TOLUCA.- La diputada Luz María Hernández Bermúdez (Morena) presentó una iniciativa al Congreso  para reformar el Código Penal del Estado de México, con base en el caso de Octavio Ocaña, presuntamente víctima de homicidio en 2021.

La iniciativa busca  sancionar a cualquier servidor público que cometa ilícitos relacionados con el respeto a los cadáveres y no solo a los de instituciones de seguridad pública, para evitar que se filtren imágenes de víctimas de un delito “para lucrar con la tragedia”.

La legisladora propuso reformar el artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México, para que la pena sea de tres a seis años de prisión y multa por 500 a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, además eleve cuando el delito sea cometido por persona servidora pública, las penas previstas se incrementarán hasta 10 años.

Recordó que esto para sumar a las reformas de agosto del 2021 al Código Penal de la denominada Ley Ingrid, que impone sanciones a quien audiograbe, comercialice, comparta, difunda, exponga y filme, publique o remita imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que estos presentan; se le impondrán de tres a seis años de prisión y multa por un importe equivalente de 50 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.

¿Por qué se pide la Ley Octavio Ocaña?

En conferencia de prensa, tras presentar la iniciativa que fue turnada a comisiones, la legisladora estuvo acompañada por los padres del actor Octavio Pérez Ocaña, familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes exigieron castigo severo a quien filtre imágenes de víctimas para lucrar con la tragedia.

Al exponer su iniciativa en tribuna, la legisladora de Morena recordó que este caso ocurrido el 29 de octubre de 2021 en el tramo carretero Chamapa-Lechería, y que sigue en proceso de investigación, fue un paramédico quien filtró fotografías del actor, que se encargó de darle los primeros auxilios cuando aún se encontraba con vida, durante su traslado al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes del IMSS, trayecto en el que el joven perdió la vida.

“Marcelina N se encuentra excluida de la agravante del tipo penal, toda vez que el artículo que la ley establece, cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia, las penas previstas se incrementarán hasta en una tercera parte, siendo esta servidora pública ajena a las instituciones definidas”, afirmó.

Por su parte, familiares de Octavio Ocaña, abogados e integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos Lex ProHumanitas, Floreciendo con Dignidad, A.C. y de la Asociación Nacional de Economistas Politécnicos, exigieron justicia.

Más casos por resolver

Octavio Augusto Pérez Alvarado, padre del actor fallecido, aseguró que hay miles de casos como el suyo, pero no cualquiera levanta la voz en los medios de comunicación para presionar a las autoridades, como ocurrió con la Fiscalía del Estado de México, que ya había dado carpetazo al caso.

“Volvimos a abrir la carpeta, ya tenemos un detenido, cinco a punto de ser detenidos y un prófugo, así que espero poder ayudar a otras gentes como en mi caso, y orientarlos”.

Bertha Kristel Pérez Ocaña, agradeció el apoyo de la Legislatura para que con estas reformas a la ley sean parteaguas en otras entidades, donde ocurren casos similares, mientras que Ana Lucía Ocaña Beltrán, madre de Octavio Pérez Ocaña agradeció el respaldo a la familia “porque el dolor nunca va a acabar, no nos lo van a regresar, pero gracias por apoyar a que no sea un carpetazo, luchamos como familia hasta el último momento”.