CIUDAD DE MÉXICO.— El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió que la Procuraduría Agraria deberá facilitar los documentos relacionados con el Tren Maya y las afectaciones que se han presentado en las tierras del ejido de Tebec, Umán.
De acuerdo con un comunicado, al presentar el caso ante el pleno de INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del INAI, planteó que esta resolución se enmarca en la misma línea de la controversia constitucional, presentada por el INAI ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 10 de diciembre de 2021, contra el acuerdo que declaraba los proyectos y obras del Gobierno Federal como asuntos de seguridad nacional, en la que se argumentó que dicho acuerdo era “un obstáculo para la transparencia”.
Recordó que la lucha por evitar las reservas de información no ha sido fácil, porque el mismo día que la SCJN le dio la razón al Instituto al invalidar el acuerdo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo Decreto que declaró de interés público y seguridad nacional las obras del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
En ese momento, indicó, el INAI no contaba con el quórum suficiente para sesionar, por lo que no podía presentar una nueva controversia constitucional, afirmó la funcionaria.
“Hoy, gracias a que el Máximo Tribunal habilitó al INAI para reactivar este Pleno con cuatro comisionados, nuevamente tenemos la oportunidad de defender el derecho a saber en torno a proyectos y corroborar que la publicidad sea la norma y la clasificación de la información, la excepción”, enfatizó.
Según se informa en el documento, una persona solicitó a la Procuraduría Agraria todos los documentos oficiales que obren en su poder y se relacionen, con el proyecto del Tren Maya y la afectación de superficies de tierras del ejido de Tebec, Umán, de octubre a diciembre de 2022.
A raíz de la solicitud, la Procuraduría Agraria indicó que localizó un expediente con dos convocatorias de asambleas, del 2 y 11 de diciembre de 2022, sus respectivas actas y el listado de ejidatarios asistentes. Sin embargo, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI, señalando que los documentos y la respuesta del organismo se dieron fuera los plazos establecidos por la ley.
Ante esto, la propia Procuraduría Agraria reiteró su respuesta inicial e indicó que para la entrega de la información debía considerarse lo previsto en el artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2023, en el cual “se declaran como seguridad nacional e interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo del Tren Maya”.
No obstante, el INAI realizó un requerimiento de información adicional, pero este no fue atendido por la dependencia, argumentando que se le notificó dicha diligencia.
En el análisis del caso, Blanca Lilia Ibarra Cadena indicó que la Procuraduría Agraria sí dio respuesta en el plazo establecido por ley, pero no incluyó los documentos localizados.
Además, se determinó que no procedía la reserva de documentos, ya que está basada en la emisión de un decreto general que contradice lo establecido en la ley, en el sentido de que “toda clasificación debe atender a las particularidades de la información solicitada y es necesario aplicar una prueba de daño”.
Finalmente, se analizó la información confidencial de los documentos y se consideró procedente clasificar la huella digital de los ejidatarios registrada en los listados de asistencia a las asambleas.
También se resolvió modificar la respuesta de la Procuraduría Agraria, a fin de que proporcione al solicitante los documentos de su interés.
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