Patricia McCarthy Caballero, integrante del comité coordinador del Frente Cívico Familiar, sostiene que siempre se han utilizado los programas sociales de asistencia con fines políticos, pero se avizora un uso “cada vez más descarado” al acercarse los tiempos electorales.

Y ese mal uso, previene, es posible porque “estamos en la era de la opacidad, en la era de la violación a la ley y del no pasa nada”, en la que todo se permite.

La maestra McCarthy Caballero señala que la esencia de un programa social es combatir la pobreza, pero, lejos de eso, los programas han pasado a formar parte de una estrategia política, como claramente dijo hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ayer publicamos la primera parte de una entrevista que concedió la exconsejera del Instituto Nacional Electoral (INE) en Yucatán. En esa entrega declaró, entre otras cosas, que de aquí a 2024 se verá una escalada no solo en el monto de los programas sociales sino en el intento de vincular estos apoyos con la figura presidencial y el partido que representa el presidente.

También dijo que es tan sutil la manipulación que mucha gente sigue creyendo que le debe el apoyo a la persona —en este caso el presidente López Obrador y su partido—, aunque se le haga ver que proviene de dinero de todos los contribuyentes.

Mayor gravedad en la estrategia política

Al ampliar sus comentarios, la maestra McCarthy recalca que, en el discurso, el presidente López Obrador ha legitimado esa estrategia de uso político de los programas sociales, pero hay elementos que agregan un mayor nivel de gravedad al asunto.

“Estamos en un escenario de ataques constantes al INE y al Tribunal Electoral, que son los árbitros que pudieran controlar o evitar que esto se salga de las manos”, apunta. “Por el otro lado, la Fepade (Fiscalía Especializada en Delitos Electorales), que es el organismo encargado de sancionar estos delitos, está totalmente copada por una persona que ha sido cercano colaborador de AMLO durante muchos años, que es José Agustín Ortiz Pinchetti”.

Y añade otro factor: la forma como llegan los apoyos a sus destinatarios, con una estructura de campo que se ha ido perfeccionando en los últimos años mediante la figura de los Servidores de la Nación y su identificación con el partido en el gobierno, en abierta violación a disposiciones legales.

“Los Servidores de la Nación, vestidos con chalecos color guinda, son los que levantan las padrones y reciben las listas de los que han sido dados de alta”, abunda. “La gente tiene que ir a las casas de los Servidores, y esto lo pudimos constatar en nuestra última observación electoral. Cuando se inscribe en un programa social, la gente va a la casa del Servidor de la Nación para ver si ya está su nombre en la lista. No acude a la autoridad”.

“Las transferencias, que cada vez son más apoyos directos entregados personalmente a los individuos, se concretan a través de estas estructuras que están plenamente identificadas con el partido en el poder”.

La entrevistada recuerda que con la aprobación de la Ley General de Desarrollo Social, en 2004, se logró un cambio importante al menos en la reglamentación y difusión de los programas sociales.

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Paso a la opacidad

“Había un conjunto de reglas de operación muy claras y se tenía que cumplir una serie de requisitos hasta en la redacción”, prosigue. “Se conocían los beneficiarios, los montos, los plazos de entrega… Todo esto se ha venido perdiendo a lo largo de los años. Ahora hay opacidad en los mismos programas, en los beneficiarios y hasta en quienes los entregan”.

En cuanto a los potenciales votos que representan las transferencias directas, la exconsejera del INE hace notar que esta situación va más allá de las personas que están en los padrones.

Cita como ejemplo el programa de pensión de adultos mayores: “No pensemos solamente en el número de personas que lo reciben, sino en sus familias. Toda la familia, sobre todo en el ámbito rural, se ve beneficiada por esa pensión que le llega a uno de sus miembros”.

Entonces, insiste, el impacto es mayor, no solo en el beneficiario directo. Es algo que impacta en toda la familia porque mucha gente sigue creyendo que le debe el apoyo a la persona.

En cuanto al efecto que podría tener esa estrategia en las elecciones de 2024, la maestra en Gestión Ambiental señala que puede ser de mucho impacto.

“Lo que pasará es que todos los partidos van a hacer uso de esta posibilidad”, afirma. “Así ha sido. Tradicionalmente los programas sociales han sido usados con fines electorales prácticamente por todos los partidos, solo que ahora lo vemos en un grado mucho mayor, con un nivel de descaro y de incumplimiento a la ley que ni siquiera cuida las formas”.

Agrega que esta práctica conduce a que cualquier partido en el poder haga los mismo con sus propios programas.

“Hay que estar alertas del manejo que puedan tener estos programas sociales en todos los partidos que gobiernen, a nivel federal, estatal y municipal, porque ya se vale todo”, deplora.