MÉRIDA.- En una carta abierta dirigida a la sociedad en general –publicada hoy en la edición impresa de Diario de Yucatán—, ciudadanos, empresarios y profesionales de distintas ramas manifiestan su rechazo a la iniciativa del Poder Ejecutivo para reformar artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos elacionados con la integración, administración y funcionamiento de los Poderes Judiciales en el país.
Los firmantes señalan que después de un análisis a conciencia de las reformas propuestas por el Ejecutivo Federal “no queda asomo de duda en que, de aprobarse en sus términos, el Poder Judicial se encontraría supeditado a los dictados e incluso caprichos del Poder Ejecutivo y, por tanto, el país terminaría siendo gobernado por una sola persona”.
“Es decir, estamos ante el claro e inminente riesgo de que el Estado Mexicano termine en manos de un régimen totalitario”, subrayan.
En el texto, los ciudadanos firmantes exigen a los diputados y senadores se abstengan de aprobar la reforma judicial. Reconocen que es necesaria una reforma al Poder Judicial, pero no en los términos de la propuesta del Ejecutivo pues “daría como resultado un Poder Judicial empobrecido, ineficiente, permeable a todo tipo de corrupción y supeditado los designios del Poder Ejecutivo, perdiendo sus atributos fundamenteales como son la autonomía, la imparcialidad y la independencia”.
Este es el documento completo:
El socialismo es un ataque al derecho de respirar libremente. Ningún sistema socialista puede establecerse sin una policía política.- W.Churchill. No existe ideología más atractiva que la que se funda en la equidad social, en especial en naciones donde la distribución de la riqueza y el control de la economía está a cargo de un sector reducido de la población. La incongruencia de la oferta de una sociedad igualitaria, está estrechamente ligada al culto al Estado y conduce a los sistemas totalitarios.
Vale la interrogarse si la búsqueda de la justicia social en México, justifica desarticular de manera violenta la forma de vida de decenas de miles de familias comprometidas con el Consejo de la Judicatura Federal. Sin más argumentos que la presunción de corrupción en el Poder Judicial, se pretende imponer una reforma judicial para validar una ideología fallida, cuando la limitación en la impartición de la legalidad en México, es producto de la incompetencia en la tarea de las instancias a cargo de investigar y presentar a quienes actúan al margen la ley.
Sin embargo, más allá de reflexiones y motivaciones de carácter ideológico, es imperativo asumir que la instalación de un sistema dictatorial de gobierno en México, no cederá por la vía de la negociación pasiva o mediante la exposición de razones sobre las deficiencias procesales de la impartición de justicia. Es obvio que la intención última no es reducir el delito o sancionar a quienes lo cometen, si no disolver un poder que tiene funciones de regulación y control en el ejercicio de la función pública.
Preocupa la actitud silente de quienes operar el poder económico en el país. Pese a que la defensa del sistema judicial federal está a cargo de los trabajadores de los treinta y dos circuitos judiciales, el objetivo de desarticular el aparato jurídico que garantiza la legalidad en el país. Se busca crear una nueva estructura social ajustada a la Cuarta Transformación, cuyo propósito fundamental de modificar la economía nacional, conforme la metodología de transformación aplicada en otras naciones, donde el control político está sujeto al apoyo de las fuerzas armadas y la eliminación de quienes constituyen el contrapeso en el equilibrio de una representación gubernamental.
El reloj de la Cuarta Transformación marcha inexorable a cumplir sus tiempos, por lo que se hace indispensable trascender de la búsqueda del diálogo y asumir una postura defensiva ante la intencionalidad que esconde la reforma al poder judicial. Lo que hoy está en juego no es la eficacia del sistema judicial, sino el valor y la justa interpretación de las leyes, para garantizar el estado de derecho y la libertad de ciento treinta millones de personas asentadas en el territorio nacional, ante una autoridad que asume al Estado como el propietario de la nación.
Como víctimas propicias de lo que se anuncia como una reforma al Poder Judicial, hay decenas de miles de profesionistas y trabajadores comprometidos, que entregaron su esfuerzo y dedicación por muchos años. Hoy anticipan el rompimiento de su proyecto de vida, cuya sentencia en condiciones de indefensión no tiene más sustento que la visión y el criterio de un gobernante. Todos los mexicanos queremos un a justicia pronta, eficaz y equitativa, para avanzar en el objetivo de pacificar al país y generar condiciones para vivir con bienestar y armonía; pero ante todo, queremos respirar libremente.