El gobierno del Estado aumentó de 57 a 140 millones de pesos, en solo dos meses, el gasto en contratos eventuales de personal y paga 50 mil pesos mensuales a una empresa de vigilancia por cada empleado de seguridad.
Además, en diciembre pasado erogó doce millones de pesos por supuesta capacitación laboral y también invirtió cinco millones de pesos en uniformes.
Son algunos datos que el diputado Javier Osante Solís detalla después de revisar los dos informes trimestrales de la Cuenta Pública correspondientes al gobierno de Joaquín Díaz Mena.
El legislador de Movimiento Ciudadano externa dudas sobre esos números —los califica de gastos ocultos— y los expone a unas horas de que el pleno del Congreso del Estado vote hoy sobre la iniciativa que propone cambios a la Constitución local para la extinción del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip).
Con la eliminación del órgano garante de la transparencia se da un paso atrás, es un retroceso democrático, subraya Javier Osante, único diputado que votó contra esa iniciativa durante el análisis en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la semana pasada.
“Creo que lo que están haciendo (el gobierno) es un ensayo para ver si las y los diputados nos damos cuenta del mal uso que están haciendo de los recursos públicos”, subraya.
“Si desaparece el Inaip ya no sabremos si es verdad o mentira lo que nos dicen. Por ejemplo, cuando les preguntemos en qué secretarías y a qué funcionarios se capacitó con doce millones de pesos. El gobierno será juez y parte”.
Sobre los presuntos “gastos ocultos” en la Cuenta Pública, dice que el pago de 140 millones por contratos de personal genera dudas y sería bueno saber qué empleados fueron contratados, cuál es su función y en qué dependencias están.
“¿No que el chiste era hacer un gobierno austero, hacer más con menos. Aquí parece que es al revés”, enfatiza.
Añade que el pago de cinco millones de pesos en uniformes quizá es para vestir de color guinda al personal. También cuestiona los $12 millones erogados en capacitación, cuando el Ejecutivo tiene personal altamente capacitado que puede ejercer esa función de instrucción.
“Se me hace incongruente”, apunta. “Por eso no tienen recurso, por ejemplo, para darle más presupuesto a la Uady y para apoyar a las pequeñas empresas”.
Más adelante dice que la iniciativa para eliminar el Inaip tiene la firma del gobernador y, aunque se diga que es para alinearse con un mandato federal, es un retroceso en rendición de cuentas que afecta a los ciudadanos.— ÁNGEL NOH ESTRADA
Mayoría calificada
Javier Osante recuerda que se requiere mayoría calificada —dos terceras partes del pleno legislativo— para la aprobación de las reformas constitucionales que permitan extinguir el Inaip.
No podría el mayoriteo
Se necesitan 24 votos y Morena y sus aliados solo alcanzan 19, apunta. Si no se aprueba regresará a comisiones.
