Ante los planes del gobierno federal de incrementar 5.9% real los ingresos tributarios en 2027, sin aplicar nuevos impuestos, podría significar que se avecina una fiscalización digital más intensa y se puede exigir a las pequeñas empresas mayores gastos contables y tecnológicos, y para las de mayor tamaño el riesgo es que las restricciones a las deducciones reduzcan una liquidez disponible para inventarios, contrataciones o inversión.
Así lo advierte Javier Becerril García, catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) y profesor de posgrados de la Universidad Marista.
La meta federal es elevar 5.9% real sus ingresos tributarios en 2027, apunta. Esto no significa que cada empresa pagará 5.9% más. Hacienda prevé alcanzar una recaudación equivalente al 15.9% del PIB sin crear impuestos generales, aunque el Paquete Económico aún está sujeto a discusión legislativa.
Carga fiscal
El especialista recalca que “no introducir nuevos impuestos” no equivale a mantener intacta la carga fiscal efectiva.
Como se ha informado, el proyecto de paquete fiscal para 2027, que envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso de la Unión para su aprobación, propone límites a las deducciones de determinadas empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos. El 96.67% se calcula respecto a los ingresos acumulables, no como un recorte uniforme de todos sus gastos.
En entrevista con el Diario sobre este tema, Becerril García plantea que las empresas deberían integrar la planeación fiscal con su tesorería y pidió reglas claras: recaudar más, sostiene, no debe debilitar la inversión ni el empleo.
En su opinión, la estrategia de recaudación —sugerida por el poder Ejecutivo Federal—, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para incrementar los ingresos tributarios en un 5.9% real (es decir, quitando el efecto inflacionario) para 2027, con “mecanismos” de eficiencia recaudatoria, fiscalización y fortalecimiento de la base gravable, sugiere un “problema económico relevante” con la necesidad de analizar, interpretar y dilucidar.
“Para ello, surge la primera pregunta: ¿hasta qué punto es posible elevar la recaudación fiscal sin introducir nuevos impuestos y, simultáneamente, mantener el mismo ritmo de liquidez, inversión, y competitividad del sector empresarial?”, cuestiona.
Efecto en Yucatán
El experto opina que para la clase empresarial de Yucatán y Mérida esa interrogante adquiere particular interés e importancia por las características de la estructura productiva, empleo informal, insumos “volátiles” para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Éstas están concentradas en actividades comerciales y de servicios, sector inmobiliario en expansión, desarrollo logístico, en un escenario de repunte de inversiones industriales asociadas a la integración económica regional, y ante nuevos datos del Inegi: indicadores económicos, y encuesta intercensal 2025, con un aumento poblacional significativo.
El análisis, indica, se centra en la “ausencia de nuevos impuestos” no equivale necesariamente a la ausencia de una mayor carga fiscal efectiva.
“Para ello, es importante distinguir entre: carga tributaria legal —que se refiere a tasas, bases gravables, deducciones y lo que esté en la legislación hacendaria; carga tributaria efectiva —impuestos pagados respecto a la utilidad— y costo del cumplimiento fiscal —todo ello que las empresas gastan en la contabilidad, auditoría, asesoría, tecnología, y un prolongado etcétera—”, aclara.
¿Qué repercusiones técnicas o de fiscalización automatizada del SAT enfrentarán el sector empresarial y las PYMES de Yucatán?
El economista responde que “posiblemente refiere una transición desde una fiscalización predominantemente documental y reactiva hacia un sistema de supervisión digital, continua y basada en riesgos”.
“Es importante subrayar que el SAT dispone de instrumentos tecnológicos que permiten contrastar operaciones declaradas con información de terceros”.
Una intensificación de su uso aumentaría la probabilidad de detectar inconsistencias sin necesidad de iniciar inmediatamente una auditoría presencial, añade.
Es posible también diferenciar por tamaño, es decir, las micro y pequeñas empresas, refiere el catedrático. Para este grupo, su principal vulnerabilidad no sería necesariamente el aumento en el impuesto sobre la renta o ISR, sino la insuficiencia de capacidades administrativas y digitales.
Para una pequeña empresa comercial de Mérida, contratar servicios contables adicionales puede representar costo considerable y mermar sus ingresos.
Exigencias para las empresas
Para las medianas y grandes empresas, continua, su capacidad de innovación, infraestructura y conocimiento fiscal es distinto, aunque es posible que enfrenten mayores exigencias para documentar operaciones con proveedores, servicios especializados, inventarios, costos de ventas y deducciones, entre estas también está el mercado exterior de importaciones y exportaciones.
Por otro lado, Becerril García menciona que las empresas familiares en proceso de profesionalización resultarían particularmente expuestas —en proceso de formar su gobierno corporativo, y alta dirección—.
En este grupo también pueden sumar a las grandes empresas. Tendrían una mayor capacidad tecnológica, pero también operaciones más complejas: transacciones entre partes relacionadas, servicios corporativos, inversiones de capital, financiamiento y, en algunos casos, comercio exterior, y más aún si cotizan en el mercado bursátil.
Revela que desde la teoría económica los llamados costos de cumplimento, son los costos de transacción asociados al funcionamiento de las organizaciones, y el incremento de estos costos, afectando a aquellas que no carecen de las llamadas “economías de escala”.
Ante eso enfatiza que el primer reto será tecnológico y capacidad digital, y con ello mostrar casi en tiempo real cada operación o transacción.
Sin embargo, la fiscalización automatizada puede reducir la evasión y mejorar la equidad competitiva, y si las reglas son “poco claras” podría ser un cuello de botella, recaer en incrementar costos operativos de cumplimiento y generar incertidumbre entre el gremio empresarial.