Televisa logró la victoria ante Anabel Hernández tras difundir “pruebas” sobre el presunto catálogo de actrices que estaban vinculadas al narcotráfico.
La justicia mexicana dio la razón a la televisora en el pleito legal contra la editorial Penguin Random House por la publicación del libro “Las señoras del narco: Amar en el infierno”, escrito por la periodista.
El Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Sexto Circuito, con sede en La Paz, Baja California Sur, determinó que la obra contiene información falsa sobre un supuesto catálogo de actrices de Televisa vinculadas a varios capos y líderes del crimen organizado.
El fallo, emitido el pasado 11 de julio, obliga a la editorial a publicar el derecho de réplica solicitado por Televisa en todas las ediciones impresas y digitales futuras del libro. La sentencia es definitiva e inapelable y marca un precedente histórico en la aplicación del derecho de réplica en publicaciones editoriales en México.
🚨 PIERDE ANABEL HERNÁNDEZ DEMANDA CONTRA TELEVISA por su libro "Las señoras del narco" donde acusa a actrices de la televisora a prostituirse con Beltrán Leyva
— La Catrina Norteña (@catrina_nortena) August 15, 2025
Dan revés judicial al Periodismo Ficción de Anabel Hernández y su casa editorial @penguinrandom es ordenada a publicar… pic.twitter.com/4x73fwkpvK
¿Qué decía el libro de Anabel Hernández sobre el catálogo de Televisa?
En el capítulo 17 del famoso libre, Anabel Hernández describe con detalles cómo es que el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva ideó una estrategia para contactar a actrices y conductoras.
Según la versión de la autora, el capo decidió poner una clínica de belleza cerca de Televisa para contactar a las famosas, apoyado por un supuesto catálogo en el que se detallaban tiempos, condiciones y precios por la “contratación” de cada una de ellas.
“Arturo —Beltrán Leyva— concibió una estrategia perfecta para obtener un acceso más fácil a las mujeres famosas que anhelaba sin necesidad de intermediarios. Le propuso a Celeste abrir una clínica de belleza en San Ángel, al sur de la Ciudad de México, cerca de Televisa. Aunque la intención era ofrecer servicios reales de tratamientos corporales y faciales, había plan con maña. Al ubicarla cerca de la televisora y aprovechando los contactos de Violeta en el mundo del espectáculo, podrían ofrecer los servicios del spa a actrices y conductoras y así invitarlas a conocer al capo”, se lee en el fragmento de las páginas 242 y 243.
Hernández afirmaba que con dicho catálogo se podía “hacer la contratación” de varias actrices de Televisa especificando “cuánto tiempo estaría la famosa, qué tenías que darle, transportación del punto A al punto B”.
La periodista mencionó específicamente que Paty Navidad era “la más cara”, con un costo de 700 mil pesos por una comida de cinco horas; además, supuestamente, en aquel momento, ella era la mejor apadrinada de la empresa y tenía el mejor contrato.
En el libro, Anabel Hernández revela que no corroboró si la contratación implicaba relaciones sexuales y que por esa razón no siguió exhibiendo más detalles sobre dicho catálogo.
“No pude contactar a nadie que realmente me asegurara que si pagábamos esa cantidad sí iba a haber ‘fiesta’ [sexo], así que no me quise arriesgar. Por eso no avanzamos con lo del catálogo”, narró.
El libro también señala a un supuesto alto mando de apellido Burillo como responsable de entregar los catálogos en Televisa San Ángel, sin embargo, la resolución apunta a que se demostró que no existe ningún registro de un ejecutivo con ese apellido dentro de la empresa.
Duro fallo editorial contra Anabel Hernández: Tendrán que publicar una réplica al libro de la periodista ‘Las señoras del narco: Amar en el infierno’, donde habla de la relación de actrices con capos del crimen organizado.#PorLaMañana con Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) pic.twitter.com/iLwfdes5m2
— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 15, 2025
Televisa niega existencia de un catálogo de actrices ligadas al narco; preparan demandas
Televisa rechazó las acusaciones y demostró que los catálogos presentados por el Centro de Educación Artística (CEA) en 1991, 2005 y 2006 eran únicamente directorios de talento actoral para las producciones de la televisora, sin tarifas ni servicios.
Dichos catálogos incluyen desde niños hasta adultos mayores, lo que refuta la versión de su presunto uso con fines de prostitución.
La empresa de Emilio Azcárraga sostuvo que lo publicado daña la reputación de la empresa, del CEA y, sobre todo, de cientos de actrices que aparecen en los catálogos.
“Muchas de ellas hoy son madres de familia y fueron injustamente señaladas como parte de una red de trata”, expuso.
Entre las famosas y actrices que se mencionan en el libro y que, según Anabel Hernández conformaban el catálogo de Televisa se encuentran Galilea Montijo, Paty Navidad, Ninel Conde y Alicia Machado, quienes han rechazado en reiteradas ocasiones los señalamientos.
De acuerdo con El Universal, Televisa prepara nuevas demandas tanto en México como en Reino Unido contra Penguin Random House, lo que podría derivar en sanciones y multas millonarias.
Otro revés para la editorial de Anabel Hernández
Este no es el único golpe legal relacionado con el libro. En junio pasado, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) resolvió que Penguin Random House incurrió en una infracción al utilizar sin autorización la imagen de Violeta Vizcarra en la portada y páginas interiores de la obra.
La editorial tomó la fotografía de redes sociales sin consentimiento, lo que derivó en una multa superior a medio millón de pesos, además de una indemnización por daños y perjuicios.
En el libro, Vizcarra es señalada como intermediaria entre Beltrán Leyva y figuras del espectáculo, además de ser relacionada con personajes como Alejandro Basteri, Pablo Montero y José Ramón López Beltrán.
El IMPI descartó el argumento de libertad de expresión y consideró que la difusión comercial de la imagen vulneró la dignidad y presunción de inocencia de Vizcarra.
La sentencia contra Penguin Random House es la primera de su tipo en México desde que entró en vigor la Ley de Derecho de Réplica en 2015. Con ello, se establece que las editoriales deben ser más rigurosas al publicar información que pueda afectar la reputación de personas o instituciones.