En Yucatán, la industria restaurantera tiene rostro femenino, afirma Claudia González Góngora, presidenta de la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).
Como sustento de su afirmación, cita que el 56% del personal que labora en los restaurantes de todo Yucatán son mujeres “que a diario dan forma a la herencia culinaria del Estado”.
“Por ello, para la Canirac es muy importante que se impulsen acciones que garanticen un Estado más seguro y con más oportunidades para las mujeres en los 106 municipios”, añade.
“Hace poco se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2023, que realiza el Inegi, y pudimos ver datos preocupantes sobre las mujeres, pues a nivel nacional nuestra tasa de participación económica es del 45.9%, mientras que la de los hombres es casi de un 80%”.
La dirigente señala que, hoy más que nunca, “es vital que todos y cada uno de los municipios de la entidad tengan instancias que trabajen en aras de una mayor igualdad entre hombres y mujeres y, sobre todo, por el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”.
Equidad en Yucatán
Los conceptos de Claudia González, quien hace unos días fue reelecta para un período más al frente de Canirac Yucatán, son respuesta a preguntas que le formulamos sobre la iniciativa del Ejecutivo —que está en curso en el Congreso— para expedir la Ley que Regula a las Instancias Municipales de las Mujeres y modificar la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán en materia de igualdad entre mujeres y hombres y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Este proyecto de ley establece que los ayuntamientos deberán contar con instancias municipales de las mujeres.
La maestra González Góngora dice lo siguiente:
—En Yucatán, los 106 municipios ya cuentan con un Instituto de la Mujer. Es importante la aprobación de la iniciativa de ley, porque así su creación ya no queda en la cancha de la voluntad política de las siguientes administraciones municipales. Sería de manera permanente porque se elevan esos institutos a rango de ley y se les blinda frente a retrocesos.
—Elevarlas a nivel de ley brinda certeza jurídica en cuanto a la estructura y funcionamiento de las instancias y se generan mayores condiciones de estandarización de sus procesos y servicios en beneficio de las mujeres usuarias, además de que formaliza la asignación de presupuesto a sus actividades.
—El combate a la violencia de género requiere del elemento de la corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno. La existencia de las instancias (municipales) ha demostrado ser una herramienta eficaz para la detección oportuna de casos que requieren atención inmediata, al ser los ayuntamientos la autoridad más cercana a la ciudadanía.
—Si estamos hablando de igualdad, el primer paso para garantizarla es asegurarnos de que la ubicación geográfica no sea un factor que determine si una mujer podrá acceder a los beneficios de una instancia municipal.
—En ese sentido, también es esencial que sepamos cuál será la labor de estas instituciones y que haya reglas claras acerca de las responsabilidades de quienes laboren en ellas. Considero acertado que en esta iniciativa no solamente se haya considerado la obligación de los municipios para crear estas instancias, sino también una ley que las regule.