PISTÉ, Tinum.— Bajo la consigna “nunca más un México sin nosotros“, la comunidad maya de Pisté emitió ayer domingo una declaración formal y por escrito dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador Joaquín Díaz Mena.
En el documento exigieron el reconocimiento pleno de sus derechos territoriales y la suspensión inmediata de cualquier intento de desalojo o cierre de instalaciones turísticas en Chichén Itzá.
Los inconformes, además, realizaron una manifestación en la entrada original de la zona arqueológica y posteriormente caminaron hasta los pies de El Castillo, donde también hicieron pública sus quejas.
Los manifestantes —entre los que había guías de turistas, artesanos, vendedores de alimentos y taxistas pertenecientes a comunidades mayas como Pisté, Xcalacoop, Kaua, Dzitás, Xocempich, Ticimul, Tohopkú, entre otras— portaron pancartas con consignas como “No al Catvi”, “Los mayas siguen vivos” y “No a la venta de credenciales de guías turísticos”.
La protesta se desarrolló de manera pacífica y sin incidentes; sin embargo, los quejosos advirtieron que, en caso de no obtener respuesta, podrían radicalizar sus medidas como el bloqueo de las vías.
Los manifestantes informaron que hoy lunes sostendrán una reunión en la comunidad de Pisté para definir las acciones a seguir sobre sus denuncias.
En el documento que dieron a conocer, que fue publicado en redes sociales, los suscritos reclamaron su derecho a la autonomía y libre determinación conforme al artículo 2 constitucional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Los inconformes sostuvieron que, como guardianes de estos territorios que se asumen, son los principales interesados en la protección del patrimonio y exigen ser reconocidos como interlocutores en la mesa de diálogo, rechazando cualquier intento de división por sectores de la comunidad.
Un punto medular de la declaratoria es la exigencia de garantizar la permanencia de los artesanos que laboran tradicionalmente dentro del sitio arqueológico.
Los firmantes advirtieron que un desalojo atentaría directamente contra el sustento de 2,000 familias y contra la preservación de los oficios tradicionales que forman parte del patrimonio cultural vivo de la zona.
Asimismo, demandaron que el parador turístico actual —denominado como “antiguo”— no sea clausurado ni sustituido. Aseguraron que el cierre afectaría la economía local, el flujo turístico y las fuentes de empleo de artesanos, guías y comerciantes tanto de Pisté como de sus comisarías, vulnerando su derecho al desarrollo de acuerdo con sus propias decisiones.
Respecto al nuevo Centro de Atención a Visitantes (Catvi), la comunidad exigió su reestructuración integral, argumentando que ni el diseño ni la construcción u operación del recinto fueron consultados con el pueblo maya.
Los demandantes calificaron el proyecto con “graves vicios de origen” por ignorar las reformas indígenas y los tratados internacionales al no tomarlos en cuenta en el diseño de su propio desarrollo.
En este sentido, solicitaron que el gobierno elimine “la presión o limitante impuesta a las agencias turísticas mayoristas para acudir obligatoriamente al Catvi”.
Reclamaron el derecho al libre tránsito para que las agencias decidan sus rutas e itinerarios, señalando que la limitación actual perjudica a los artesanos del corredor interno y del SAC-BE en ruta al estacionamiento, así como a ejidatarios de Xcalacoop y a la población maya en general.
Para establecer una mesa de diálogo efectiva, la comunidad solicitó la mediación de la Secretaría de Gobernación, el INPI, la CNDH y el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Como condiciones previas, pidieron la suspensión de cualquier acción de desalojo o cierre hasta alcanzar acuerdos definitivos y una respuesta por escrito a sus demandas en un plazo no mayor a cinco días hábiles.
La declaratoria concluyó reiterando su disposición a construir soluciones que beneficien al patrimonio y al turismo responsable, enfatizando su papel histórico en el cuidado del sitio sagrado.— MEGAMEDIA