Una investigación de tres agrupaciones nacionales de la sociedad civil da cuenta de una serie de desafíos que enfrenta la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, entre ellas mejorar la rendición de cuentas.
Se concluye que la policía estatal yucateca presenta importantes retos en materia de desarrollo institucional y que se requiere un esfuerzo coordinado para mejorar el cumplimiento normativo de la corporación en cada eje del desarrollo policial evaluado, “lo que sin duda implica un mayor compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas”.
“La implementación de acciones concretas en estas áreas permitirá avanzar hacia una policía más profesional, eficaz y confiable, capaz de responder a las necesidades de seguridad de la ciudadanía”, establece el informe.
También se manifiesta que Yucatán se ha consolidado en los últimos años como una de las entidades más seguras del país y que este reconocimiento no es fortuito, sino que está vinculado con la existencia de una estructura institucional relativamente sólida en materia de seguridad y procuración de justicia.
La asociación Causa en Común, en colaboración con Perteneces e Impunidad Cero, dio a conocer el Informe nacional de transparencia del desarrollo de las instituciones de seguridad pública, penitenciarias y de procuración de justicia por estado 2025.
Se informa que a partir de información pública de las 32 entidades del país, el informe busca ofrecer una radiografía de la situación actual, mostrando tanto buenas prácticas como profundas deficiencias que requieren atención inmediata.
Debilidades estructurales
El informe evidencia las debilidades estructurales de las instituciones de seguridad y justicia del país y también alerta sobre la importancia del acceso a la información y la transparencia como herramientas de rendición de cuentas.
La amplia investigación aborda diversos aspectos. En esta entrega se hará referencia a las conclusiones relacionadas con la policía estatal de Yucatán y posteriormente se abordarán las referentes a la Fiscalía General del Estado.
La calificación global de los índices se presenta con signo negativo para mostrar la distancia que hay entre lo que dice la normatividad que deben tener y lo que informan las instituciones que tienen. La calificación va de -100 a 0, de tal forma que entre más cercana a cero, la calificación indica mayor cumplimiento, y mientras más cercana a -100 más alejada está la institución de cumplir sus obligaciones legales, se explica.
La información que se evaluó en el presente ejercicio corresponde al periodo 2024.
En las conclusiones, se afirma que la evaluación del desarrollo institucional de la policía estatal de Yucatán, con una calificación global de -70, en una escala de 0 a -100, revela una situación marcada por la necesidad de fortalecer diversos aspectos clave.
“Una calificación que también es influida por la entrega parcial de información de 76%, lo que impidió tener una visión completa del estado actual de la corporación y evidenció la necesidad de mejorar los mecanismos de acceso a la información y promover una mayor rendición de cuentas”, se establece.
En las conclusiones también se da cuenta, entre otras cosas, de lo siguiente sobre la policía estatal yucateca.
Solicitud sin respuesta
“En el eje de la carrera policial, no fue posible calcular el Índice de Estabilidad Laboral, debido a que la institución no respondió la solicitud de información y tampoco informó si realizó la promoción de grados. Lo anterior contrasta con el hecho de que cuenta con los cinco instrumentos del servicio de carrera”, señalan.
En el eje de profesionalización, se indica que es fundamental transparentar la escolaridad de los mandos, la eficiencia terminal y el costo de formación inicial por cadete.
“La adopción de un Programa Especial de Actualización para homologar los conocimientos de los policías en activo es también imprescindible”, se afirma.
“En materia de régimen disciplinario, se requiere mejorar la difusión del código de conducta mediante cursos, talleres y otros mecanismos, así como fortalecer los canales de denuncia de conductas indebidas, implementando oficinas externas y medios alternos.
Sin protocolo
“La Unidad de Asuntos Internos no cuenta con un protocolo de actuación para el desarrollo de las investigaciones, carece de lineamientos específicos para la recepción de quejas internas y si bien en su reglamento se contempla un mecanismo de alerta temprana y la intervención preventiva, no se aportó evidencia alguna en este sentido”.
“No se obtuvo información respecto al número de inspecciones y supervisiones realizadas por la unidad de asuntos internos, ni de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por los policías.
“En el eje de perspectiva de género, se observan deficiencias significativas. No existe un protocolo de actuación policial en materia de violencia de género, tampoco cuenta con un mecanismo para prevenir, atender y sancionar casos de violencia por razón de género dentro de la policía”.
“Además, es preciso transparentar información que permita evaluar aspectos clave como la brecha de género, es decir el porcentaje de mujeres que colaboran en la institución, sus funciones y si ocupan posiciones de mando, así como el número de personas capacitadas y la composición de los órganos colegiados para impulsar un mecanismo que adopte la paridad de género”, señala, entre otras cosas, el análisis.
“En el eje del uso progresivo de la fuerza, la evaluación revela deficiencias críticas. La ausencia de un programa de evaluaciones específico dificulta la supervisión y el control del accionar policial en este ámbito. Si bien se dispone de un protocolo para el uso de la fuerza, éste corresponde al del servicio de protección federal.
“La falta de un protocolo para el uso de cámaras corporales y de un registro y seguimiento de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por los policías, son otros aspectos que merecen atención”.