El Ayuntamiento de Mérida logró un acuerdo de pago favorable con banco Santander para finiquitar el conflicto legal de las luminarias entre esta institución y la Comuna, que duró más de once años.
En entrevista con el Diario, el alcalde Alejandro Ruz Castro explica que Santander aceptó la propuesta del ayuntamiento de pagar $475 millones en cinco años, cuando el banco reclamaba el pago de $588 millones, más $302 millones de intereses moratorios, es decir, un total de $890 millones.
Con este acuerdo, dice el alcalde, daremos por terminado el conflicto y éste ya no se heredará a las siguientes administraciones.
Este problema se originó en 2011 cuando la entonces alcaldesa priista Angélica Araujo Lara autorizó el cambio de 82,000 luminarias de vapor de sodio instaladas en toda la ciudad y que estaban en buenas condiciones, por otras tantas de inducción magnética, de fabricación china, muy caras, de mala calidad y prohibidas por la ley en esa época para su uso en el alumbrado público.
Araujo Lara entregó un contrato de arrendamiento financiero por esas lámparas por $468.8 millones, pagaderos a cinco años, a razón de $7.8 al mes, a la empresa ABC Leasing, pero más adelante esta compañía cedió los derechos de cobro al banco Santander.
Al asumir la alcaldía por primera vez en 2012, Renán Barrera Concha y el Cabildo, ante el mal funcionamiento de las nuevas luminarias —15 mil de ellas no funcionaban y las demás tenían un escaso nivel de iluminación—, rescindieron el contrato de arrendamiento y mandaron colocar de nuevo las lámparas de vapor de sodio.
Demanda
Ante esto, la arrendadora y el banco iniciaron una demanda que derivó en una sentencia desfavorable para la Comuna, emitida en 2014 por el juez tercero de Distrito en Materia Civil de Ciudad de México, quien condenó al Ayuntamiento de Mérida a pagar el adeudo al banco.
La Comuna aceptó la sentencia y el 24 enero de 2019 presentó un plan de pago en ese juzgado, consistente en aportar $2.7 millones al mes durante 30 años, sin afectar los servicios del municipio, pero no fue aceptado.
Por el contrario, el 29 de julio, el mismo juzgado emitió un acuerdo donde, “ante el incumplimiento del pago por parte del Ayuntamiento, se notifica que el municipio deberá pagar o procederá el embargo de bienes o cuentas”. Esta diligencia se realizó el 25 de agosto, pero luego fue desautorizada por otro juzgador.
Las negociaciones continuaron en los siguientes cinco años, sin mucho éxito, hasta esta semana que ambas partes llegaron a un acuerdo conciliatorio.
El acuerdo
Según el alcalde de Mérida, este acuerdo consiste en liquidar la deuda fijada en $475 millones, haciendo un pago inicial de $175 millones y un pago prorrateado a 60 meses a razón de cinco millones al mes, para completar los 300 millones restantes.
“Ya tenemos estos $175 millones, porque cuando dimos a conocer nuestro plan de pago en 2019, que fue rechazado, la Comuna de todos modos fue reservando una cantidad mensual para eventualmente saldar la deuda. Esa cantidad ahora suma esos $175 millones, que daremos como pago inicial”.
Añade que en agosto, “antes de irnos, daremos el primer pago de las 60 mensualidades, es decir, otros cinco millones, por lo que esta administración ya habrá aportado casi el 40 por ciento de la deuda total, de modo que a los siguientes ayuntamientos solo les quedará la obligación de pago de $60 millones al año”.
Esta cantidad representa apenas el 0.8 por ciento del presupuesto anual del Ayuntamiento, que asciende a $7,000 millones, más o menos, y en nada afecta los programas prioritarios del municipio, ni la prestación de los servicios públicos, dice Ruz Castro.
“La buena noticia es que de esos $890 millones que pretendía cobrar el banco, ahora solo pagaremos $475 millones, poco más de la mitad”.
Para firmar el convenio de pago con el banco, el Ayuntamiento necesitará el permiso del Cabildo, que deberá conocer los plazos de pago y las cantidades y luego buscar la aprobación del juez. Si éste lo aprueba, entonces será el fin de los procedimientos legales y la Comuna podrá realizar el primer pago de $175 millones.
Lo que quiero resaltar, afirma el alcalde, es que el municipio está generando las condiciones para llegar a un buen acuerdo “y dejarle a las siguientes administraciones un riesgo menor de que la deuda pudiera seguir creciendo o que el banco pudiera cobrarle a la Comuna en condiciones poco favorables”.
Patear la lata
“En este caso no pateamos la lata, por el contrario”, señala Ruz Castro. “Nuestra intención siempre fue evitar que nos cobren de la manera como quería el banco y por eso la buena noticia es que logramos sensibilizar a esa institución para que acepte el plan de pago que propusimos que, insisto, no afecta a la prestación de los servicios a la comunidad”.
Cerrar el procedimiento
Agrega que el legado que se les deja a las siguientes administraciones es precisamente continuar con el acuerdo firmado y cerrar el procedimiento legal, “porque ya no tendrán ningún problema, más que cumplir con el pago que se les ha determinado”.
Otra ventaja del acuerdo, explica el subdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Mérida, Jaime Emir Acopa Brito, presente en la entrevista con este periódico, es que impide que el conflicto se pueda alargar y complicar si avanza la reforma judicial (Continuará).— Hernán javier Casares Cámara
Luminarias Comuna
Más de la entrevista con el alcalde y otros funcionarios del Ayuntamiento de Mérida.
El caso
“Si uno se fija bien, la deuda inicial por el arrendamiento de las luminarias malas y caras era de $468 millones a pagar en cinco años”, señala el secretario de la Comuna, Juan Sauma Castillo.
Buena calidad
“Ahora, empero, vamos a pagar $475 millones pero con luminarias de buena calidad”, dice Sauma.
Se gana
“Donde quiera que se le vea, salimos ganando”, concluye el alcalde Alejandro Ruz Castro.
Investigación
El caso de las luminarias chinas de mala calidad fue objeto de amplios reportajes del Diario en la gestión de Angélica Araujo Lara.