CIUDAD DE MÉXICO (AP).— El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene prisa por concluir los grandes proyectos legislativos y de infraestructura que prometió antes de que su periodo de gobierno finalice en septiembre, y algunos expertos dicen que las autoridades incurren en descuidos debido a la premura.
Esta semana, legisladores del partido gobernante, Morena, presentaron por error ante el Congreso el proyecto de ley equivocado sobre una reforma a las pensiones para que fuese sometido a votación, antes de reconocer con vergüenza el error y reprogramar el voto.
Alegaron el jueves que asesores habían confundido un conjunto de papeles con otro, pero el proyecto de ley casi fue aprobado antes de que la oposición se percatara de la equivocación.
“En el proceso legislativo, como en la vida, como en toda actividad, se cometen errores humanos en donde no hay dolo, no hay premeditación”, dijo el senador Ignacio Mier, el hombre clave del partido de López Obrador en el Senado.
Errores de construcción
Las prisas se extienden a la infraestructura: en los últimos meses, los proyectos ferroviarios del mandatario han sufrido flagrantes errores de construcción. Grúas se han caído de puentes y se han metido pilotes en sistemas de cavernas supuestamente protegidas.
Dada la cercanía de los comicios presidenciales del 2 de junio, el mandatario quiere concluir rápidamente los proyectos de su gobierno.
“Sí hay esta prisa, porque López Obrador quiere dejar lo más que se pueda asentado su propio proyecto para que ni Claudia (Sheinbaum) ni Xóchitl (Gálvez), cualquiera que gane, las pueda echar para atrás, por lo menos no fácilmente”, dijo el analista político José Antonio Crespo, refiriéndose a dos de los tres aspirantes a la presidencia.
Pero la reforma a las pensiones en especial se ha convertido en un imán de críticas, porque en esencia tomaría los fondos de pensiones que no hayan sido reclamados si un trabajador no empieza a retirarlos antes de que cumpla 70 años.
El presidente AMLO dice que los fondos que sean tomados —que él quiere colocar en un fondo para los empleados cuyas pensiones sean demasiado pequeñas— siempre estarían disponibles para su entrega si un trabajador o sus dependientes se presentan posteriormente a reclamarlos.
“Aunque pase el tiempo, puedan hacer la solicitud y se les entregan sus recursos”, dijo el jueves.
Pero el proyecto de ley sometido equivocadamente a votación el miércoles por la noche en realidad habría retirado algunas de esas salvaguardas. Por ejemplo, los empleados que no hubiesen retirado sus pensiones a la edad de 70 ó 75 años porque aún estaban trabajando de todas formas sufrirían la incautación de las mismas.
Y debido a que los cobros de pensiones ya son muy restrictivos y llenos de trabas burocráticas —con frecuencia, en México los dependientes tienen que recurrir a los tribunales para poder tener acceso al fondo de pensiones de un trabajador fallecido—, la idea de que el dinero será devuelto con una simple solicitud ha sido recibida con escarnio.
“Nosotros estamos en contra de esto, porque van a saquear las cuentas de todo mundo”, dijo el senador opositor Rubén Moreira, miembro del PRI, el partido que gobernó el país durante décadas. “Primero, porque el dinero es de cuentas individuales, es patrimonio personal de mucha gente. Lo segundo es porque no resuelve el problema de las pensiones”.
Desdén por los programas privados
La tensión involucra el desdén de López Obrador por los programas privados o individuales de prestaciones. Frecuentemente el presidente arremete contra el “aspiracionismo”. Él prefiere programas amplios administrados por el gobierno.
Los programas de pensiones de México, que padecen terriblemente de insuficiencia de fondos, fueron transformados en 1997 en cuentas individuales, similares hasta cierto punto al programa estadounidense 401K, en el que un trabajador y su empleador contribuyen a una cuenta personal de inversiones para su jubilación.
Desde hace tiempo López Obrador ha criticado ese cambio, diciendo que el gobierno mismo debería garantizarle a todo el mundo una pensión equivalente al 100% de su último salario recibido. Desde luego, el gobierno mexicano carece de dinero suficiente para hacer eso, de ahí la propuesta de tomar los fondos de las cuentas individuales “no reclamadas”.
“Recurrir a las cuentas individuales no reclamadas… puede afectar el derecho de los trabajadores y sus beneficiarios si antes no se mueven a reclamar sus recursos”, dijo Orlando Corona, especialista en seguridad social para el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
Corona dijo que sería necesaria una campaña de anuncios y una amplia labor para contactar a los interesados con el fin de recordarles a los trabajadores la importancia de reclamar su dinero, algo que el plan del presidente no contempla.
Prisas por leyes desde el Congreso
López Obrador tiene antecedentes de apresurar leyes a través del Congreso sin dar mucho tiempo para que los legisladores realmente lean los proyectos de ley, de la misma forma en que ha impulsado sus proyectos de infraestructura al exentarlos de los procesos normales de emisión de permisos y de las revisiones de impacto ambiental.
El miércoles, su partido y aliados aprobaron en el Senado una ley que le prohibiría a los jueces bloquear proyectos gubernamentales, incluso si los ciudadanos se amparan contra ellos.
Obras preferidas
Entre los proyectos preferidos de López Obrador están los ferroviarios. En gran medida, México abandonó el servicio de trenes de pasajeros operados por el Estado en la década de 1990, y el presidente está construyendo vías férreas para que vuelvan a operar. El problema es que dichos proyectos son o demasiado grandes para que los concluya durante su periodo, o cuestionables desde el punto de vista de su impacto ambiental.
López Obrador se ha comprometido a terminarlos antes de que deje el cargo el 30 de septiembre, jactándose de que están siendo construidos en un “tiempo récord”. Pasa la mayor parte de sus fines de semana volando a distintos sitios en construcción con el fin de supervisar las obras personalmente.