Manuel Jesús Canul Garrido regresó a su natal Cuzamá después de haber estado privado de su libertad en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Mérida por un año y medio, acusado de cometer violación equiparada contra una adolescente.
La acusación fue hecha por la representación social tras la denuncia interpuesta por la madre de una joven de identidad reservada, quien desde un principio, señaló el abogado Israel Méndez Villafaña, declaró que tales hechos no ocurrieron, “pero la autoridad omitía la declaración”.
El abogado compartió que durante el proceso del juicio, la joven reconoció ante el Tribunal de Enjuiciamiento que las testimoniales presentadas por el Ministerio Público, o la representación social, fueron creadas y le obligaron a firmarlas por su madre, quien habría tenido problemas con Canul Garrido luego de haber trabajado en un restaurante de éste.
“A la autoridad que encausa la acusación, que es el Ministerio Público, se le olvidó el fin del proceso penal acusatorio, que es esclarecer la verdad histórica de los hechos a través de una investigación inmediata, exhaustiva, eficiente, profesional, pero sobre todo, de una manera imparcial”, comentó el abogado.
Además, consideró que no se le puede llamar víctima a una persona por el simple hecho de acudir a señalar a otra de cometer un delito.
Explicó que, a pesar de que existían pruebas a favor del acusado para demostrar su inocencia, por la etapa en que tomó el caso, no pudieron presentarlas. Sin embargo, debatieron las pruebas fabricabas por el Ministerio Público.
Entre ellas, indicó el abogado, está un celular que la representación social presentó. En él, supuestamente, estaba una plática entre Canul Garrido y la joven, y también fotos de una mujer sin ropa.
Méndez Villafaña recalcó que el teléfono no era de su cliente y la Fiscalía tampoco pudo demostrar que fuera de la joven.
Por otra parte, declaró, el MP presentó un informe psicológico en el que la persona encargada expuso que no pudo establecer un resultado, debido a que la joven no colaboraba, pero sí habría asentado que la “víctima dijo que sí ocurrió el hecho”.
El abogado afirmó que la Fiscalía estableció que Canul Garrido habría cometido el mismo delito hasta en ocho ocasiones en contra de la misma víctima, aunque no pudo presentar una sola prueba que sustente lo dicho.
“No hubo una prueba contundente, real o eficaz, fuerte que compruebe que Manuel cometió el delito. De esas ocho veces que la Fiscalía determinó que existió violación equiparada, ninguna pudo comprobar”, aseveró.
Luego de recibir la sentencia firme con la rúbrica de la jueza Blanca Beatriz Bonilla González, presidenta del Tribunal Primero de Enjuiciamiento, el acusado salió del Centro de Justicia Oral de Mérida (Cejom) junto con su abogado.
“Estoy feliz”
Sonriente, se detuvo a platicar con algunos medios de comunicación y recordó que hace año y medio, el 30 de diciembre del 2023, fue detenido con previa orden de aprehensión.
En la audiencia inicial se enteró que una persona, una antigua trabajadora de su restaurante, le había acusado de violación contra la hija de ésta.
“Pero hoy estoy feliz, porque he recibido mi sentencia firme. Después de pasar un año y medio bajo prisión”, manifestó.
Compartió que le ofrecieron una condena reducida si se declaraba culpable, “pero no me rendí, nunca me rendí. Conocimos al abogado y él me dijo que se podía demostrar mi inocencia”.
Relató que durante su tiempo en prisión pasó momentos muy tristes y perdió todo, incluso a su familia.
“Perdemos todo, la tranquilidad. Hay estrés por lo que se vive, no se lo deseo a nadie. No es justo que se le pueda acusar a alguien que no haya cometido un delito”, enfatizó al referirse sobre el trabajo de las autoridades que, lejos de realizar una investigación exhaustiva, prefieren fabricar pruebas para poder inculpar a personas de un delito.
En cuanto a esto, el abogado hizo un llamado a las autoridades estatales para castigar a las personas que rinden declaraciones falsas. Aunque no está regulado por la Ley, en la actualidad no existe algún proceso legal en contra de una persona haya dado alguna declaración falsa.
Aquellos que son acusados regresan a casa después de haber perdido mucho tiempo de su vida en prisión sin que nada ni nadie se los pueda compensar.
“¿Quién le devuelve año y medio de su vida?”, cuestionó el abogado.
Contento, Canul Garrido bajó las escaleras del Cejom y junto con su representante legal caminaron hasta un auto; pues ya podía regresar a casa a iniciar de nuevo.