La sesión ordinaria de ayer en el Congreso del Estado de Yucatán exhibió no solo la confrontación entre Morena y el PAN, sino también el intento de las fuerzas minoritarias por ganar protagonismo en una legislatura marcada por la polarización.
Mientras Morena hizo valer su mayoría para bloquear propuestas opositoras y reforzar su narrativa contra los gobiernos panistas, el PAN centró sus intervenciones en denunciar presuntos actos de clientelismo y abandono social.
En paralelo, Movimiento Ciudadano (MC) buscó posicionarse como una alternativa pragmática con iniciativas de impacto social, mientras el PRI intentó recuperar espacio político apostando por una agenda enfocada en la protección de la niñez y el endurecimiento de sanciones contra la violencia familiar.
El choque en tribuna estuvo marcado por acusaciones directas de corrupción, oportunismo político, negligencia y uso electoral de los programas sociales.
Morena centró buena parte de su narrativa en defender las acciones del gobierno estatal encabezado por Joaquín Díaz Mena y, al mismo tiempo, en cuestionar el legado de las administraciones panistas.
La diputada morenista Naomi Peniche López llevó a la tribuna el caso del ex alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, al señalar la presunta apertura de un lujoso bar en Miami, Florida, con una inversión superior, según afirmó, a los 85 millones de pesos.
La legisladora cuestionó el silencio del PAN y exigió explicaciones sobre el origen de los recursos para dicho negocio, mientras acusaba al exfuncionario de haber dejado una Mérida con problemas de baches, luminarias y deuda pública.
“Mientras unos construyen imperios en el extranjero, aquí dejaron calles oscuras y una ciudad endeudada”, reprochó la diputada, quien también acusó al PAN de haber perdido “el alma en los laberintos de la corrupción”.
El debate más ríspido de la jornada se produjo en torno al conflicto territorial que involucra a las comunidades de San Salvador, Cruchén y Villahermosa, en el municipio de Chichimilá.
El diputado panista Ángel David Valdés Jiménez presentó un punto de acuerdo para crear una mesa de diálogo que atendiera la situación de marginación de estas localidades.
Desde tribuna, el legislador acusó a Morena de gobernar desde “oficinas con aire acondicionado” mientras habitantes de las comisarías padecen caminos en mal estado, falta de atención médica y abandono institucional. Según expuso, esta situación incluso ha costado vidas debido a las dificultades para acceder a servicios básicos.
La respuesta de Morena no se hizo esperar. El diputado Alejandro Cuevas Mena calificó la propuesta panista como “oportunista” y “mentirosa”, argumentando que Valdés Jiménez formó parte del gobierno anterior y nunca impulsó soluciones reales para la región.
Además, sostuvo que abrir una mesa para debatir si las comunidades pertenecen a Yucatán o Quintana Roo era engañar a la población, ya que jurídicamente las localidades son reconocidas como territorio yucateco.
Finalmente, la mayoría oficialista desechó la propuesta del PAN.
Clientelismo electoral
Otro de los puntos de confrontación giró en torno al programa “Herramientas e Insumos para el Bienestar”. La diputada panista Melva Gamboa Ávila acusó al gobierno estatal y a la Secretaría de Desarrollo Rural de utilizar el esquema de apoyos como un “mecanismo de privilegio político” y clientelismo electoral.
La legisladora denunció que municipios gobernados por la oposición han sufrido recortes presupuestales significativos.
Como ejemplo, mencionó que Yaxcabá pasó de recibir un millón de pesos en 2025 a apenas 400 mil pesos en 2026, mientras que en Dzitás el padrón de beneficiarios se redujo de 200 personas a solamente 12.
Como respuesta, el diputado morenista Wilmer Manuel Monforte Marfil defendió que los recursos destinados al campo se duplicaron en comparación con administraciones pasadas y lanzó un contraataque directo contra el PAN. Recordó que durante el sexenio anterior presuntamente se falsificaron firmas de campesinos para desviar apoyos de azúcar, caso por el cual —aseguró— ya existe una denuncia formal en curso.
