Contra los alegatos de defensa de Rogerio Castro Vázquez, fue su oficina en el Infonavit la que solicitó los servicios que derivaron en contratos asignados a un socio de su hermano, según consta en documentos de la institución.
Fueron “servicios profesionales” por concepto de “consultoría y soporte a órganos colegiados” que se adjudicaron durante todo 2023 y tres trimestres de 2024, hasta que Castro Vázquez dejó de ser secretario general y jurídico del Infonavit al llegar a su final el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El proveedor, como informamos el domingo pasado, fue Enrique Pons Franco, socio de José Luis Castro Vázquez —hermano de Rogerio— en la empresa Docufy, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, que después cambió su razón social a Fírmele, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable.
José Luis Castro dejó de ser parte de esa sociedad mercantil en agosto de 2024, cuando ya estaba por entrar en funciones nuevo gobierno. Durante el tiempo que estuvo como accionista de Fírmele (antes Docufy) el Infonavit asignó contratos a Enrique Pons por los conceptos señalados líneas arriba.
Firma y supervisión
Todos los contratos tienen la firma de Rogerio Castro, como “responsable de supervisión”. Aparecen también las rúbricas del prestador de servicios y de dos apoderados legales del instituto.
El proveedor recibió 150 mil pesos mensuales durante la vigencia de los convenios, de acuerdo con datos consultados en la Plataforma Nacional de Transparencia.
El argumento para el pago de esos servicios es que “dentro de la secretaría general y jurídica se requiere el proyecto de consultoría y soporte a órganos colegiados”.
Hace unos días, Rogerio Castro, hoy delegado de Bienestar en Yucatán, declaró en rueda de prensa que la publicación del Diario sobre estos contratos es “de mala leche” y dijo que no ha cometido delitos, pero no refutó el contenido de nuestra información y tampoco se refirió a su firma que aparece en los documentos.
Fechas y más datos
Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, revisó los contratos del período ya mencionado y encontró los siguientes detalles:
- 1) El primer convenio, con el número 000676, fue firmado el 2 de enero de 2023 y tuvo vigencia de esa fecha al 30 de junio, es decir, seis meses.
- 2) Al finalizar cada contrato se firmaba uno nuevo y así se llegó al segundo semestre de 2024, cuando se suscribió lo que sería el último, con número 001251 y con vigencia del 1 de julio al 30 de septiembre. Rogerio Castro terminó su encomienda en el Infonavit precisamente el 30 de septiembre.
- 3) En cada contrato se indicó que “dentro de la secretaría general y jurídica se requiere el proyecto de consultoría y soporte a órganos colegiados”, de tal manera que “es necesario contratar los servicios profesionales de una persona que cuente con la experiencia, conocimientos y elementos propios y necesarios para desarrollar estas actividades”.
- 4) El concepto anterior confirma que la secretaría general y jurídica, a cargo entonces de Castro Vázquez, fue la que solicitó esos “servicios profesionales”. Por esa razón aparece la firma del funcionario federal como “responsable de supervisión”.
- 5) Las partes acordaron que los honorarios que en forma mensual cubriría el Infonavit “serán de $150,000”.
- 6) Las actividades del prestador de servicios serían aprobadas “por el responsable de supervisión y ejecución”, es decir, Rogerio Castro.
Los presuntos delitos
Abogados consultados por Central 9 ratifican que en este caso Rogerio Castro incurre en faltas al Código Penal Federal y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
De entrada nos señalan un claro conflicto de intereses y la comisión de tráfico de influencias y ejercicio abusivo de funciones, que el Código Penal describe.
Como servidor público, añaden los informantes, a Castro Vázquez se le puede aplicar también la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prohíbe expresamente la asociación con familiares.
Esa ley dice, en su artículo 58, que es una falta administrativa grave que un funcionario actúe bajo conflicto de intereses.
Las sanciones por esta falta grave podrían ser suspensión, destitución, multa económica o inhabilitación temporal para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.
La sociedad mercantil que enlazó al prestador de servicios y al hermano del funcionario federal fue registrada en Querétaro en marzo de 2021.
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