CIUDAD DE MÉXICO.— De acuerdo con un artículo de Estrella Pedroza, publicado este domingo por la revista Proceso, se utilizaron recursos públicos para el financiamiento de los acordeones para influir en la elección de magistrados del pasado 1 de junio.
En el artículo se asegura que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), desechó documentos, testimonios, fotografías e incluso vídeos que formaban parte de las pruebas sobre la “Operación Acordeón”, para validar las elecciones del nuevo Poder Judicial del país.
Contratos y campañas en tiempo de veda electoral
#Reportaje | La maquinaria de la 4T utilizó recursos públicos para financiar los acordeones y pagar a operadores. Esta operación se complementó con algoritmos para influir en la elección de magistrados. Las denuncias, desechadas por el Tribunal Electoral, fueron corroboradas con…
— Proceso (@proceso) August 31, 2025
En la publicación se asegura que, entre las pruebas documentales se encontraba un contrato de impresión de la Secretaría de Bienestar federal con la compañía Impresores en Offset y Serigrafía, así como copias de cheques por ocho mil pesos de la Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México para el pago de operadores morenistas para distribuir los acordeones que contenían el nombre y lugar de elección de quienes al final sería los ganadores para ocupar los puestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al parece, el contrato fue para la elaboración de folletos para promover programas sociales, en momentos en que la Secretaría del Bienestar estaba impedida legalmente para hacerlo por la veda electoral.
Estrella Pedroza señala en su artículo que estos dos elementos violaban al menos tres artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Lgipe), y agrega que las pruebas fueron aportadas por siete aspirantes a la SCJN, quienes impugnaron la elección y expusieron el presunto uso de recursos públicos para el financiamiento de los acordeones, así como de una estructura paralela.
Otras presuntas violaciones
De acuerdo con la publicación también fueron contratados espacios en medios, se realizaron actos anticipados de campaña, proselitismo durante la veda electoral, y el uso indebido de recursos públicos con fines electorales.
Aún cuando estas prácticas están prohibidas, no sólo por la Lgipe, sino también por el Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, el Instituto Nacional Electoral dio por válida la elección, concluye la publicación de Estrella Pedroza.
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