La bancada oficialista insistió durante toda la sesión en reforzar una narrativa de ruptura con el pasado neoliberal y la corrupción de gobiernos anteriores.
En esa línea, el diputado guinda Daniel González Quintal acusó a las administraciones opositoras de haber abandonado al pueblo y permitido que las instituciones se degradaran mediante pactos de corrupción, citando el caso de Genaro García Luna como símbolo de esa etapa política.
En medio del intercambio entre Morena y el PAN, MC intentó construir una posición diferenciada.
La diputada Larisa Acosta Escalante, de MC, utilizó la tribuna para referirse al reciente accidente carretero ocurrido en la vía Mérida-Celestún, donde fallecieron varias personas, entre ellas niños y maestras.
Sin confrontar directamente a ninguna fuerza política, la legisladora criticó que la tragedia fuera utilizada para hacer “política chiquita” y para alimentar discusiones sobre responsabilidades partidistas.
Señaló que mientras los partidos se enfrentan por presupuestos y culpas, el Estado debe tomar medidas inmediatas para evitar más pérdidas humanas.
En ese sentido, MC presentó una iniciativa para establecer un modelo de consentimiento presunto en materia de donación de órganos. Larisa Acosta Escalante subrayó que alrededor del 80% de las 20 mil personas que actualmente esperan un trasplante en México corren riesgo de morir si no reciben atención a tiempo.
La estrategia discursiva de MC dejó ver su intención de proyectarse como una fuerza enfocada en soluciones concretas y eficiencia administrativa, alejándose del tono confrontativo que dominó el resto de la sesión.
En contraste con el clima de confrontación partidista, el diputado priista Gaspar Armando Quintal Parra presentó una iniciativa enfocada en fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia en el entorno doméstico. La propuesta surge a raíz de recientes casos de agresiones contra menores en Yucatán cometidas por parejas sentimentales de sus madres, situaciones que, según argumentó, han evidenciado vacíos legales en la legislación estatal.
La iniciativa plantea reformar el delito de homicidio en razón de parentesco o relación para incluir no solamente a familiares directos, sino también a personas que cohabiten con la víctima o mantengan una relación de pareja con quien ejerce la patria potestad, guarda o tutela del menor.
Además, propone endurecer las sanciones aumentando la pena de prisión de 45 a 55 años, con la posibilidad de incrementar hasta en una mitad adicional cuando las víctimas sean menores de edad, personas adultas mayores, personas con discapacidad o en condición de vulnerabilidad.
Con esta reforma, el legislador priista busca cerrar vacíos jurídicos para que la ley alcance a quienes, aun sin un vínculo formal de parentesco, tienen cercanía, autoridad y acceso cotidiano a menores dentro del hogar, reforzando así el principio del interés superior de la niñez.
Morena ejerce una mayoría que le permite bloquear propuestas opositoras y consolidar una narrativa centrada en el ataque a las administraciones pasadas y la defensa del proyecto estatal actual. El PAN, aunque mantiene presencia crítica y capacidad de denuncia, enfrenta limitaciones numéricas y el desgaste derivado de señalamientos contra figuras emblemáticas de su pasado reciente.
En medio de ese escenario, MC intenta posicionarse como una “tercera vía”, apostando por iniciativas de impacto social y un discurso menos polarizante, mientras el PRI busca recuperar espacios mediante propuestas enfocadas en seguridad y protección social. Todo ello refleja un Congreso cada vez más dividido, donde las disputas políticas pesan tanto como las iniciativas legislativas que buscan abrirse paso.— JOAQUÍN CHAN CAAMAL
Congreso Protección
El diputado priista Gaspar Armando Quintal Parra presentó una propuesta.
Protección
Está enfocada en fortalecer la protección de niños y adolescentes frente a la violencia doméstica.
Homicidio
Plantea reformar el delito de homicidio en razón de parentesco o relación para incluir no solo a familiares directos, sino también a personas que cohabiten con la víctima o mantengan una relación de pareja con quien ejerce la patria potestad, guarda o tutela del menor.
Pena de prisión
Propone endurecer la pena de prisión de 45 a 55 años