Desde la experiencia del colectivo Ley Sabina Yucatán, la deuda alimentaria se vuelve aún más difícil de combatir fuera de Mérida, donde falta capacitación institucional y no hay cercanía entre autoridades y deudores, advierte Siloé Fuentes, una de sus integrantes.
Esto expone a las mujeres a filtraciones de información, represalias y nuevas formas de violencia al exigir el cumplimiento de este derecho, refirió.
El problema se agrava fuera de la capital. En comunidades de la periferia y del interior del estado, el acceso a la justicia resulta aún más limitado.
Hay casos en que las mujeres acuden a autoridades municipales o comisarías para solicitar apoyo y la información se filtra de inmediato a los deudores, lo que las expone a represalias y violencia.
En estos contextos, la falta de protocolos y de capacitación con perspectiva de género coloca a las denunciantes en una situación de mayor riesgo.
La activista señala que uno de los cambios más relevantes de los últimos años es que más mujeres pierden el miedo a denunciar.
A pesar de la presión social, los señalamientos y la descalificación que en ocasiones proviene incluso del entorno cercano, cada vez más madres deciden exigir lo que por derecho corresponde a sus hijos.
Este incremento en las denuncias no implica que el problema sea reciente, sino que ahora se nombra y se documenta con mayor claridad.
Desde esta mirada, resultan necesarias políticas públicas de reeducación que promuevan la corresponsabilidad parental desde la infancia. La idea de que la pensión alimenticia es un favor o una carga opcional permanece arraigada en el imaginario social.
No se enseña en escuelas ni en hogares que los hijos tienen derechos exigibles y que el incumplimiento conlleva consecuencias.
A ello se suma la ausencia de una legislación integral de cuidados que reconozca y distribuya de manera equitativa el trabajo invisible que históricamente asumieron las mujeres.
El colectivo subraya que, incluso cuando se cumple con el pago de la pensión, persiste una deuda mayor: los años de cuidados, acompañamiento y responsabilidad que no se saldan únicamente con dinero.
La discusión, afirman, debe ampliarse hacia un modelo de corresponsabilidad real, en el que tanto los recursos económicos como los cuidados se compartan de manera justa.
Más allá de cifras y procesos legales, la lucha de Ley Sabina Yucatán busca enviar un mensaje a quienes atraviesan esta situación en silencio.
La organización sostiene que la colectividad es una herramienta poderosa y que las mujeres no tienen que enfrentar solas un sistema que, en muchos casos, les da la espalda. Agruparse, nombrar la violencia y exigir derechos representa, para ellas, una forma de resistencia frente a la indiferencia institucional.
En un estado que presume indicadores de seguridad y bienestar, la deuda alimentaria expone una realidad menos visible, donde la justicia llega tarde o no llega.
La exigencia del colectivo es clara: que las leyes se apliquen, que las instituciones funcionen y que las infancias crezcan con lo indispensable para vivir con dignidad.
Mientras eso no ocurra, advierten, la lucha continuará como una defensa legítima de derechos fundamentales.— DARINKA RUIZ MORIMOTO