En Yucatán, la deuda alimentaria se consolida como un daño persistente. Detrás de expedientes que avanzan con lentitud y resoluciones que no siempre se cumplen, hay infancias que crecen con carencias materiales y madres que asumen en solitario una responsabilidad que, legal y éticamente, debería ser compartida. En este escenario surge y se fortalece el colectivo Ley Sabina Yucatán, integrado principalmente por mujeres que transformaron su experiencia de abandono institucional en una lucha colectiva por la garantía de derechos.
El nombre del colectivo retoma una iniciativa impulsada a nivel nacional que busca sancionar con mayor firmeza a los deudores alimentarios y visibilizar una forma de violencia que durante años se normalizó. En el ámbito local, la Ley Sabina no es solo una consigna, sino una plataforma de exigencia y acompañamiento que denuncia el incumplimiento de las pensiones alimenticias y la respuesta deficiente de las autoridades encargadas de hacerlas efectivas.
La agrupación ha ganado presencia pública mediante protestas pacíficas, acompañamiento jurídico y la exposición social de una problemática que, sostienen, no es individual, sino estructural.
Para Siloé Fuentes, activista del colectivo Mujeres en Resistencia MX e integrante de Ley Sabina Yucatán, el panorama resulta complejo y profundamente desigual. En entrevista explica que muchos de los deudores alimentarios se niegan a pagar porque saben que, en la práctica, las consecuencias legales son mínimas o tardías.
Aplicación de la ley en Yucatán
La ley existe, afirma, pero su aplicación es errática y depende con frecuencia de la voluntad de quienes imparten justicia.
“El problema no es que no haya leyes o instituciones; el problema son los servidores públicos que no las aplican y que no cuentan con una formación real con perspectiva de género, de infancia y de violencia”, sostiene.
Desde su experiencia, los tiempos judiciales evidencian sesgos persistentes. Cuando una mujer presenta un memorial o promueve un acuerdo, el trámite puede tardar meses más que si lo hace un hombre. Situaciones similares se registran en la fiscalía, donde las denuncias interpuestas por mujeres avanzan con lentitud y reciben un trato que minimiza la urgencia de garantizar alimentos para niñas y niños. Esta dilación, subraya, no es un asunto administrativo menor, sino una forma de violencia institucional con consecuencias directas en la vida cotidiana de las familias.
Actualmente, el colectivo tiene registrados alrededor de 30 casos activos. Sin embargo, Siloé aclara que esta cifra no refleja la dimensión real del problema. En meses recientes, cerca de 80 madres lograron regularizar el pago de la pensión alimenticia, ya sea mediante abonos parciales o la liquidación de adeudos, lo que redujo de manera temporal el número de casos en seguimiento. Aun así, los procesos no se consideran concluidos, ya que la obligación alimentaria se extiende hasta que las hijas e hijos alcanzan la autonomía económica, generalmente al finalizar estudios universitarios. La regularización de pagos, explica, no representa justicia plena, sino apenas un respiro en una lucha de largo aliento.
Automatización de registro de deudores, pendiente
Uno de los principales obstáculos señalados por el colectivo es la falta de automatización en el registro de deudores alimentarios.
Aunque la legislación establece plazos claros para que una persona sea inscrita cuando incumple de manera continua con sus obligaciones, en la práctica hay casos en los que los jueces tardan un año o más en realizar este trámite. La consecuencia es que los deudores continúan su vida sin restricciones, mientras madres e infancias esperan. Desde la perspectiva del colectivo, la solución pasa por un sistema automatizado que elimine la discrecionalidad y permita que, una vez cumplidos los plazos legales, la inscripción sea inmediata.
La interlocución con autoridades ha sido constante, aunque no siempre efectiva. Integrantes del colectivo han sostenido reuniones con representantes del Poder Judicial para exponer estas problemáticas y plantear soluciones concretas.
Si bien se abrieron canales de diálogo y se asumieron compromisos de seguimiento, Siloé considera que aún falta voluntad política para transformar de fondo la atención de la deuda alimentaria. “No se trata de buenas intenciones, sino de acciones estructurales”, enfatiza.
Desde el colectivo se insiste en que la deuda alimentaria no puede reducirse a una discusión económica. Se trata de una forma de violencia de género y de violencia vicaria, en la que el incumplimiento se utiliza como castigo hacia las madres, con afectaciones directas en hijas e hijos. En muchos casos, relatan, los deudores expresan abiertamente que no pagarán para “ver cómo le hacen”, trasladando toda la carga material y emocional a las mujeres. Esta dinámica, advierte Siloé, deja huellas profundas y duraderas en el desarrollo de las infancias.