El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán logró un acuerdo con los coordinadores de bancada del Congreso local para que en 2026 no se aprueben nuevos impuestos ni incrementos a los ya existentes.
Así lo confirmó la presidenta del organismo, Claudia González Góngora, tras una reciente reunión con legisladores.
La empresaria señaló que durante el encuentro presentaron un diagnóstico sobre la carga fiscal que enfrentan actualmente las empresas yucatecas.
“Yucatán es uno de los siete estados que tenemos todos los impuestos estatales que se pueden cobrar a nivel nacional y es de los que aplican estas contribuciones estatales más altas”, dijo en entrevista con el Diario.
De acuerdo con los datos expuestos por el CCE, la recaudación local pasó de 4,077 millones de pesos (mdp) en 2019 a 7,530 mdp en 2024, lo que representa un crecimiento superior al 84%. En cuanto a recaudación per cápita, la entidad se ubicó en 2024 en $1,432, por debajo del promedio nacional de $1,586.
Ante ello, “nosotros no vemos viable que haya algún incremento e inclusive que se crearan nuevos impuestos o derechos”, afirmó.
“Lo que nos deja tranquilos es que en todas estas juntas ya nos platicaron que la situación económica en Yucatán va bien, o sea, lo que nos comentan es que está estable y que no se requeriría llegar a este tema de incrementar impuestos”.
Los diputados aceptaron firmar un compromiso formal para votar en contra de cualquier iniciativa que plantee nuevos gravámenes o incrementos durante el ejercicio fiscal 2026. “Nos dijeron que estaban a la disposición de firmar un documento, votar en contra de incrementos o de que hagan nuevos impuestos o derechos”, indicó.
Este acuerdo, añadió, brinda tranquilidad al sector empresarial, que enfrenta un contexto económico retador debido a la baja en el consumo interno, los efectos de la renegociación del T-MEC y la presión de nuevas obligaciones laborales.
A ello se suma el incremento del salario mínimo y el ajuste al IEPS para bebidas azucaradas que, dijo, “lo terminará pagando el consumidor final”.
Además, dijo, están las discusiones sobre la jornada de 40 horas y aguinaldo de 30 días. “Aunado a que el próximo año vamos a tener retos importantes en la parte laboral para los sectores empresariales como el incremento del 12% del salario mínimo”.
Otro de los puntos planteados a los líderes de las bancadas fue la revisión del Impuesto Sobre Nómina, actualmente de 3%. “Este es un impuesto que impacta directamente porque por cada empleo que generamos, por cada por salario que le pagamos al colaborador, tenemos que pagar el 3%”.
Además del tema fiscal, el CCE propuso trabajar en conjunto con el Congreso una iniciativa de mejora regulatoria, enfocada en homologar trámites municipales y revisar los cobros por derechos.
Claudia González advirtió que en varios municipios se detectaron aumentos desproporcionados en licencias de funcionamiento. “Hay unos que tienen un incremento de más de 1000% comparado con 2024… otros de 500, de 200, de 300%”, reveló.
“Los diputados se comprometieron a revisar estas observaciones que les estamos solicitando, de que haya la certeza jurídica y el marco legal suficiente para evitar este tipo de situaciones de incrementos muy altos de un año para otro en trámites y en derechos”.
Según la presidenta del CCE, el incremento en licencias y derechos podría desalentar la inversión en el interior del estado, pues en algunos casos los municipios cobran licencias “mucho más caras que en Mérida”.
Incluso reportó casos en los que empresas pasaron de pagar $30,000 a más de $400,000, y, en algunos municipios, hasta un millón por el mismo trámite.
El sector empresarial también planteó la necesidad de revisar la Ley de Procedimientos Electorales, en especial en lo referente a la Ley Seca. “Vemos pérdidas de 50% a 70% en ese fin de semana (de elecciones)”, explicó, además de afectaciones en toda la cadena de valor y un aumento en el clandestinaje.
Claudia González recordó que en otros estados las restricciones se han reducido o eliminado en restaurantes, sin registrar incidentes mayores.
Con miras al proceso electoral de 2027, el CCE busca que la regulación se actualice para no perjudicar al turismo, del cual proviene una parte esencial de la economía yucateca.
“Si dependemos del turismo… el turista no comprende que tenga que estar en una ley seca”.
La propuesta, dijo la presidenta del CCE, es la reducción de horas de la ley seca o la exención en restaurantes donde el consumo de bebidas es con alimentos. Además, señaló, la ley seca “incentiva el clandestinaje para la compra venta de bebidas alcohólicas”.— IVÁN CANUL EK