CANCÚN.- La Fiscalía General del Estado desarticuló un call center que operaba bajo la fachada de una agencia de viajes, desde donde presuntamente se cometían fraudes mediante la venta de paquetes vacacionales inexistentes.
Durante más de tres años, el centro operó en la supermanzana 40 del municipio de Benito Juárez, generando ingresos millonarios a través de un esquema que incluía llamadas telefónicas, sitios web y redes sociales para ofrecer supuestos planes turísticos.
Víctimas realizaban pagos y transferencias bancarias
La investigación reveló que el grupo utilizaba imágenes auténticas de hoteles reconocidos en la región para dar mayor credibilidad a sus ofertas.
Las víctimas, convencidas por esta estrategia, realizaban pagos y transferencias bancarias que terminaban en cuentas controladas por los estafadores.
Entre los ocho detenidos se encuentran Jenny “N”, Patricia “N”, Yumegli “N”, Carlos Augusto “N”, Jorge Arturo “N”, Kevin Esteban “N”, Juan “N” y Gilbert “N”.
Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y enfrentarán cargos por fraude, delincuencia organizada y uso indebido de medios electrónicos.
Call center operaba bajo una estructura bien organizada
De acuerdo con las autoridades, el call center operaba bajo una estructura bien organizada. Los empleados recibían un sueldo base de 2,000 pesos semanales, además de una comisión del 35% por cada “venta” concretada.
Este esquema de incentivos les permitía obtener ingresos semanales de entre 8,000 y 20,000 pesos.
Mientras que los líderes del grupo acumulaban ganancias mensuales de hasta 400,000 pesos, según reportes oficiales.
Cambiaban de nombre y eliminaban evidencia digital
El grupo delictivo modificaba constantemente el nombre comercial de la supuesta agencia para evadir denuncias y continuar con el fraude.
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Al concluir cada operación, eliminaban los perfiles en redes sociales y los sitios web utilizados, lo que dificultaba el rastreo por parte de las víctimas o las autoridades.
Asimismo, se detectó que las cuentas bancarias utilizadas estaban registradas a nombre de terceros, lo que añadía dificultad para su identificación.
Muchas personas afectadas no lograron recuperar su dinero, ya que al momento de presentar una denuncia, las pruebas digitales habían sido eliminadas.
Finalmente, la Fiscalía estatal confirmó que mantiene colaboración con sus homólogas en otras entidades del país.
Esto con el fin de determinar si el grupo mantiene operaciones similares en otras regiones, también señalaron que la investigación continúa abierta.