Ante el conflicto de tierras en Becanchén, en el municipio de Tekax, la representación en Yucatán de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) dice a las autoridades que no basta mediar, sino que se debe averiguar a fondo el problema y castigar a quien sea responsable de algún ilícito.
También pide la instalación de una mesa interinstitucional que atienda las demandas de las partes involucradas en el problema e impulse una solución sin más demora.
En esa mesa, indica, deben estar dependencias como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional (RAN), Tribunal Unitario Agrario, Comisión Nacional de Tierras Nacionales y Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán.
Mientras no se reforme la ley, casos como el de Becanchén se van a repetir en todo México, advierte Guillermo Cauich Durán, coordinador de la UNTA en Yucatán.
Y subraya: “Mediar no es encubrir”.
Certeza, no violencia
El dirigente campesino ofrece un análisis de la situación que prevalece en Becanchén a raíz de las denuncias de invasión y presunta venta ilegal de tierras de propiedad social.
Entre otras cosas, señala lo siguiente:
—Frente a la situación en Becanchén exigimos una mesa interinstitucional completa, para dar certeza jurídica plena y evitar violencia.
—Solo con todas las instituciones presentes (que señalamos líneas arriba) se pueden cotejar títulos primordiales, certificados parcelarios, planos definitivos, constancias catastrales y recibos prediales. Se debe revisar documento contra documento, no dicho contra dicho.
—No basta con mediar. Se debe castigar. Quien invade, despoja o vende tierras de propiedad social de los ejidos —uso común o parcelas sin dominio pleno— es un delincuente agrario.
Carpetas por fraude
—Exigimos que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado inicien carpetas por despojo, fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa contra quienes resulten responsables, sean particulares, notarios o servidores públicos.
—El que compra tierras de uso común sabe que compra robado. No hay compradores de buena fe cuando el Artículo 27 de la Constitución dice que esas tierras son imprescriptibles, inembargables e inalienables. Al invasor no se le negocia, se le desaloja. Al que vende lo ajeno, se le encarcela.
—La raíz del problema está en la ley. La contrarreforma salinista de la Ley Agraria en 1992 abrió la puerta al despojo legalizado al permitir la venta de tierras ejidales y debilitar a la asamblea.
Propuesta de reformas
—Por eso, desde la UNTA Yucatán planteamos al Congreso de la Unión tres demandas básicas:
1) Modificación del Artículo 27 constitucional para blindar nuevamente la propiedad social.
Esto permitirá que las tierras de uso común no se puedan vender, rentar por 30 años ni embargar, y que la Asamblea General de Ejidatarios vuelva a ser la máxima autoridad, sin candados.
2) Derogación de la Ley Agraria de 1992 y creación de una nueva ley con sentido social, que castigue con prisión el tráfico de tierras, elimine las “sociedades mercantiles” en tierra social y haga regresar la cédula de derechos agrarios como documento inviolable.
3) Restitución de la materia agraria como tema de seguridad nacional.
Es indiscutible que sin tierra no hay comida. Sin comida no hay país.
“Mientras no se reforme la ley, casos como el de Becanchén se van a repetir en todo México”, reitera Cauich Durán. “Hoy es Chada Agricultura (la empresa que se declara propietaria de las tierras en conflicto). Ayer fueron los Rodríguez en San Antonio Peón. Mañana será otro empresario con notario a modo”.
El dirigente de la UNTA afirma que es legítimo el enojo del pueblo de Becanchén y comunidades vecinas ante lo que ven como un despojo.
La mejor defensa
“La mejor defensa es la vía legal, la asamblea unida y la presión organizada”, recalca. “La violencia no da títulos; la ley sí, cuando se aplica”.
También dice que reconoce la mediación del gobierno del Estado en esa disputa, pero es una acción que no basta.
“Ahora toca convocar a todas las instituciones y acompañar las denuncias penales”, enfatiza. “Mediar no es encubrir”.
Presión inmobiliaria
El representante agrario deplora que, en general, la presión inmobiliaria asfixie las tierras que formaban parte del ejido.
Según indica, las tierras cercanas a la ciudad de Mérida están bajo un asedio diario.
En la zona poniente del Estado, apunta, la mancha urbana y los megaproyectos avanzan y con ellos llega la especulación.
Cita como ejemplo grandes superficies de Hunucmá y Ucú.— ÁNGEL NOH ESTRADA
Inmobiliarias Presión
La UNTA Yucatán dice que la presión inmobiliaria asfixia las tierras que fueron ejidales.
Los principales focos
Entre los municipios con mayores problemas de esa índole cita a Hunucmá, Kanasín, Umán, Conkal, Ucú, Ixil, Chicxulub Pueblo, Tixkokob y, principalmente, Mérida. Esos municipios, subraya, viven bajo un asedio diario.
Especulación
La mancha urbana y, en muchos casos, los megaproyectos siguen en aumento y junto con ellos llega la especulación, señala la organización campesina.
Se dispara el precio
Según indica, una hectárea de uso común que valía 50 mil pesos hace diez años es cotizada hoy en millones de pesos para su uso en fraccionamientos habitacionales, parques industriales y desarrollos turísticos.
Pobreza y negocio
La pobreza del campesino se volvió el gran negocio de unos cuantos, recalca la UNTA. Los especuladores ofrecen dinero rápido por las tierras.