciliación y Arbitraje, recibiendo un sueldo de poco más de 6 mil pesos mensuales.
Los abogados señalaron que ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción la cual quedó asentada en la carpeta de investigación 643/2023 y realizarán lo propio ante la contraloría, esperando que las autoridades investiguen a los conciliadores, pues no es el único caso de esta naturaleza e incluso se señala que hay varios que no cuentan con una cédula profesional