Pese a las múltiples reuniones con integrantes del Poder Judicial, incluyendo acercamientos con la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, las demandas contra deudores alimentarios en Yucatán no han sido atendidas de fondo, señala Siloé Fuentes Cardeña, representante de la colectiva Mujeres en Resistencia Mx y promotora de la Ley Sabina en Yucatán.

“Se habla mucho de igualdad, pero nosotras pedimos un enfoque diferenciado, porque no se puede tratar igual a un agresor que a una víctima”, enfatiza.

La activista recalca que la falta de perspectiva de género y atención integral a las infancias continúa permeando en los procesos judiciales aun cuando las madres presentan pruebas y peritajes. Agrega que los expedientes no reflejan una protección efectiva para los pequeños ni a los adolescentes, quienes siguen siendo revictimizados durante los litigios.

Uno de los principales señalamientos, apunta, lo califica como “violencia institucional”.

Manifiesta que no existen sanciones contra jueces o funcionarios que incurren en omisiones o prácticas que vulneran los derechos, lo que convierte las reformas en esfuerzos limitados.

“No hay ninguna sanción a funcionarios públicos por estas violencias, ni modificaciones reales en los procesos”, afirma.

Además, acusa que algunas de las propuestas han sido retomadas en el ámbito legislativo sin incluirlas en la discusión, lo que ha derivado en iniciativas similares, pero sin los elementos que considera fundamentales para su correcta implementación. Entre las medidas que, asegura, siguen pendientes, están la automatización del registro estatal de deudores alimentarios, de modo que su integración no dependa de procesos discrecionales, así como la obligación de que los propios servidores públicos denuncien posibles irregularidades dentro del sistema judicial.

Otro punto crítico es la falta de seguimiento institucional. Según la entrevistada, existía el compromiso de formalizar un acuerdo ante el pleno del Tribunal Superior de Justicia para realizar adecuaciones internas en los procesos judiciales; sin embargo, hasta ahora no han recibido respuesta.

“Simplemente nos han dejado de contestar”, denuncia la activista.

En este contexto, la pregunta sobre si el endurecimiento de sanciones es suficiente encuentra una respuesta clara desde las colectivas; no. En su opinión, el cambio de fondo requiere no solo leyes más estrictas, sino una transformación en la actuación de quienes imparten justicia.

“Mientras los actores públicos no reconozcan la diferencia entre agresor y víctima y no hagan realmente su trabajo, todo se sigue quedando en papel”, subraya.

También advierte que las madres, menores de edad y adolescentes continúan enfrentando las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones alimentarias en un sistema que, acusan, aún está lejos de garantizarles justicia efectiva.

Para Siloé Fuentes, el problema no radica solo en la ley, sino en su aplicación debido a la duda sobre la efectividad de estas reformas.

“Lo que hemos visto es que, aunque se reformen los códigos o se anuncien nuevas leyes, mientras no haya consecuencias para quienes no hacen su trabajo dentro del sistema judicial, nada va a cambiar”.